El asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, activa una señal de alarma en el país. Desde el Tribunal Supremo de Justicia advierten que no se trata de un hecho aislado, sino de un posible punto de quiebre institucional.
Fuente: El Deber
Una frase lapidaria resume el clima de preocupación que recorre actualmente al Órgano Judicial: “Así empezó la Colombia de Pablo Escobar”. No es una metáfora casual ni un recurso retórico exagerado. Es la advertencia directa del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, tras el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure.
El mensaje no se queda en la conmoción por el crimen, apunta a algo más profundo: la posibilidad de que Bolivia enfrente una escalada de violencia que toque el corazón mismo de sus instituciones.
Saucedo vinculó el hecho con uno de los episodios más críticos de la región, el de 1985 en Colombia, cuando los ataques contra magistrados marcaron el inicio de una ofensiva del narcotráfico contra el Estado, para evitar la extradición de los grandes capos de la droga como Pablo Escobar.
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“1985 y un atentado contra magistrados del Poder Judicial. Lo sucedido no es un hecho aislado, es un atentado directo contra el Órgano Judicial”, sostuvo Romero.
La referencia no es menor. La imagen que acompaña este momento —un muro con los rostros de magistrados asesinados y la palabra “víctimas” grabada en piedra— funciona como recordatorio de hasta dónde puede escalar la violencia cuando el sistema judicial se convierte en objetivo.
En Bolivia, el asesinato de Claure golpea precisamente en ese punto sensible. No se trata de un funcionario cualquiera, sino de una autoridad clave en la resolución de conflictos sobre tierra y recursos, áreas donde convergen intereses económicos, disputas territoriales y, en algunos casos, redes ilegales.
Por eso, la reacción institucional fue firme. “No nos vamos a callar y no nos vamos a dejar amedrentar”, afirmó Saucedo. Pero junto a la determinación, también surgió una denuncia preocupante: “Existe ausencia de Estado y si es necesario recurriremos a los organismos internacionales”.
La frase instala una tensión de fondo. Si el propio órgano encargado de impartir justicia cuestiona la capacidad del Estado para garantizar seguridad, el problema deja de ser coyuntural y se vuelve estructural.
La historia regional ofrece una advertencia. En Colombia, la violencia contra jueces no comenzó con grandes explosiones mediáticas, sino con hechos que, en su momento, pudieron parecer aislados. Con el tiempo, se convirtieron en una estrategia sistemática de intimidación, que usaron los carteles de la droga como el de Medellín liderado por Pablo Escobar.
Hoy, en Bolivia, esa comparación empieza a tomar forma en el discurso oficial. Y cuando esa alerta proviene desde la cúspide del sistema judicial, el mensaje es difícil de ignorar.
El asesinato de Víctor Hugo Claure ya no es solo un caso policial. Es un punto de inflexión, que obliga a mirar más allá del hecho y preguntarse si el país está ante el inicio de algo más profundo y violento.