El Gobierno declara un ‘punto de quiebre’ en la administración pública, elimina los decretos sin control y anuncia auditorías con responsabilidades penales.
eju.tv / Video: Bolivia TV
El presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes el Decreto Supremo 5600, mediante el cual el Gobierno anula 161 decretos que permitían contrataciones directas sin licitación, con el objetivo de desmontar un sistema de corrupción instaurado durante casi dos décadas, transparentar el uso de recursos públicos y establecer un nuevo marco de control estatal, en medio de denuncias sobre millonarias irregularidades y la promesa de identificar responsables.
El decreto, presentado como una medida estructural, apunta directamente a lo que el Ejecutivo denomina un “sistema de corrupción” basado en adjudicaciones discrecionales. Según los datos expuestos por el primer mandatario, estos mecanismos significaron más de 96 millones de dólares de daño económico al Estado y más de 7.900 millones de bolivianos, de los cuales se desconoce su destino, a través de normas que evitaban procesos de licitación.
Del total de disposiciones anuladas, 105 no tenían monto límite, lo que permitía su uso permanente para adjudicar contratos sin controles. El Gobierno sostiene que estas herramientas fueron utilizadas de forma sistemática para direccionar recursos públicos. “Todos por decreto, ninguno con licitación, todos entregando a quienes se querían hacerlo”, señaló Paz, al describir el funcionamiento del esquema que el Gobierno pretende desmantelar.
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“Este decreto que se acaba de anunciar es un ataque directo a un modelo, a una ideología de la corrupción y a un sistema que sostenía esa ideología de la corrupción que se desarrolló durante 20 años. Y en eso las contrataciones directas con 161 decretos, de los cuales 105 eran libres en la proporción de cantidades y recursos que podías manejar, significó más de 100 millones de dólares que nos han robado y un poco más de 7.400 millones de bolivianos que no sabemos exactamente para qué se usaron”, dijo.
Foto: captura de pantalla
El decreto establece tres ejes centrales: la transparencia total de las contrataciones directas, la eliminación de los mecanismos que habilitaban adjudicaciones discrecionales y la auditoría de los procesos realizados en el pasado, con el fin de determinar responsabilidades. “Este decreto va a revisar y auditar todo lo que se hizo en el pasado, porque tiene que haber responsables y tiene que haber procesos”, remarcó el jefe de Estado.
El presidente vinculó directamente estos mecanismos con obras inconclusas y recursos mal utilizados, cito como ejemplo infraestructuras sin funcionamiento y proyectos sin impacto real en la población. “Cada hospital que no funciona, cada proyecto abandonado, es una oportunidad de pérdida para una familia boliviana. Y eso no es aceptable”, sostuvo.
En su discurso, Paz también apuntó a la lógica política detrás de estas prácticas al señalar que las contrataciones directas se convirtieron en un incentivo para el ejercicio del poder. “El requisito para que te den un contrato millonario sin proceso de verificación y control era ser amigo, pariente o del partido”, afirmó, al describir lo que calificó como un uso discrecional del Estado.
El mandatario aseguró que la nueva normativa no responde a una lógica de persecución, sino de rendición de cuentas, aunque anticipó consecuencias judiciales para quienes hayan incurrido en irregularidades. “Aquí no hay persecución, hay responsabilidad de quien utilizó al Estado para beneficiar intereses particulares debe responder”, enfatizó.
Foto: captura de pantalla
El decreto se enmarca en una estrategia más amplia que busca, según el Gobierno, recuperar la confianza en las instituciones y reordenar la gestión pública. “Estamos reconstruyendo un Estado para que rinda cuentas, para que funcione y para que esté al servicio de la gente”, indicó Paz.
La promulgación del Decreto Supremo 5600 es para el Ejecutivo un punto de inflexión en la administración estatal, con el que se busca pasar de un modelo ‘opaco’ a uno basado en reglas claras y control institucional. “No solo estamos ordenando la casa, sino estamos liberando la economía”, enfatizó, al señalar que la medida forma parte de un proceso más amplio de transformación del Estado.
Con esta decisión, el Gobierno abre una nueva etapa marcada por la revisión del pasado reciente y la implementación de mecanismos de control que, según el discurso oficial, buscan evitar la repetición de prácticas que comprometieron recursos públicos durante años.
“Esto se acabó, estamos derrotando al Estado tranca, al Estado cloaca. Varios de los autores ya están en la cárcel, varios exministros ya están en la cárcel, y muchos de ellos van a ir a la cárcel porque tienen que responder, no en un sentido de venganza, sino en un sentido de responder ante la justicia y ante el país”, subrayó Paz.