Mucho tiempo, Bolivia tuvo un sistema tributario que a menudo perjudicó más la permanencia en la formalidad que incentivando la producción y la inversión. Muchos pequeños empresarios, transportistas, artesanos y profesionales independientes se vieron enredados entre multas acumuladas, intereses crecientes y procesos administrativos que parecían no tener fin. En vista de esto, la promulgación de la flamante Ley 1733 de alivio tributario representa una de las medidas económicas más pragmáticas y sensatas adoptadas por el gobierno de Rodrigo Paz con el fin de revitalizar la economía.
Esta disposición tiene un valor fundamental: admite la realidad económica del país. En medio de una desaceleración, una escasez de liquidez y una merma en el consumo, mantener una política recaudatoria inflexible habría ahogado todavía más el aparato productivo nacional. El alivio tributario rompe con esta mentalidad, procurando liberar recursos para que estos fluyan de nuevo en la economía real.
Las autoridades proyectan que aproximadamente 80,000 contribuyentes, especialmente aquellos actores económicos pequeños y medianos, se verán favorecidos por esta normativa. La normativa dispone la extinción automática de deudas fiscales inferiores a 10 millones de Bolivianos surgidas hasta el 31 de diciembre de 2017, lo que abarca intereses y recargos.
Esta medida trasciende la idea de un simple indulto fiscal; constituye un mecanismo de saneamiento financiero destinado a restablecer la capacidad de operación de rubros cruciales para la generación de empleo y la dinamización económica nacional.
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Una particularidad sumamente favorable de esta iniciativa radica en que los fondos dejan de inmovilizarse en procesos legales y gravámenes tributarios de difícil liquidación. Un pequeño emprendedor que antes se veía obligado a utilizar sus ganancias para saldar multas acumuladas, podrá ahora redirigir ese dinero hacia la adquisición de inventario, equipamiento, o la ampliación de su producción.
Asimismo, resulta importante destacar que la legislación implanta una perspectiva más sensata respecto a las obligaciones fiscales superiores a 10 millones de Bolivianos o generadas después de 2017. En tales supuestos, no procede la condonación completa, aunque sí se contempla una reducción considerable de los intereses y las penalizaciones, habilitando pagos fraccionados de hasta 36 cuotas. El Estado no renuncia a cobrar, pero comprende que la recuperación económica necesita flexibilidad y realismo.
Hay una señal política importante que emana de esta decisión. A lo largo del tiempo una porción considerable de la actividad económica en Bolivia consideró el régimen impositivo como una herramienta castigadora antes que un propulsor de crecimiento. La Ley 1733 busca modificar esa imagen proporcionando una vía legal para los que languidecieron en procesos tributarios por largos periodos. Esto pudiera coadyuvar a restablecer la fe entre el gobierno y los contribuyentes de impuestos, lo cual es vital para expandir el alcance formal de la economía.
Por supuesto, ninguna concesión o perdonado tributario sanará de por sí las complejidades estructurales de la economía del país. Bolivia continúa enfrentando desafíos serios: caída de reservas, presión fiscal, menor dinamismo productivo y dificultades de financiamiento. Pero justo por esto este tipo de medidas son importantes. En lugar de continuar succionando la liquidez de áreas productivas el gobierno optó por devolver oxígeno un respiro a aquellos que aún impulsan la actividad económica desde el sector formal. La economía no se impulsa solamente con palabras, se reactiva cuando el comerciante reinvierte, cuándo el transportista puede operar sin cargas que son impagables, y cuando la pequeña empresa deja solo de sobrevivir para volver a crecer. El alivio tributario qué impulsa Rodrigo Paz parece reconocer una cosa que es fundamental: En tiempos de crisis, castigar menos puede ser la mejor manera de recaudar más en el futuro
Por Rubén Arias – Economista