Un país sin pacto, entre el ajuste y el bloqueo
Bolivia no atraviesa solo una crisis económica. Atraviesa una crisis de visión de país. Lo que está en disputa no es únicamente el precio de los combustibles, el déficit fiscal o la capacidad del gobierno para sostener el orden. Lo que está en juego es algo más profundo: el tipo de Estado que sobrevivirá a esta tormenta y el pacto social que podrá sostenerlo. Por eso, el momento actual no puede leerse como una simple alternancia democrática ni como un ajuste técnico inevitable. Es, en realidad, un choque entre dos maneras de ver y concebir el Estado.
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira, instalado en noviembre de 2025, no encarna únicamente un recambio de élites. Encierra una señal política más honda: la voluntad de desmontar, pieza por pieza, la arquitectura estatal y simbólica levantada desde 2009. El Decreto Supremo 5503 condensó esa orientación en una sola jugada: eliminó de golpe la subvención a los hidrocarburos, disparó los precios de la gasolina y el diésel, y además abrió la puerta para decidir sobre recursos estratégicos por vía ejecutiva. El mensaje fue claro: en nombre de la crisis, el Ejecutivo podía actuar por encima de las mediaciones políticas, sociales e incluso constitucionales. Ese no es solo un error económico. Es una forma de gobierno.
Los símbolos, en política, nunca son decorativos. Anuncian jerarquías, definen pertenencias y marcan el rumbo de una época. Que el Ejército haya retirado la Wiphala de su emblema institucional, que el «reloj del sur» haya sido devuelto al sentido tradicional y que el gabinete se haya poblado de perfiles empresariales con escasa representación popular no son hechos aislados. Son señales. Y todas apuntan en la misma dirección: el intento de vaciar de contenido la narrativa plurinacional y plebeya que había reorganizado la legitimidad del Estado boliviano durante casi dos décadas y que además también está agotada.
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Eso no obliga a idealizar el ciclo del MAS. Hubo rentismo, corrupción, degradación institucional y una justicia sometida al poder. Todo eso debe ser criticado sin ambigüedades. Pero una cosa es corregir esas deformaciones y otra muy distinta usar sus errores como pretexto para desmontar derechos, debilitar controles constitucionales y devolver la economía estratégica al mando irrestricto del mercado. Modernizar no es arrasar. Reformar no es restaurar.
Por eso, el problema ya no es solo la impopularidad del ajuste. Es el regreso de una fractura histórica que Bolivia nunca terminó de resolver. Cuando un gobierno combina shock económico, concentración de decisiones y señales de exclusión cultural, no solo pierde apoyo: reactiva agravios, recompone trincheras y convierte la crisis en un conflicto de país.
Esa fractura es completa. De un lado, la mirada liberal, el oriente agroindustrial y cívico, que ve en este gobierno la posibilidad de restaurar un orden económico más favorable a sus intereses. Del otro, La forma de leer el país –corporativa, rentista, sindicalmente cerrada y administrada desde pactos de presión antes que desde instituciones-. Esa mirada indígena, sindical y popular, que percibe en las primeras medidas oficiales una amenaza directa a conquistas materiales y simbólicas que considera propias. En el medio no hay arbitraje ni síntesis. Ambas están completamente agotadas lo que da un nuevo empate catastrófico: ningún bloque puede gobernar al otro, pero ambos pueden empujar al país al desgaste.
No sorprende, entonces, que el empresariado cruceño haya visto en Paz Pereira una oportunidad histórica. El programa que hoy impulsa el gobierno —apertura al capital privado, reducción del gasto, flexibilización cambiaria y alivio tributario para los sectores más fuertes— coincide casi punto por punto con la agenda que ese bloque defendió durante años. Lo que para el oficialismo aparece como modernización, para buena parte del país se parece demasiado a una restauración.
Del otro lado, el occidente responde como sabe responder: movilizándose. Bloqueos, paros, presión sindical, resistencia territorial. Cochabamba vuelve a ser el nudo de la crisis y El Alto recupera su papel de termómetro político. El problema es que esa fuerza social, aunque conserva capacidad de veto, todavía no encuentra una forma política capaz de traducir la protesta en alternativa. Por eso el país se paraliza, pero no se reordena.
Y ahí está el dato más inquietante: esta vez la confrontación no produce horizonte. En 2008 y 2009, el conflicto terminó desembocando en una nueva Constitución. Hoy, en cambio, la polarización solo multiplica siglas, dispersa liderazgos y vacía de sentido la representación. La crisis ya no empuja una síntesis; empuja una descomposición.
Diego Ayo describió este escenario como una nueva forma de empate catastrófico, ya no entre oriente y occidente como territorios, sino entre dos modelos de país que ningún actor tiene la correlación de fuerzas para imponer plenamente. La actual fragmentación política obliga a una lógica de pactos sin la cual la gobernabilidad se vuelve inviable.
En ese marco, el escenario boliviano puede leerse como una nueva forma de empate catastrófico: no porque existan dos bloques simétricos en fuerza o coherencia, sino porque ninguno dispone de la capacidad suficiente para estabilizar por sí solo el conjunto del país. El oficialismo conserva recursos institucionales, respaldo empresarial y apoyo en parte del oriente; el campo popular mantiene capacidad de movilización territorial, densidad sindical y arraigo social en el occidente, pero carece de una articulación política capaz de transformar esa energía defensiva en proyecto hegemónico. El riesgo de este empate no es la inmovilidad pura, sino una dinámica de desgaste recíproco en la que se deterioran, al mismo tiempo, la economía, la legitimidad del sistema político y la confianza en las salidas democráticas.
El país necesita con urgencia un pacto político que sea simultáneamente realista en lo económico y justo en lo social. Ninguna de las dos grandes fuerzas en pugna —la derecha restauradora del oriente y el movimiento popular del occidente— puede por sí sola construir ese pacto. La salida no está en la victoria de uno sobre el otro, sino en una síntesis nueva que preserve los derechos constitucionales conquistados, corrija las distorsiones heredadas y reestablezca la confianza institucional.
En el plano económico, la corrección del déficit fiscal y la revisión de una subvención crecientemente insostenible eran decisiones difíciles, e incluso previsibles, en un contexto de estrechez externa y agotamiento del modelo rentista. Precisamente por eso, el debate relevante no es si debía introducirse una corrección, sino bajo qué criterios políticos y sociales debía hacerse. El error del gobierno de Paz Pereira no fue reconocer la magnitud del desequilibrio, sino optar por una salida abrupta, unilateral y socialmente regresiva: sin diálogo previo suficiente, sin gradualidad, sin mecanismos compensatorios robustos y sin una narrativa pública capaz de distribuir de manera legítima los costos del ajuste. Una alternativa responsable habría combinado disciplina fiscal con protección social focalizada, concertación política y una estructura tributaria más progresiva, de modo que el peso de la estabilización no recayera desproporcionadamente sobre trabajadores, transportistas, productores pequeños y sectores urbanos empobrecidos.
En el plano institucional, el país requiere reconstruir la independencia del Poder Judicial, que lleva años prorrogando mandatos de magistrados sin legitimidad electoral. Las elecciones judiciales fallidas, la «decretocracia» denunciada, y los intentos del ejecutivo de aprobar contratos estratégicos por decreto violando la Constitución son señales alarmantes de una cultura política que no respeta los límites formales del Estado de Derecho. Sin jueces independientes, sin fiscales autónomos y sin una Asamblea Legislativa funcionando como contrapeso real, cualquier proyecto político —de izquierda o de derecha— termina capturado por intereses particulares.
En el plano territorial, la reconciliación entre occidente y oriente exige una revisión honesta del modelo de autonomías. Santa Cruz tiene razones legítimas para exigir mayor retención de sus ingresos y mayor capacidad de decisión sobre su desarrollo. El occidente andino tiene razones igualmente legítimas para defender que los recursos naturales del subsuelo son patrimonio de toda la nación. Un acuerdo fiscal intergubernamental negociado, que distribuya mejor los recursos sin renunciar a la soberanía, es más difícil que el conflicto, pero es la única vía sostenible.
Bolivia necesita un pacto, sí, pero no cualquier pacto. Necesita uno que no confunda estabilidad con obediencia ni modernización con despojo. Si el gobierno insiste en administrar la crisis como si fuera una licencia para concentrar poder y borrar el legado plurinacional, lo que vendrá no será orden, sino una fractura más honda. Y si el campo popular no logra convertir su resistencia en proyecto, seguirá atrapado en la lógica defensiva del bloqueo. El país está otra vez ante una encrucijada histórica: o produce una nueva síntesis democrática con justicia social, o vuelve a aprender —a un costo demasiado alto— que ninguna Bolivia puede imponerse para siempre sobre la otra.
Es el momento de la refundación de la política en Bolivia.
Jonny Reynaldo Bustillos Vera