El informe sobre Bolivia omite la deuda histórica del gas, el drenaje previsional y los intereses de Marcelo Claure sobre el litio y los ferrocarriles
Fuente: Equipo de Investigación de elpais.bo
El paquete del Growth Lab tiene el mérito de poner sobre la mesa la gravedad de la crisis con un rigor técnico que pocos documentos oficiales bolivianos han logrado. Pero su receta adolece de tres omisiones que, vistas desde Bolivia, resultan imperdonables.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La primera es la deuda histórica del gas. Harvard atribuye el desplome de la producción a la falta de inversión privada tras la nacionalización de 2006. Sin embargo, una investigación de este medio documenta que los megacampos San Alberto, San Antonio, Itaú, Sábalo y Margarita fueron identificados, certificados y parcialmente confirmados por YPFB estatal durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993).
Cuando las transnacionales tomaron el control bajo el régimen de capitalización de Gonzalo Sánchez de Lozada, los reclasificaron fraudulentamente como “campos nuevos”, lo que les permitió tributar el 18% en lugar del 50%. La pérdida acumulada para el Estado entre 1999 y 2005 se estima en USD 1.310 millones nominales, equivalentes a unos USD 2.100 millones actualizados a 2025. A ello se suma el Decreto Supremo 26366, firmado por Jorge “Tuto” Quiroga en 2001, que eliminó la obligación de las petroleras de perforar al menos un pozo exploratorio por parcela.
La sequía exploratoria que Harvard atribuye a la nacionalización comenzó, en realidad, con esa decisión. “Construir una narrativa de causalidad política sobre cifras de reservas potencialmente infladas por actores con interés directo en el marco regulatorio pre-2006 no es economía rigurosa: es circularidad argumentativa”, escribió la economista Edith Gálvez el 24 de abril.
La segunda omisión es la deuda previsional. Harvard critica la “represión financiera”, pero omite quiénes fueron los verdaderos beneficiarios. Como este medio documentó, los 14 principales bancos del sistema financiero lograron utilidades récord de USD 540 millones en 2025, el peor año de la crisis de divisas, gracias al arbitraje cambiario.
El Banco BISA distribuyó Bs 392,1 millones en dividendos en enero de 2026, con una cadena accionaria que conduce a Panamá. El circuito es conocido: los fondos de pensiones depositan en los bancos a tasas bajas; los bancos prestan a tasas más altas; las empresas emiten bonos que los fondos de pensiones compran. El intermediario bancario extrae margen en cada vuelta, y las utilidades se distribuyen como dividendos a accionistas en el exterior.
Harvard propone liberalizar el mercado de capitales. Lo que no dice es que esa liberalización, sin una reforma estructural previa, profundizaría el drenaje de ahorro nacional hacia los mismos actores que ya lo controlan.
La tercera omisión es la deuda externa. El informe de Deuda Externa Pública al 31 de marzo de 2026 muestra un saldo total de USD 13.429,8 millones y un saldo por desembolsar de USD 4.120,5 millones. Son préstamos contratados, pero no ejecutados, congelados por falta de contraparte local o trabas burocráticas. En la práctica, no son recursos disponibles. Son una ilusión contable. China es el principal acreedor bilateral, con USD 1.065,2 millones. Los Bonos Soberanos suman USD 1.286,9 millones, tras un pago masivo de USD 563,1 millones en el primer trimestre de 2026.
Antes de evaluar los cinco pilares de Harvard, conviene preguntarse quién financia el diagnóstico y qué tiene en juego. Marcelo Claure no es un mecenas desinteresado. Su presencia en el centro del debate boliviano tiene una arquitectura de negocios que los informes de Harvard no declaran.
El primer nodo es el litio. En septiembre de 2023, Claure y socios adquirieron Ausenco, la mayor firma de servicios de ingeniería minera del mundo, con especialización explícita en litio y cobre. Dos meses después, Claure y el empresario paraguayo-venezolano Carlos Enrique Gill Ramírez constituyeron en Madrid Li3 Energy Holding SL, inscrita con un millón de euros de capital inicial y giro declarado en energía. Claure figura como consejero y Gill como vicepresidente. En enero de 2024, esa empresa apareció en la lista de las 38 compañías que expresaron interés en el litio boliviano ante YLB. Harvard, en su Pilar 4, recomienda precisamente abrir el sector del litio a la inversión privada con nuevas reglas contractuales.
La Realidad del Litio Boliviano 🇧🇴
Después de asistir a la @BMO Mining Conference y reunirme con CEOs de las principales mineras, estas son mis conclusiones:
Tener el 30% de las reservas mundiales de litio no garantiza prosperidad. El 70% restante, ubicado en Argentina, Chile,… pic.twitter.com/ErvU0z6UDE
— Marcelo Claure (@marceloclaure) February 26, 2025
Apenas concluida la BMO Mining Conference de febrero de 2025, conferencia en la que participó como expositor, Claure publicó en su cuenta de X un tuit donde sostuvo que Bolivia “debe enfocarse en la producción de carbonato de litio y dejar de soñar con fabricar baterías o autos eléctricos” porque carece de “mercado, infraestructura y personal calificado”. Añadió que el país no debe “entregar recursos a empresas rusas desconocidas o fabricantes de baterías chinos”, sino a compañías “con experiencia en Argentina, Chile, EE.UU. y Australia”. Para atraer a esos actores Bolivia debe “garantizar seguridad jurídica y estabilidad contractual, lo que requiere reformas legales y posiblemente constitucionales”. La publicación incluía una propuesta de modelo financiero: vender el 80% del carbonato de litio en efectivo y colocar el 20% restante en participaciones accionarias de los compradores, acciones que —según su planteamiento— deberían depositarse en “un fondo nacional para los bolivianos, con un bloqueo de cinco años para reemplazar el sistema de pensiones mal administrado”.
El segundo nodo es la infraestructura. Gill no es solo el socio de litio de Claure, es el controlador operacional de las dos únicas redes ferroviarias concesionadas de Bolivia. Desde 2014 preside el directorio de la Empresa Ferroviaria Oriental S.A. (FOSA), que opera 1.244 kilómetros en el oriente con conexiones a Brasil y Argentina. Desde 2015 hace lo propio en la Empresa Ferroviaria Andina S.A. (FASA), con 2.276 kilómetros en el altiplano y salida a Chile y Perú. Ambas redes constituyen el esqueleto logístico del Corredor Ferroviario Bioceánico Central —el proyecto que convertiría a Bolivia en eje de integración continental— y la vía natural de exportación del litio de Uyuni. Sin FOSA y FASA, no hay corredor. Sin corredor, el litio no llega al océano a costos competitivos.
Lo que complica el cuadro es que el control accionario de Gill sobre FOSA está judicialmente cuestionado. En noviembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló la subasta de las acciones que, a través de una cadena de cuatro sociedades chilenas, le otorgan el 50,00035% de Ferroviaria Oriental. Las acciones no tienen dueño jurídico consolidado. Entretanto, el paquete que representa al Estado boliviano en ambas ferroviarias —el 49,91% de FOSA y el 49,93% de FASA— está administrado por la Gestora Pública de Pensiones, que también mantiene casi USD 38 millones en bonos de FOSA: los ahorros de jubilación de 2,79 millones de bolivianos financiando, como acreedora, a la empresa cuya estructura de control fue anulada por un tribunal extranjero. Gill, además, es propietario de La Razón, el diario paceño que cubre con mayor amplitud el proyecto biocéanico que él mismo impulsa.
Así, el hombre que financia el estudio de Harvard (Claure) es socio en una empresa de litio (Li3 Energy) del hombre que controla la infraestructura ferroviaria por donde ese litio tendría que salir (Gill). Ambos necesitan, para que sus negocios prosperen, exactamente lo que Harvard recomienda: apertura del litio a inversión privada, nuevas reglas contractuales y el Corredor Biocéanico como proyecto de Estado. Señalar esto no invalida el rigor técnico de los economistas de Cambridge, Massachusetts. Pero sí obliga a leer sus recomendaciones sobre litio e infraestructura con la misma lupa que se aplica al déficit fiscal, preguntando siempre quién paga, quién cobra y quién queda afuera.
El circuito bancario que drena las pensiones
El sistema financiero boliviano logró utilidades récord de USD 540 millones en 2025, el peor año de la crisis de divisas, gracias al arbitraje cambiario y a un circuito previsional que succiona el ahorro de los trabajadores.
Los fondos de pensiones depositan en los bancos a tasas bajas; los bancos prestan a tasas más altas; las empresas emiten bonos que los fondos de pensiones compran. En cada vuelta, el intermediario bancario extrae un margen, y las utilidades se distribuyen como dividendos a accionistas en el exterior.
El Banco BISA distribuyó Bs 392,1 millones en dividendos en enero de 2026, con una cadena accionaria que conduce a Panamá. Harvard propone liberalizar el mercado de capitales, pero omite que sin una reforma estructural previa esa liberalización profundizaría el drenaje del ahorro nacional hacia los mismos actores que ya controlan el circuito.
La economista Edith Gálvez ha documentado que las Agencias de Bolsa, las SAFIs y las calificadoras de riesgo están dominadas por los mismos bancos cuyos instrumentos colocan, cerrando un círculo que convierte el ahorro previsional en utilidades privadas.
Consulte el reportaje completo “Conocimiento de primer nivel: La receta de Harvard para una Bolivia sin gas, sin dólares y con debilidad política” para una visión integral de la crisis y de los intereses detrás del diagnóstico de Harvard.