El dirigente David Pérez afirma que beneficiará al 85% de productores, niega afectación a tierras y apunta a mejorar la productividad
Fuente: eldeber.com.bo
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El presidente del Consejo Nacional del Arroz, David Pérez, respaldó la Ley 1720 —que permite la conversión voluntaria de tierras de pequeña a mediana propiedad— y aseguró que la norma abre el acceso al crédito para la mayoría de los productores, en medio de protestas y cuestionamientos en distintas regiones del país.
“El 85% de los productores arroceros son pequeños y esta ley los beneficia directamente”, afirmó el dirigente en entrevista, al explicar que el principal problema del sector ha sido la falta de financiamiento formal.
Según detalló, los pequeños productores suelen recurrir a créditos de ingenios o casas comerciales con condiciones más costosas. “Estamos hablando de intereses de 10% a 15% mensual, mientras que en la banca pueden acceder a tasas de entre 5% y 7% anual, con plazos de 3, 5 u 8 años”, señaló.
Pérez explicó que esta diferencia impacta directamente en la rentabilidad, ya que los productores no solo pagan más por los insumos, sino que además terminan vendiendo su producción a precios fijados por sus acreedores. “El productor pierde varias veces en ese esquema”, sostuvo.
En ese contexto, afirmó que la ley permitirá a los agricultores “ser dueños de su producción”, al acceder a financiamiento más barato y en mejores condiciones, lo que también facilitará inversiones en maquinaria, insumos y tecnología.
Créditos más largos y baratos
El dirigente ejemplificó que un productor que adquiere maquinaria mediante financiamiento privado enfrenta tasas de entre 16% y 20% anual y plazos de hasta dos años, mientras que en la banca puede acceder a créditos a ocho años, con hasta dos años de gracia y tasas de entre 6% y 8%.
Además, destacó que la norma permitirá encarar inversiones de largo plazo, como sistemas de riego o ganadería, gracias a que la verificación de la Función Económica Social (FES) se realizará después de 10 años.
Respuesta a las protestas
Las declaraciones se dan en un contexto de movilizaciones en regiones como Beni y Pando, donde algunos sectores rechazan la ley por considerar que podría afectar la propiedad de la tierra.
Frente a ello, Pérez fue enfático: “La norma es clara, no se quitan tierras ni afecta a territorios indígenas”. Explicó que las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y tierras comunitarias están excluidas de esta disposición.
También sostuvo que cualquier productor ya podía vender su propiedad antes de la ley, por lo que descartó cambios en ese aspecto. “Lo que ahora se aclara es que la tierra puede usarse como garantía para acceder a crédito”, precisó.
El dirigente atribuyó las protestas a desinformación. “Se está utilizando a pequeños productores e indígenas con argumentos que no tienen sustento técnico”, afirmó.
Trámite voluntario y rápido
Pérez insistió en que la conversión de pequeña a mediana propiedad es completamente voluntaria. “Si un productor no quiere acceder a crédito, mantiene su tierra como está”, indicó.
Para acogerse a la norma, el productor debe presentar una solicitud ante el INRA, que tiene un plazo de hasta 10 días para aprobar la conversión, tras lo cual se puede iniciar el trámite de crédito ante entidades financieras, incluidas opciones como el Banco de Desarrollo Productivo.
Brecha productiva
El dirigente también vinculó la ley con la necesidad de mejorar la productividad del sector. Actualmente, dijo, los rendimientos de arroz en Bolivia oscilan entre 3 y 4,5 toneladas por hectárea, mientras que en países vecinos como Brasil, Argentina o Paraguay alcanzan entre 8 y 10 toneladas.
“Tenemos una brecha muy grande. Con acceso a crédito, el productor podrá invertir en insumos y tecnología para elevar su producción”, sostuvo.
Añadió que el sector trabaja con el Gobierno en mesas técnicas para mejorar la productividad y enfrentar problemas como el contrabando, además de avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías.
Demanda histórica
Pérez afirmó que la norma responde a una demanda del sector de más de 20 años y que busca dejar atrás un modelo de producción de subsistencia.
“Hay que mejorar la economía del productor para que pueda crecer y tener mejores condiciones de vida. Sin esta ley estaba limitado; ahora el escenario cambia, pero es importante informarse”, concluyó.