Álvaro Riveros Tejada
Como muchas otras normativas legales, una ley no alcanza su vigencia total sin ser reglamentada, de ahí que es imprescindible que todas ellas cuenten con este instrumento aprobado por el Poder Ejecutivo o por cualquiera de los otros órganos del Estado, a los que se les reconozca esa potestad de reglamentación.
Nuestra preocupación estriba en la perentoria necesidad de reglamentar esa Ley, a fin de hacerla más comprensible para la mayoría de los bolivianos, mediante un instrumento que nos permita entender: por qué la justicia se expide actualmente, por el lado más ancho, ágil y veloz para unos y, por el lado opuesto, delgado, moroso y condenado a dormir el sueño de los justos, para los demás.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Es allí cuando se hacen presentes en nuestra memoria las sabias, como profundas admoniciones del “autocalificado, mejor presidente de Bolivia, después de Bolivar y Sucre”, Evo Morales, al afirmar: “Por encima de lo jurídico es lo político.
Quiero que sepan que cuando algún jurista me dice: Evo, te estás equivocando jurídicamente, eso que estás haciendo es ilegal, bueno yo le meto por más que sea ilegal. Después les digo a los abogados: si es ilegal, legalicen ustedes, para qué han estudiado”.
Con esa misma discrecionalidad y abuso, con la que el régimen populista del MAS nos gobernó por 20 años, un 3 de diciembre de 2017, nos indujo a una elección de magistrados del Poder Judicial. La periodicidad que debía regir para una próxima votación falló y, por tanto, los magistrados elegidos en dichos comicios se autoprorrogaron en sus “pegas”, hasta lograr la postergación indefinida de las próximas elecciones judiciales, con lo que se confirmó la vieja sentencia que reza: “Este es el país del revés, donde el ratón caza al gato y el choro encarcela al juez.”
Sin embargo, es necesario apuntar que tales anomalías no eran propias de nuestra patria y, a modo de franquicia, venían del seno del famoso Foro de São Paulo, que rigió los gobiernos de las naciones adscritas a él, desde México hasta la Argentina.
Lo censurable de este burdo manejo del sistema judicial es que puso en evidencia los más crasos y garrafales errores del MAS, al convertir y digitar a ciudadanos en simples candidatos que, sin ninguna regla meritocrática, irrumpieron en el poder judicial convirtiéndolo en una suerte de organismo paraestatal con fiscales y jueces que desempeñan el oficio de sicarios, muy similar a aquellos que tanto se criticó en las dictaduras militares, con la agravante de inferirle al Poder Judicial un irreparable daño a su prestigio y quitándole su imparcialidad e independencia.
Un claro ejemplo de lo apuntado es lo sucedido en Montevideo, cuando se realizó una cumbre presidencial del Mercosur para denunciar el atropello inferido a Evo Morales. en su vuelo de retorno de Moscú a La Paz por el tenebroso caso del espía de la CIA Snowden. La declaración conclusiva de dicho evento hizo énfasis en la importancia del asilo y el compromiso de todos los países latinoamericanos de respetarlo y honrarlo. Entretanto, ya había pasado un año, que el senador Roger Pinto llevaba asilado en la embajada brasileña en La Paz, sin que ninguno de esos epónimos jefes de Estado hubiese hecho la más mínima alusión a este extraño caso, sin apiadarse ni inmutarse por su suerte, ni menos por su posterior muerte.
En mérito a todas estas anomalías expresadas y con el afán de evitarlas, urge reglamentar la “Ley del Embudo”.