Entre las irregularidades están: la existencia de documentación irregular en la supuesta transferencia del terreno, inconsistencias en la identidad del presunto propietario, posibles delitos en actuaciones judiciales y la presencia de indicios de prevaricato en una sentencia constitucional.
Fuente: eldeber.com.bo
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, reveló una serie de irregularidades, posibles delitos penales y fallas en procesos judiciales dentro del caso Mutualista, tras una investigación realizada por la unidad de transparencia.
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El informe de la comisión identifica: la existencia de documentación irregular en la supuesta transferencia del terreno, inconsistencias en la identidad del presunto propietario, posibles fallas y delitos en actuaciones judiciales (incluido un amparo tramitado fuera de jurisdicción) y la presencia de indicios de prevaricato en una sentencia constitucional.
Además, se detectó la posible entrega irregular de planos municipales y la falta de respaldo documental en registros de Derechos Reales, lo que abre la posibilidad de reactivar procesos penales y derivar responsabilidades ante el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura.
«No podemos dejar pasar por alto una sentencia constitucional que contiene prevaricado. Dentro de este informe también se ha hecho un análisis, el hecho de que sea una sentencia constitucional dictada por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional Plurinacional, no exime de que esa sea una sentencia prevaricadora. Será el Ministerio Público también quien reciba la denuncia correspondiente contra estos señores a efectos de que inicie la investigación correspondiente», señaló Saucedo.
Irregularidades encontradas
- Observaciones en identidad y herencia
El informe también detectó inconsistencias en la identidad del supuesto propietario. El SEGIP certificó que el nombre correcto es Nelson Miguel Crapuzzi Dirienzo, mientras que en otros documentos figura de diferente manera. Saucedo advirtió que estas diferencias no se deberieron pasar por alto ya que impiden validar procesos de herencia si no se corrigen previamente.
«Si bien es un tema de corrección, nadie puede ser heredero si hay una observación en el apellido (…) ¿Cómo es que se saltaron estos pasos y no se corrigió cuando cualquier ciudadano tiene que corregir? Peor si se va a declarar heredero de alguien y de algo», cuestionó.
- Amparo constitucional
También apuntó a la actuación de una jueza en la localidad de Pailón. Según Saucedo, la misma admitió un amparo constitucional contra la Ley Municipal 417 (que declaraba el mercado Mutualista como bien de dominio público) sin tener competencia territorial.
Pese a ello, la jueza otorgó medidas cautelares que restringían actividades en el mercado, para luego declararse incompetente y remitir el caso a Santa Cruz.
- Sentencia constitucional cuestionada
El titular del TSJ también cuestionó la sentencia constitucional que derivó de este proceso. La principal observación es que existen indicios de prevaricato, pese a tratarse de un fallo del Tribunal Constitucional. Adelantó que el caso será remitido al Ministerio Público.
- ¿Quién entregó los planos del Mutualista?
Por último, Saucedo apuntó al entonces concejal José Quiroz (MAS), como la persona que entregó los planos. Aseguró que Quiroz era el único que tuvo acceso al sistema digital para acceder a dichos documentos.
«El Gobierno Municipal de Santa Cruz presentó una denuncia por falsedad contra presuntos autores, que posteriormente fue identificando a algunos responsables. Cuando toma la declaración a uno de los abogados de la familia Crapuzzi, en su declaración al abogado se le pregunta cómo obtuvo los planos: él manifiesta que fue el concejal Quiroz quien le entregó a solicitud expresa que ellos realizaron y manifiesta que era el único que podía tener acceso a (ese sistema) para obtener estos documentos», indicó.
Además, añadió: «Este proceso está rechazado en el Ministerio Público, pero aquí está lo importante: verificados los plazos, están todavía en plazo para interponer algún recurso que permita la reapertura de este proceso penal y se siga la investigación conforme corresponde. Serán los actores políticos, los actores interesados, las nuevas autoridades, el Comité pro Santa Cruz, quienes puedan hacer uso de estas herramientas procesales para reactivar».
El informe será remitido al Ministerio Público
«Quiero concluir ratificando nuestra postura y destacando el trabajo prolijo que cumplió la comisión que llegó desde Sucre«, indicó.
La comisión investigó la disputa entre la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y la familia Crapuzzi por los terrenos del mercado Mutualista, valuados en al menos 200 millones de dólares.
El caso es revisado tras un fallo del Tribunal Constitucional que ordena entregar los predios a los Crapuzzi, decisión que ha sido cuestionada por autoridades y sectores que defienden que el terreno es municipal.