El decreto también instruye a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) revisar, en un plazo de 90 días, las concesiones forestales maderables y no maderables para verificar su vigencia, cumplimiento normativo y uso del suelo. El objetivo, revertir concesiones que no cumplan los requisitos y convertirlas en tierras fiscales disponibles para su dotación.
Fuente: ANF / La Paz
El Gobierno aprobó ayer el Decreto Supremo 5616 que ordena la dotación y titulación de tierras en la región amazónica, con prioridad en los departamentos de Pando y Beni, en favor de comunidades campesinas e indígenas que formalizaron su solicitud y cuenten con reconocimiento legal.
La norma fija como objetivo central viabilizar el acceso a tierras fiscales disponibles, no disponibles, previa revisión, y aquellas revertidas o expropiadas en el marco de la Constitución Política del Estado y la legislación agraria vigente. El proceso estará a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que deberá realizar evaluaciones técnicas y legales para evitar sobreposiciones de superficie.
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El decreto también instruye a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) revisar, en un plazo de 90 días, las concesiones forestales maderables y no maderables para verificar su vigencia, cumplimiento normativo y uso del suelo. El objetivo, revertir concesiones que no cumplan los requisitos y convertirlas en tierras fiscales disponibles para su dotación.
Entre los criterios establecidos para la asignación de tierras se consideran la existencia de solicitudes formales, la densidad poblacional, la superficie demandada y disponible, así como el respeto a los usos y costumbres de las comunidades beneficiarias.
El decreto incorpora medidas de modernización institucional del INRA, como la digitalización de expedientes agrarios, la implementación de registros georreferenciados y el desarrollo de plataformas tecnológicas para la gestión de información. En esa línea, se prevé la creación de un sistema integrado que vincule la ubicación geográfica de los predios rurales con su situación jurídica, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia.
La norma, en el artículo 10, también establece garantías para la pequeña propiedad agraria, incluyendo la protección de su carácter indivisible, su condición de patrimonio familiar inembargable y la implementación de mecanismos para prevenir conflictos y avasallamientos.
El decreto supremo sale a días del arribo de la marcha campesina-indígena que rechaza la Ley de conversión de tierras.