SEÑALA QUE ES UNA VERGÜENZA
La OFEP hizo la presentación.
Fuente: erbol.com.bo
El Gobierno, mediante la Oficina de Fiscalización de Empresas Públicas (OFEP), presentó este jueves un informe sobre la situación financiera de las empresas estatales, la cual arroja pérdidas sostenidas, baja generación de ingresos propios, creciente dependencia de endeudamiento y quiebras.
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El director de la OFEP, Pablo Camacho, afirmó que cada una de estas empresas es una “vergüenza” y lamentó que se hayan dilapidado recursos para que durante 20 años se haya financiado “un relato de industrialización, de soberanía productiva, de sustitución de importaciones”.
Según la autoridad, de un total de 67 empresas públicas en Bolivia, al menos 15 se encuentran en “quiebra técnica”, con una pérdida acumulada de 2.655 millones de bolivianos y un patrimonio negativo de 1.901 millones.
Camacho advirtió que estas cifras podrían incrementarse, ya que existen otras ocho empresas en evaluación que podrían alcanzar el mismo nivel de criticidad.
“Se llevaron 72.888 millones de bolivianos de nuestras Reservas, más de 10.000 millones de dólares de nuestras Reservas”, mencionó.
Señaló que esos recursos pudieron utilizarse para hospitales, escuelas o carreteras, pero fueron “dilapidados durante 20 años por empresas que no producen, por empresas que no generan valor”.
El titular de la OFEP cuestionó proyectos industriales que carecieron de planificación básica, como plantas sin materia prima asegurada. Mencionó casos vinculados a la producción de biodiésel y explicó que no se han plantado cultivos de la palma africana y el macororó, cuyos tiempos de producción serían de cuatro y nueve años.
“El anterior Gobierno nos dejó una bomba Molotov, pero además con la mecha encendida. Hoy no sólo mostramos la bomba, sino el daño a la economía de todos los bolivianos”, manifestó.
La autoridad anunció que los datos se encuentran en la plataforma digital “Conociendo la Verdad”, en la página web de la OFEP (https://www.ofep.gob.bo/informacion_empresas_publicas).
Camacho también señaló que, pese a la existencia de la entidad desde 2013, la información sobre estas empresas no era de acceso público y se limitaba a un reducido grupo de autoridades. Finalmente, sostuvo que la divulgación de estos datos forma parte de un proceso de transparencia impulsado por el actual Gobierno.