El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, aseguró que en la actualidad “la mitad” de los radares franceses operan controlando el espacio aéreo. Tras la llegada de la empresa Thales se conocerá la situación de estos equipos, anticipó la autoridad.
La francesa Thales Air Systems le vendió a Bolivia un sistema de 13 radares hace una década. Esa operación fue sometida a una auditoría por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira y el informe de esta operación, que ya está listo, será presentado en el curso de los próximos días, de acuerdo con el ministro de Defensa, Marcelo Salinas Gamarra.
En ese contexto, la autoridad también informó que ejecutivos de esta firma extranjera llegarán al país para reunirse con el Gobierno y analizar la situación del sistema. “Está llegando la empresa Thales con la que vamos a tener una reunión”, señaló Salinas.
El contrato para la adquisición de estos equipos, orientados a la detección de vuelos irregulares fundamentalmente vinculados al narcotráfico, fue suscrito en agosto de 2016, durante la tercera gestión de Evo Morales, bajo la modalidad “llave en mano”, por un monto de 191 millones de euros (unos $us 223 millones actuales). El acuerdo contemplaba la ejecución del Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), mediante el cual Bolivia adquirió 13 radares —primarios y secundarios— destinados al control civil y militar del espacio aéreo soberano del país.
Según un informe de Edmundo Novillo, quien fue el último ministro de Defensa de la era del MAS, los equipos fueron entregados e instalados entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023, siete años después de la suscripción del contrato. El reporte fue presentado durante la pasada gestión legislativa a solicitud de Henry Montero, quien fue senador.
Sin embargo, durante la gestión de Luis Arce Catacora persistieron dudas sobre la ejecución real del proyecto. Nunca se precisó con claridad si todos los radares fueron instalados, cuántos estaban operativos ni en qué regiones del país se encontraban para apoyar a la Fuerza Aérea (FAB) en la detección de vuelos irregulares.
El proyecto estaba vinculado a un proyecto que demanda una coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que no logró concretarse ante la falta de nomativas.
¿Funcionan los radares?
Consultado sobre la situación actual, el ministro Salinas reconoció que el sistema no opera plenamente. “Ahorita la mitad de los radares están funcionando”, afirmó, sin precisar el número exacto ni sus características.
Añadió que el Gobierno entregará a los representantes de Thales el informe de auditoría, que incluye una evaluación técnica y legal del proyecto. “Les vamos a hacer entrega de la auditoría que hemos realizado respecto a la parte técnica y legal”, indicó.
Las versiones oficiales han variado en los últimos meses. En febrero, en una entrevista con EL DEBER, el propio Salinas había señalado que el funcionamiento era “parcial” y, ante una consulta directa, señaló que solo “dos de nueve” radares estaban en operación. En esa oportunidad, sostuvo que los únicos equipos activos eran los destinados al control civil del espacio aéreo.
Otras versiones
El 15 de abril, en Tarija, el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), el general Sergio Lora Araoz, afirmó que desde hace al menos dos años se utilizan los radares en tareas de interdicción contra el narcotráfico.
“Ya estamos un par de años realizando este trabajo con los radares y las aeronaves”, indicó para referirse a las operaciones destinadas a interceptar vuelos ilegales vinculados al transporte de sustancias controladas.
Cuestionamientos
Para el analista en temas de seguridad y abogado constitucionalista Jorge Santistevan, la compra del sistema estuvo marcada por irregularidades desde su concepción, cuando —según afirmó— fue impulsada por el exministro Juan Ramón Quintana.
Santistevan, quien además es un oficial de Ejército en retiro, sostuvo que el gobierno del MAS “nunca” presentó un informe completo sobre la instalación y funcionamiento de los equipos.
“Desde que llegaron los radares nunca han funcionado ni siquiera al 50%. Incluso se desconoce el paradero de algunos que no fueron instalados”, afirmó.
El experto consideró que la auditoría anunciada por el Ejecutivo es un paso inicial, pero insuficiente, y planteó que la Asamblea Legislativa deba ejercer un proceso de fiscalización integral sobre la contratación, instalación y operación del sistema de radares.