Alcaldes y gobernadores asumirán con cuentas ajustadas y bajo presión de un pacto fiscal

Las nuevas autoridades subnacionales ya acreditadas por el Órgano Electoral enfrentarán un escenario económico complejo que obliga a replantear la relación fiscal con el Gobierno central. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anticipó que la salida pasa por la “construcción de pactos” que permitan sostener la estabilidad sin trasladar el costo a la población.

El diagnóstico llegó tras la entrega de más de 5.000 credenciales a autoridades electas en los comicios subnacionales, quienes jurarán en el cargo este 4 de mayo, en medio de limitaciones presupuestarias y altas expectativas ciudadanas.

Espinoza sostuvo que los nuevos gobiernos regionales recibirán una estructura fiscal tensionada, con presupuestos inflados y con ingresos que no necesariamente se concretarán. Según el ministro, esta situación obliga a encarar un proceso de ajuste coordinado, en el que participen tanto el nivel central, como alcaldías, gobernaciones y universidades.

Este ajuste está contenido en el Presupuesto General del Estado reformulado, que deberá ser debatido en la Asamblea Legislativa, donde el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira no cuenta con una mayoría preestablecida. En ese contexto, el mandatario ya sostuvo una primera reunión con los gobernadores electos que esperan una redistribución de los ingresos tributarios al 50/50.

En ese marco, el Ejecutivo plantea una estrategia basada en acuerdos que redefinan las relaciones fiscales. Espinoza estructura su propuesta en tres pactos: uno con los gobiernos subnacionales, orientado a transparentar ingresos y coordinar la reducción del déficit; otro con la ciudadanía, enfocado en incrementar el gasto en salud y educación y redistribuir el gasto público; y un tercero de carácter tributario, que busca reducir la presión fiscal y devolver créditos fiscales a contribuyentes.

Como parte de esta hoja de ruta, el Gobierno asegura haber dado una primera señal al recortar más de Bs 4.100 millones del gasto corriente del nivel central, mientras incrementa recursos destinados a áreas sensibles. Entre las medidas concretas, se prevé la creación de más de 3.000 ítems en educación y 2.300 en salud, además de la devolución del 100% del crédito fiscal, en un intento de aliviar la carga sobre sectores productivos y ciudadanos.

El objetivo, según Espinoza, es avanzar hacia una coordinación que permita reducir el déficit, mejorar la asignación de recursos y garantizar la sostenibilidad del gasto público sin recurrir a recortes abruptos que afecten a la población.

Sin embargo, el margen de maniobra sigue siendo limitado, especialmente para los gobiernos subnacionales, que deberán responder a demandas inmediatas en infraestructura, servicios básicos y empleo, en un contexto de restricciones fiscales y de acceso a divisas.

En esa línea, la propuesta oficial apunta a reconfigurar el modelo fiscal sin recurrir a incrementos de impuestos, trasladando el esfuerzo inicial al Gobierno central y apostando por acuerdos progresivos con los distintos niveles del Estado.