En Bolivia, el sistema de justicia penal juvenil enfrenta serias limitaciones estructurales que comprometen su enfoque restaurativo y su capacidad de reintegración social. Así lo advirtieron los abogados Carlos Vallejos y Danitza Ramos durante la conferencia sobre Justicia Penal Juvenil organizada por la Escuela de Jueces del Estado, donde expusieron fallas tanto políticas como institucionales que obstaculizan su funcionamiento efectivo.
Fuente: ANF / La Paz
Ambos juristas, que se desempeñan como jueces de niñez y adolescencia —Vallejos en Oruro y Ramos en Pando— coincidieron en que el modelo vigente se encuentra debilitado por la injerencia política, la falta de personal especializado y la precariedad de recursos en centros clave del sistema.
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Vallejos centró su intervención en la incidencia de factores políticos en la calidad del sistema. Denunció que la contratación de profesionales en Centros de Orientación, Centros de Reintegración Social y Defensorías de la Niñez está condicionada por intereses ajenos a criterios técnicos, lo que impide contar con personal capacitado. Esta situación, afirmó, se traduce en una carencia crítica de psicólogos, trabajadores sociales, abogados y médicos con formación específica en atención a adolescentes en conflicto con la ley.
El juez también cuestionó la debilidad de los Proyectos Individuales de Medida (PIM), herramientas clave para la rehabilitación de los jóvenes. Según explicó, la falta de especialistas deriva en planes de vida genéricos, desconectados de las necesidades reales de cada adolescente, lo que reduce su efectividad. A ello se suma la inexistencia de mecanismos objetivos para evaluar cambios conductuales.
“Los informes técnicos son superficiales y no permiten medir el impacto cualitativo de las medidas socioeducativas”, advirtió en la conferencia.
Por su parte, Ramos puso énfasis en las condiciones materiales y el abandono institucional que afectan la etapa de ejecución de las medidas. Denunció que en algunos centros de reintegración los adolescentes han llegado a pasar días sin acceso a agua potable o alimentación debido al incumplimiento en el pago de servicios básicos por parte de las entidades responsables. Incluso relató casos en los que los propios jóvenes cavaron pozos para abastecerse de agua.
La jueza también señaló la ausencia de un “prediario” para adolescentes, a diferencia del sistema penal de adultos, lo que deja su alimentación sujeta a la gestión administrativa local. Asimismo, alertó sobre la falta de infraestructura adecuada para jóvenes adultos entre 18 y 28 años, quienes, salvo excepciones como el Centro Qalauma en La Paz, no cuentan con espacios diferenciados de la población penitenciaria adulta.
Otro punto crítico identificado por Ramos es el abandono de las víctimas dentro del sistema. Indicó que la atención se concentra casi exclusivamente en el adolescente infractor, mientras que las víctimas carecen de acompañamiento psicológico y apoyo institucional, evidenciando una desconexión entre las instancias de protección y la justicia juvenil.
Ambos expositores coincidieron en que la falta de protocolos específicos para delitos como el consumo de sustancias, la influencia de grupos criminales en zonas fronterizas o los delitos sexuales limita la respuesta del sistema. A esto se suma la escasez de facilitadores de justicia restaurativa, lo que reduce significativamente las posibilidades de resolución alternativa de conflictos.
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