Santa Cruz. Según la resolución judicial, el recurso fue presentado el pasado 22 de abril por los acusados y buscaba que el caso pase a la jurisdicción indígena
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En agosto de 2025 los cinco acusados de la tortura y agresión a periodistas, policías y civiles lograron paralizar el juicio con la presentación de una excepción de incompetencia, planteando que el caso debía ser derivado a la jurisdicción indígena originaria campesina en La Paz.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó esta solicitud y dio luz verde para que el caso continúe por vía ordinaria y por ello se reprogramó la audiencia para este martes 28 de octubre en Concepción.
Guerrero explicó que con el nuevo incidente planteando el 22 de abril, los implicados buscaban nuevamente dilatar el juicio, pero los jueces Ramón Quiroga Yabeta y Rosa Victoria Copa Torrez del Tribunal de Concepción rechazaron de forma inmediata la solicitud de acudir nuevamente ante la justicia indígena amparándose en el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, “Lo rechazaron inmediatamente, sin traslado, sin nada”, precisó la jurista a EL DEBER.
La decisión permite la continuidad del juicio oral de manera presencial, donde se retomará la fase de presentación de pruebas testificales, inicialmente a cargo del Ministerio Público y posteriormente de las víctimas. Guerrero adelantó que uno de los testimonios clave previstos para el martes es el del periodista Percy Suárez, quien fue víctima del secuestro ocurrido en 2021.
De acuerdo con la abogada, la estrategia de los acusados busca evitar someterse a la justicia ordinaria mediante la reiteración de incidentes de competencia. “Buscan no someterse a la justicia (…) porque en la jurisdicción indígena las sanciones son menores”, afirmó, al señalar que este tipo de acciones podría tener un carácter dilatorio.
El tribunal fundamentó su rechazo en la existencia de una resolución constitucional previa sobre el mismo pedido, lo que impide volver a plantear el conflicto de competencias. Pese a ello, Guerrero no descarta que la defensa de los acusados intente apelar la decisión para prolongar el proceso.
En esta etapa, el juicio avanza con la exposición de pruebas del Ministerio Público, seguido por las pruebas de las víctimas. Posteriormente, será el turno de la defensa de los acusados antes de que el tribunal emita una sentencia absolutoria o condenatoria.
El caso Las Londras investiga delitos graves como secuestro, tentativa de asesinato, robo agravado y asociación delictuosa, en un proceso que ha estado marcado por retrasos y controversias desde su inicio. Actualmente, ninguno de los implicados se encuentra con detención preventiva, según confirmó la abogada.
Guerrero señaló que, desde la representación de las víctimas, se solicitará la pena máxima (20 años) por tentativa de asesinato, mientras que la Fiscalía impulsa una acusación por tentativa de homicidio, lo que podría derivar en sanciones menores.
Con el rechazo del último incidente y la reanudación del juicio, las víctimas esperan que el proceso avance sin nuevas interrupciones y se logre una resolución tras más de tres años de espera.
Paulino Camacho Vedia, Nelson Rivadeneira Escalante, Heber Sixto Canaza, Martín Tejerina Villalobos y Nicolás Ramírez Taboada son los cinco acusados en este juicio del caso Londras