Bolivia no está simplemente atravesando una etapa de conflictividad, está siendo empujada hacia un punto de inflexión por una suma de actores, que lejos de dimensionar la fragilidad económica e institucional del país, parecen haber optado por una lógica de desgaste contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz. La gravedad no radica únicamente en la protesta, sino en la naturaleza y oportunidad de las demandas económicamente desmedidas, políticamente oportunistas y estratégicamente desestabilizadoras.
El país enfrenta restricciones severas, entre ellas, escasez de divisas, presión sobre el tipo de cambio, caída de ingresos fiscales y un aparato estatal ineficiente y sobredimensionado. En este contexto, insistir en demandas que implican mayor gasto público, sin respaldo productivo, no es solo irresponsable, sino potencialmente destructivo. Sin embargo, gran parte de los actores en escena, parecen soslayar esta realidad.
La Central Obrera Boliviana, ha abandonado cualquier criterio de racionalidad macroeconómica. Sus exigencias de incrementos salariales y expansión del gasto estatal, no guardan relación con la capacidad fiscal del país. Más preocupante aún, es que estas demandas se plantean en un momento en que el Estado enfrenta serias limitaciones para sostener incluso sus compromisos actuales. De aceptarse estas demandas y las del magisterio, se desataría un proceso inflacionario y una espiral de expectativas que acelerarían el deterioro económico.
Evo Morales no actúa como un actor más, sino como un catalizador del conflicto. Su estrategia claramente es erosionar al gobierno para forzar un escenario de recomposición política que le permita retornar al poder. En este marco, la conflictividad no es un efecto indeseado, sino un “instrumento”.
El sector del transporte ha consolidado un patrón de lucha basado en los paros, bloqueos y amenazas de paralización. Este comportamiento no solo afecta la economía, interrumpiendo cadenas de suministro y actividad productiva, sino que evidencia una captura corporativa del espacio público, donde el interés general queda subordinado a la presión sectorial.
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Los indígenas, lejos de constituir un bloque cohesionado, se encuentran fragmentados y, en muchos casos, instrumentalizados por agendas políticas mayores. Sus demandas aparecen entremezcladas con disputas de poder que diluyen su contenido reivindicativo.
Por su parte, ex candidatos a la presidencia, representan una oposición que ha privilegiado el desgaste del gobierno sobre la construcción de alternativas. Sus discursos críticos carecen de propuestas estructurales en el corto plazo, especialmente en el ámbito económico. De esta forma, caen en una coincidencia funcional con Evo Morales, contribuyendo al clima de inestabilidad.
El papel del vicepresidente Lara, abiertamente opositora al propio gobierno del que forma parte, erosiona la coherencia del Ejecutivo y envía señales contradictorias tanto al mercado como a la ciudadanía. La falta de alineamiento en la cúpula del poder, debilita la capacidad de toma de decisiones, reduce la credibilidad institucional y amplifica la percepción de ingobernabilidad.
La convergencia de estos factores configura un escenario de alto riesgo; aumento del déficit, presión inflacionaria, deterioro del ingreso real y posible crisis cambiaria. En lo social, escalada de conflictos; y en lo político, debilitamiento del Ejecutivo y riesgo de ruptura institucional.
Apostar por la desestabilización como vía para acceder al poder, puede resultar en un escenario en el que ya no haya condiciones para gobernar. La mayoría de los actores relevantes, ha optado por maximizar beneficios de corto plazo, aun a costa de la estabilidad del país.
En este contexto, insistir en demandas económicamente inviables y en estrategias de desgaste político no solo es imprudente, es en términos estrictos, una apuesta de alto riesgo con potenciales costos irreversibles. La pregunta ya no es quién capitalizará la crisis, sino si el sistema será capaz de soportarla.
por José Luis Bedregal V.