La presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, exigió al Gobierno acciones inmediatas para restablecer el orden constitucional, frenar la violencia y garantizar el libre tránsito.
Fuente: El Deber
La presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, pidió este domingo acciones inmediatas para restablecer el orden constitucional y garantizar el libre tránsito, el abastecimiento y la paz social en Bolivia, ante los bloqueos instalados en San Julián.
La autoridad emitió el pronunciamiento mediante un mensaje dirigido al presidente Rodrigo Paz Pereira y a las fuerzas del orden, un día después que la ALD cruceña presentara un “Exhorto Legislativo Urgente”, solicitando la intervención inmediata de la Policía Boliviana.
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En su declaración pública, Álvarez sostuvo que el país “no necesita silencio; necesita autoridad, firmeza y decisión”, en referencia a los hechos de violencia y al cierre de carreteras que afectan el tránsito de personas, ganado y productos agropecuarios. La legisladora advirtió que permitir acciones de grupos armados y bloqueos prolongados pone en riesgo la institucionalidad democrática y la seguridad alimentaria de la población.
“Cuando las armas ilegales desafían a la Constitución, el Estado tiene la obligación de hacer respetar la ley”, afirmó la presidente de la ALD, al exigir que se emita una orden ejecutiva inmediata para que las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden intervengan dentro del marco constitucional y restablezcan el orden.
La autoridad también remarcó que “bloquear alimentos es cercar el hambre” y que “sembrar violencia es dispararle al futuro del país”, al señalar que las medidas de presión afectan directamente a las familias bolivianas y al aparato productivo.
De manera paralela, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, junto a los asambleístas José Mauricio Jiménez Linares y Julissa Gicela Menacho Huanca, emitió un exhorto dirigido al Comando Departamental de la Policía Boliviana para garantizar la apertura inmediata de las vías en San Julián, precautelar la integridad de las personas afectadas y asegurar el tránsito del ganado y la producción.
El documento otorga además un plazo de 72 horas para que la Policía informe sobre las acciones asumidas frente al conflicto.
