Para Fabri, estos casos reflejan un patrón de asignación de recursos sin resultados concretos. «El problema no es el objetivo de los proyectos, sino que no se concluyen o no cumplen su finalidad, dejando millonarias inversiones sin impacto real», sostuvo.
eju.tv / Video: Radio Fides
Contratos por millones de dólares destinados a proyectos que no se concretaron o no generaron beneficios para la población salen a la luz tras el análisis de decretos que permitían adjudicaciones directas. El director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, Martín Fabri Zeballos, mencionó este miércoles una serie de casos que evidencian el uso de recursos públicos en obras sin resultados.
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«El amiguismo, la cooperación, el otorgamiento de contratos o la facilidad para que un grupo político pueda, con la colaboración de autoridades, realizar obras que, como tienen estas características, no son concluidas, no son terminadas y, por tanto, no cumplen su objeto final. Y eso es muy preocupante. No solamente estamos hablando de decretos que han favorecido, sino que han perjudicado a la sociedad, que le han hecho creer que va a recibir un servicio o un bien y, lastimosamente, no lo ha recibido», sostuvo Fabri, en contacto con el medio radial.
Uno de los ejemplos del presunto daño económico es la compra de 700 ambulancias por 96 millones de dólares, realizada mediante contratación directa. Según el director General, el volumen de la adquisición contrasta con la percepción ciudadana sobre la falta de estos vehículos en distintas regiones del país. «Si dividimos entre los nueve departamentos, hablamos de más de 80 ambulancias por región, pero la pregunta es si realmente están operativas», observó.
Otro caso cuestionado es la actividad del rally Dakar 2018, que implicó 26 millones de bolivianos, que incluía gastos sin límite. De ese monto, 22 millones de bolivianos fueron destinados únicamente a comunicación. «No se mejoraron carreteras ni se hicieron obras de infraestructura ni en mejoras estructurales. Entonces, ¿dónde está la urgencia?, se dijo que era para promocionar la imagen de Bolivia, pero se hizo mediante contratación directa, sin licitación pública».
En la misma línea, Fabri mencionó la asignación de 29 millones de bolivianos para conferencias y reuniones con movimientos sociales, recursos ejecutados mediante varios decretos. «Son montos elevados que no se traducen en obras ni en servicios directos para la población», afirmó.
En el sector salud, considerado uno de los más sensibles, se identificaron proyectos por 4.423 millones de bolivianos para infraestructura hospitalaria de segundo, tercer y cuarto nivel. Si bien el objetivo era fortalecer el sistema sanitario, varios de estos proyectos presentan problemas de ejecución.
Entre ellos destaca el hospital Gastroenterológico, con una inversión de 700 millones de bolivianos, que debía entregarse completamente equipado bajo la modalidad llave en mano. Sin embargo, no está en funcionamiento pese a haber superado los plazos contractuales.
A esto se suman unidades de radioterapia que permanecen inconclusas: Cochabamba: 96 millones de bolivianos, con apenas 14% de avance físico y paralizada desde 2024; Chuquisaca: 97 millones de bolivianos, sin operar tras más de siete años, o Potosí: 97 millones de bolivianos, igualmente sin funcionamiento.
En infraestructura aeroportuaria, se observa el caso del aeropuerto internacional de San Ignacio de Velasco, que demandó 200 millones de bolivianos (unos 28 millones de dólares). Pese a la inversión, hasta la fecha solo recibe avionetas y no registra operaciones comerciales.
Para Fabri, estos casos reflejan un patrón de asignación de recursos sin resultados concretos. «El problema no es el objetivo de los proyectos, sino que no se concluyen o no cumplen su finalidad, dejando millonarias inversiones sin impacto real», sostuvo.
Asimismo, advirtió que existen más de un centenar de disposiciones sin monto definido, lo que podría elevar significativamente el volumen de recursos comprometidos sin control.
