La Cámara Alta votó en Tarija la incorporación de cuatro rutas departamentales a la red fundamental del país, en medio de cuestionamientos sobre informes incompletos, inequidad regional y un presupuesto de la ABC que preocupa. La ley pasa ahora a Diputados.
Fuente: https://elpais.bo
La sesión del Senado en Tarija dejó más que aplausos. La Cámara Alta aprobó este martes la ley que incorpora cuatro tramos viales tarijeños a la Red Vial Fundamental de Bolivia, lo que supone transferir su mantenimiento de la Gobernación departamental a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Pero el camino hacia esa votación estuvo empedrado de reproches, advertencias técnicas y una vieja deuda histórica que varios senadores no dejaron pasar.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Los cuatro tramos aprobados son: Cruce Ruta F11-Ibibobo-Esmeralda, Villa El Carmen-Frontera Argentina-Paraguay, Cruce Ruta F11-Entre Ríos-F33, y La Sidra-Bermejo. Todos ellos comunican con las fronteras de Argentina y Paraguay, y son clave para el transporte de mercancías y la conectividad internacional del sur del país. La Gobernación de Tarija los construyó y los mantuvo durante años con recursos propios de regalías, ante la urgencia de vincularse con los países vecinos, en una responsabilidad que, según la normativa nacional, nunca debió caer sobre el nivel departamental.
El senador Diego Ávila Navajas (PDC), presidente de la Cámara Alta y proyectista de la ley, fue el principal impulsor del proyecto. Explicó que los tramos cumplen los tres requisitos exigidos por la ABC para formar parte de la red fundamental: vinculación internacional, conexión con la red nacional y características técnicas consolidadas. Aclaró además que la documentación de costos y especificaciones técnicas reposa en la ABC —no en el expediente legislativo— porque se trata de mantenimiento anual, un proceso más simple que el de construcción. «Los montos se establecen en los POA anuales», precisó. Originalmente se propusieron nueve vías; solo cuatro lograron el consenso para avanzar. Por las otras cinco, dijo, seguirán luchando.
Pero no todos estaban conformes con la premura. El senador Wilder Véliz Armas (PDC, Cochabamba) reconoció la celeridad de la ABC para entregar informes antes del 10 de abril, aunque señaló que faltaba el componente financiero: ¿cuánto le costará al Estado asumir estos tramos? La pregunta era pertinente: la ABC administra apenas 313 millones de bolivianos para toda la red fundamental del país. El senador José Sánchez Aguilar (Libre, Oruro) fue más duro. Los informes, dijo, no establecen longitudes, costos ni movimientos de tierra. «Cualquier técnico sabe de qué hablamos. Los informes parecen una burla», afirmó, aunque aclaró que votaría a favor.
La senadora Soledad Chapetón Tancara (Unidad, La Paz) pidió seriedad: «No podemos aprobar por aprobar. Se necesita cronograma, presupuesto, financiadores». Y el senador César Mentasti Padilla (Unidad, Tarija) fue más lejos: solicitó formalmente la reconsideración del proyecto, señalando dudas sobre el artículo 321 de la Constitución, que exige indicar el origen del financiamiento en toda ley que implique gasto estatal. No encontró respaldo.
La voz más incómoda de la sesión fue la del senador Julio Diego Romaña Galindo (Libre, Pando), segundo secretario del Senado. Apoyó la ley, pero no sin antes recordar que Pando tiene más del 70% de frontera con Perú y Brasil, y que sus caminos —muchos administrados por municipios— son intransitables. «No somos medidos con la misma vara», repitió dos veces. La Ley 165, que clasifica las carreteras bolivianas desde 2011, exige que las rutas fundamentales vinculen capitales departamentales o conecten internacionalmente al país, requisitos que los caminos amazónicos rara vez pueden cumplir por su geografía.
El senador José Roca Haensel (Unidad, Beni) cerró el debate con pragmatismo: «Hay fallas de forma, pero hay que restringir lo odioso y ampliar lo favorable. Lo mínimo que puede hacer la ABC es mantener estas redes. La bancada del Beni vota a favor». Fue suficiente. La ley se aprobó y será remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento final.
Tarija celebra un reconocimiento que esperó más de una década. El resto del país toma nota y espera turno.