El fiscal anticorrupción, Aldo Mesa, explicó que la prioridad es verificar los contratos firmados para la adquisición de barriles de crudo y corroborar si existen los ilícitos denunciados.
Fuente: Unitel
En un operativo simultáneo realizado este viernes, comisiones de fiscales y agentes anticorrupción de la Policía intervinieron oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Santa Cruz y La Paz. La investigación apunta a delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado relacionados a la compra de crudo con supuesto sobreprecio.
El objetivo central es la investigación de presuntas irregularidades en los contratos de adquisición de petróleo crudo a la empresa internacional Trafigura, señaló el fiscal Omar Quisbert, que estuvo en la intervención hecha en la capital cruceña.
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“En este caso el Ministerio Público se encuentra realizando las investigaciones de un hecho que ha sido puesto en conocimiento respecto a la compra de crudo por parte de YFFB, respecto a la empresa Trafigura”, señaló.
En ese contexto, añadió que se van a emitir citaciones en calidad de testigos para diferentes personas y “no se descarta ampliar la investigación contra autores identificados una vez concluya el análisis de la documentación”.
Mientras tanto, en La Paz, el operativo se concentró en las oficinas centrales de la estatal en El Prado. Tras casi tres horas de intervención, los investigadores se retiraron con sobres manila que contenían documentación.
El fiscal anticorrupción, Aldo Mesa, explicó que la prioridad es “verificar los contratos firmados para la adquisición de barriles de crudo y corroborar si existen los ilícitos denunciados.
“El caso que se investiga es la compra con presunto sobreprecio de barriles de crudo en comparación con el anterior Gobierno. Es por ello que estamos investigando contra ‘autores’”, señaló el fiscal anticorrupción, Aldo Mesa, en La Paz.
Denuncia
La investigación surge a raíz de denuncias presentadas por parlamentarios y el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, quienes advirtieron anomalías en los costos de importación.
Según los denunciantes, YPFB habría adquirido crudo con un sobreprecio considerable en comparación con gestiones pasadas, lo que configuraría un posible daño económico al Estado.