El organismo pide conocer el inicio y la implementación del Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sostenible BO-L1234 y del Fondo de Consolidación de Territorios Indígena Originarios Campesinos de Tierras Bajas.
Por eju.tv / La Paz
En su informe Anual 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) señala que Bolivia cumplió de forma parcial el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrobolivianos porque aún resta la titulación del 6% de territorios.
Así lo establece el capítulo V del Informe Anual de la CIDH que fue divulgado hace poco por el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de promover y proteger los derechos humanos en el continente americano.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El reporte hace seguimiento a la implementación de recomendaciones formuladas en su informe de país sobre Bolivia en el marco de su monitoreo de la situación institucional y el funcionamiento del Estado e Derecho.
Sobre el cumplimiento de 32 recomendaciones realizadas al Estado boliviano se “identifica avances parciales en más del 40% de ellas y la necesidad de continuar progresando en el 56% restante”.
En el caso puntual de la titulación territorial, el informe refiere que el Estado informó que, hasta el 2024, se implementó el Programa de Saneamiento y Titulación de Tierras Rurales (BO-L 1113), en el que se alcanzó un total de 95,8 millones de hectáreas a nivel nacional, superficie que corresponde al 93% del total de tierras rurales.
Del total de tierras rurales tituladas, el 27% corresponde a comunidades indígenas originarias, el 18% a propiedad comunitaria, el 10% a pequeña propiedad, el 16% a propiedad mediana y empresarial y el 29% a tierras fiscales. De esa manera, a nivel nacional se han titulado 25,8 millones de hectáreas como tierras de comunidades indígenas originarias campesinas. De ellas, 11,5 millones de hectáreas se encuentran en tierras altas y 14,2 millones en tierras bajas.
Además, se remarcó que sólo queda el 6% del territorio nacional para la conclusión del saneamiento y titulación de tierras, superficie que está siendo demandada por diferentes actores agrarios (pequeña propiedad, comunitaria, indígena originaria, mediana empresarial).
Asimismo, se informó de la aprobación del financiamiento de dos proyectos dirigidos a consolidar la seguridad jurídica y el desarrollo de las tierras rurales, el Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sostenible BO-L123428 y el Fondo de Consolidación de territorios indígenas originarios campesinos de Tierras Bajas, los cuales están a la espera de su aprobación y promulgación a través de una ley.
Por su lado, la sociedad civil informó que entre 2023 y 2024 solo se ha avanzado un 1% del total, quedando pendiente el 6% del territorio.
La Comisión tomó “nota sobre los avances en el proceso de titulación y saneamiento, que ha progresado significativamente desde 2006, así como de los proyectos que se están aprobando en aquellos lugares donde aún está pendiente”.
Además, reiteró la importancia de proteger el territorio de los pueblos indígenas y la relación que dicha protección tiene con el ejercicio de los derechos colectivos de estos pueblos; así como de la protección de sus prioridades de desarrollo libres de violencia por parte de terceros actores.
Por ello, consideró fundamental que los Estados no sólo reconozcan en sus marcos normativos los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades afrobolivianas, sino que efectivamente implementen la demarcación y titulación de sus territorios.
La CIDH observó “como positivo que se haya conseguido el financiamiento que permita avanzar en el cumplimiento de la presente recomendación”.
En ese sentido, apuntó, “queda atenta a su efectiva implementación, de manera que se pueda avanzar con el porcentaje pendiente, por lo que concluye que la presente recomendación se encuentra en cumplimiento parcial”.
Para avanzar en el cumplimiento de la recomendación, la CIDH solicitó al Estado boliviano conocer el inicio y la implementación del Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sostenible BO-L1234 y del Fondo de Consolidación de Territorios Indígena Originarios Campesinos de Tierras Bajas, y contar con información que permita ponderar cómo se ha progresado con la brecha del 6% aún pendiente, y en otras acciones dirigidas a proteger los territorios de los pueblos indígenas originarios campesinos de afectaciones cometidas por terceros.