En 2024 el mismo exdiputado, Amilcar Barral, presentó una acción popular contra los evistas y ese fallo fue usado por Luis Arce para perseguir a sus propios correligionarios
Por Marco Antonio Chuquimia
Fuente: El Deber
La decisión judicial de instruir a los bloqueadores a levantar las barricadas en el país y al Gobierno de utilizar cualquier recurso para cumplir este fallo es una facilidad que le da la justicia al Ejecutivo para desbloquear desde este fin de semana los caminos, carretas y calles, dijo Amilcar Barral en el programa ON- Otra Noche con Sissi que se emite por EL DEBER. El exdiputado fue demandante de la acción popular contra los bloqueadores.
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“Yo creo que este fallo es una ayuda bastante grande para que el Gobierno pueda incluso dictar un estado de excepción en departamentos individualizados, o en todo el país, para que ya se calme toda esta ola de movilizaciones que está siendo más política que otra cosa”, dijo Barral al programa, otra noche.
El exdiputado presentó la acción popular contra los principales dirigentes de la movilización que hay sobre la ciudad de La Paz y también contra el propio Gobierno para obligarlo a cumplir el desbloqueo de vías. La justicia le dio la razón en parte y calificó el bloqueo total como violatorio a los derechos constitucionales.
“Se ordena a los sectores movilizados que cualquier medida de presión que afecte vías públicas habiliten de manera inmediata, permanente, verificable y suficiente, corredores humanitarios y rutas de emergencia para ambulancias, pacientes, personal de salud, medicamentos, oxígeno medicinal, alimentos, agua, combustible destinado a servicios esenciales de transporte escolar o universitario en situación crítica, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y cualquier persona cuya vida o integridad en cualquier caso corra riesgo”, señala el fallo judicial.
Barral recordó que en 2024 él también presentó una acción popular contra los bloqueos de Evo Morales y ganó en la justicia constitucional, dijo que el gobierno de Luis Arce aprovechó ese fallo y persiguió a sus propios correligionarios a los que procesó y que actualmente están presos en Cochabamba.
En su criterio, este fallo sobre la acción popular también le da las armas legales al Gobierno para individualizar el delito, que no involucre a una institución como las organizaciones, sino a las personas que participan de bloqueos y que las mismas sean sancionadas.
Fuente: El Deber