“No toca tierras comunales, no toca reservorios nacionales, no toca nada que las normas ya han establecido”, remarcó Paz sobre la nueva Ley 1720 que se debatió con la denominación 157
Fuente: El Deber
La Ley 1720 fue publicada este 14 de abril en la Gaceta Oficial, cuatro días después de su promulgación (10 de abril). La norma —que durante su tratamiento legislativo fue identificada como proyecto 157— motivó el inicio de una marcha de sectores campesinos desde Pando, que rechazan su vigencia ante temores sobre una posible afectación a la propiedad de la tierra.
En ese contexto, el presidente Rodrigo Paz Pereira aprovechó un acto por la efeméride de Tarija para referirse de manera directa a la polémica, cuestionando las versiones que —según dijo— distorsionan el contenido de la ley.
“No está bien que se le engañe a la gente para movilizar con falsos discursos”, afirmó el mandatario, en alusión a las advertencias que circulan en sectores rurales sobre supuestas expropiaciones o afectaciones a tierras comunales.
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La Ley 1720 se enmarca en un paquete de medidas orientadas a dinamizar el acceso al crédito productivo, particularmente en el área rural. Según explicó el jefe de Estado, el espíritu de la norma es permitir que pequeños y medianos propietarios —con título legal— puedan utilizar su propiedad como respaldo para acceder al sistema financiero formal, rompiendo la dependencia de mecanismos informales de financiamiento.
“No toca tierras comunales, no toca reservorios nacionales, no toca nada que las normas ya han establecido”, remarcó Paz, buscando desactivar uno de los principales argumentos de rechazo.
El presidente insistió en que la norma apunta a corregir una distorsión estructural en el campo boliviano: el acceso restringido al crédito formal, que empuja a los productores a recurrir a prestamistas o intermediarios que imponen condiciones desfavorables.
Para ilustrarlo, puso como ejemplo el caso de productores de uva en Tarija, quienes —según describió— acceden a insumos y financiamiento bajo esquemas en los que el mismo proveedor termina controlando también la comercialización del producto.
“Le dan la uva, le dan el agroquímico con interés, y después le compran la producción al precio que ellos ponen”, señaló.
Frente a ese escenario, sostuvo que la ley permitirá cambiar esa lógica: “Ahora el productor va a poder ir a un banco al tres, cuatro o cinco por ciento, producir su uva y venderla según el mercado, no depender de quienes abusan de su posición”.
La controversia, sin embargo, se da en paralelo a la movilización de organizaciones campesinas que iniciaron una marcha desde el norte amazónico hacia el eje central del país. Estos sectores han expresado su preocupación por los posibles efectos de la norma sobre la tenencia de la tierra, en un contexto históricamente sensible en Bolivia, donde la propiedad agraria combina regímenes individuales, comunitarios e indígenas.
Ante ello, Paz optó por abrir la puerta al diálogo, aunque manteniendo un tono crítico hacia los dirigentes que impulsan las protestas.
“El gobierno extiende la mano para explicar, para sentarse en una misma mesa y dejar en claro cuáles son las ventajas y los propósitos de esta ley”, sostuvo.
El mandatario también señaló que buscará un contacto directo con las bases movilizadas para evitar intermediaciones que —según su criterio— contribuyen a la desinformación.
“Permítanos hablar con las bases para que se entienda claramente cuáles son los objetivos y las intenciones del gobierno”, añadió.