Tras el informe emitido por el TSJ, un magistrado del Tribunal Constitucional abre la posibilidad de analizar el proceder de los autoprorrogados en relación a las disposiciones que se vinculan con el caso Mutualista.
Fuente: El Deber
Debido a la especial particularidad del conflicto jurídico que el caso del mercado Mutualista ha generado en Santa Cruz de la Sierra, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no descartan la posibilidad de hacer un análisis y pronunciamiento propio y particular con relación a la validez de las sentencias emitidas durante la gestión de las anteriores autoridades. La afirmación corresponde al magistrado presidente de la Comisión de Admisión de este tribunal, Ángel Edson Dávalos.
Empero fue claro al señalar que las autoridades del TCP “son respetuosas y cuidadosas” en sus declaraciones sobre este tema que está en boga y que ha repercutido sobre todo en la población cruceña. No descartó que las partes en conflicto acudan con otras acciones a este tribunal y ninguno de los magistrados tiene que adelantar criterio alguno.
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Sobre el informe de la Unidad de Transparencia del TSJ, que fue revelado por su presidente Romer Saucedo, en Santa Cruz, Dávalos indicó que los magistrados de este tribunal son respetuosos de las acciones del máximo tribunal de la justicia ordinaria y del Consejo de la Magistratura, en el marco de sus competencias y la Ley 025 del Órgano Judicial.
Dávalos dijo que el TCP, en la gestión 2024 de los anteriores magistrados, emitió sentencias constitucionales sobre el caso Mutualista.
“El presidente del TSJ y el del Consejo de la Magistratura tienen competencia para la revisión de las causas ordinarias, si existe susceptibilidad de que una autoridad judicial se haya apartado de la norma en un caso concreto, tiene la posibilidad de hacer seguimiento a través de auditorías para verificar si en el proceso hubo irregularidades y situaciones no acordes con la norma jurídica”, señaló Dávalos.
En su criterio, el informe del TSJ pretende establecer si hubo indicios de responsabilidades sobre las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales y en función a ello remitir a las instancias correspondientes, administrativas, disciplinarias o penales para una investigación.
La autoridad manifestó que las sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada no pueden ser revisadas, pero en caso de haber situaciones no regulares pueden merecer “un análisis y reflexión jurídica constitucional en el TCP para ver la validez, la eficacia de estas resoluciones que están siendo cuestionadas”.
“Sin embargo, la especial particularidad que tiene este caso (Mutualista), va a tener que ser analizada por los magistrados del TCP, cuando corresponda, toda vez que, se han presentado acciones populares, acciones constitucionales, que van a cuestionar la validez de esta sentencia constitucional que fue emitida por autoridades se la anterior gestión. Va a merecer seguramente un pronunciamiento y análisis propio y particular de estas autoridades, pero con relación a la validez de las sentencias emitidas en esa oportunidad por el TCP”, precisó.