La norma se refiere a la pequeña propiedad y la apertura al financiamiento formal. Mientras algunos sectores advierten riesgos constitucionales, productores la consideran clave para invertir y expandirse.
Fuente: eldeber.com.bo
Una marcha de comunidades campesinas e indígenas se dirige desde Pando rumbo a La Paz para exigir la abrogación de la Ley 1720, mientras en Santa Cruz productores agrícolas, especialmente del sector arrocero, demandan su reglamentación inmediata. La norma fue promulgada el 10 de abril, tras su aprobación en la Asamblea Legislativa.
El contraste tiene base empírica. En Bolivia, de las 96,5 millones de hectáreas saneadas, solo el 10% corresponde a pequeña propiedad, es decir, cerca de 9,6 millones de hectáreas. El resto se distribuye entre tierras comunitarias y TCO, que suman alrededor de 43 millones de hectáreas. La tierra fiscal suma 28 millones de ha, en tanto que las propiedades medianas y empresariales llegan a 15,5 millones de ha. Esta estructura confirma que la mayor parte de la tierra en Bolivia se encuentra bajo control colectivo o estatal.
En Pando, los indicadores son más marcados. Más del 60% del territorio está bajo control comunitario, entre 25% y 30% corresponde a tierra fiscal y menos del 10% es propiedad privada. Dentro de ese bloque, la pequeña propiedad se reduce a entre 5% y 8% del total, es decir, entre 300 mil y 500 mil hectáreas en un departamento que supera los 6 millones de hectáreas.
La Ley 1720 establece que los propietarios de pequeñas parcelas pueden reconvertir su predio a mediana propiedad para acceder a créditos en el sistema financiero. La norma no implica redistribución de tierras ni afecta a las Tierras Comunitarias de Origen.
Debate y cuestionamientos
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, explicó que los pequeños productores ya acceden a financiamiento, pero en condiciones desfavorables. Señaló que recurren a casas comerciales o intermediarios con tasas que oscilan entre el 18% y el 28%, mientras que en el sistema bancario las tasas se sitúan entre el 6% y el 9%.
Justiniano indicó que esta situación genera dependencia de compradores o mayoristas que adelantan recursos y establecen condiciones de producción, lo que limita la capacidad de inversión. Añadió que el 95% de las transferencias de tierra registradas corresponde a pequeñas propiedades, evidenciando un mercado activo sin condiciones financieras favorables.
El senador Branko Marinkovic, proyectista de la norma, sostuvo que la ley busca corregir esa limitación. “Hasta ahora el pequeño productor podía vender su tierra, pero no usarla en garantía ni financiarse. Esta ley lo vuelve sujeto de crédito”, afirmó. También señaló que existe un sistema informal de financiamiento. “Hay un mercado negro de crédito. Prestan al 5% diario y la mayoría termina perdiendo sus bienes”.
En contraste, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) expresó observaciones. En un pronunciamiento público, señaló que la nueva norma “vulnera principios esenciales de la Constitución” y advirtió sobre posibles procesos de reconcentración de la tierra.
El documento cuestiona la eliminación de la inembargabilidad de la pequeña propiedad y la ampliación del plazo de verificación de la Función Económica y Social, que pasa de cinco a diez años, lo que podría debilitar el control estatal.
La diputada Cecilia Requena también planteó observaciones. Indicó que el proyecto no fue suficientemente socializado y que se incorporaron modificaciones sin un debate amplio.
Requena advirtió que el acceso al crédito podría incentivar mecanización sin controles adecuados y derivar en deforestación o incendios, especialmente en contextos de sequía y altas temperaturas.
Apoyo de productores
Organizaciones de pequeños agricultores y arroceros han manifestado su respaldo a la norma. Señalan que el acceso a financiamiento es necesario para sostener la producción en un contexto de incremento de costos, presión del contrabando y variación de precios.
Productores sostienen que sin crédito formal el sector opera con márgenes reducidos y limitada capacidad de inversión y expansión, lo que afecta la productividad, la sostenibilidad de la actividad agrícola.
En Beni, organizaciones campesinas y el Gobierno alcanzaron acuerdos tras reuniones técnicas. Se ratificó que la ley se aplica solo a predios privados titulados y no afecta tierras comunitarias. Sin embargo, la marcha desde Pando continúa. Dirigentes han mantenido su posición de rechazo a la norma, señalando preocupaciones sobre efectos indirectos y la necesidad de mayor debate público.