“Hoy buscan desestabilizar el país para reconstituir la dictadura masista, que tanto daño le hizo a Bolivia”, sostuvo el exgobernador cruceño ante el acuerdo firmado este miércoles entre Rodrigo Paz y dirigentes campesinos.
“Rechazamos rotundamente la abrogación de la Ley 1720”, dijo Camacho
Fuente: Unitel
El exgobernador cruceño y líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, rechazó este miércoles la posibilidad de abrogar la Ley 1720 y advirtió que el país no debe “ceder al chantaje” de sectores que, según advirtió, respaldaron políticamente a Evo Morales y al Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Bolivia no puede ceder al chantaje de los grupos corporativos que en el pasado reciente, sostuvieron políticamente a Evo Morales y al Movimiento al Socialismo, y que hoy buscan desestabilizar el país para reconstituir la dictadura masista, que tanto daño le hizo a Bolivia”, sostuvo la exautoridad.
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Camacho se refirió a este tema después de que el presidente Rodrigo Paz y representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) acordaran gestionar la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras, tras un diálogo sostenido en la Casa Grande del Pueblo.
Camacho defendió la vigencia de la norma y enfatizó que su eliminación afectaría derechos vinculados a la propiedad rural y al acceso a financiamiento para pequeños productores, tomando en cuenta que su puesta en vigencia de dicha ley facilita al pequeño productor el acceso al crédito y a la modernización de sus capacidades productivas
“Rechazamos rotundamente la abrogación de la Ley 1720, ya que constituye una violación a la libertad de decisión de los bolivianos propietarios de pequeñas propiedades rurales en nuestro país”, resaltó a través de sus redes sociales. No se puede retroceder ni un milímetro en la defensa de esos derechos”, agregó.
Por su parte el exdiputado y excolaborador de Camacho, Jairo Guiteras, consideró que el Gobierno no debe dar marcha atrás con la norma, considerando que “no es lo mismo construir consensos que ceder a los chantajes y la extorsión de grupos que claramente buscan desestabilizar la gestión”.