Bolivia se ha acostumbrado a vivir en crisis permanente. Bloqueos, escasez de combustible, inflación, incertidumbre política y deterioro institucional forman parte de una normalidad peligrosa. Y frente a cada problema, la respuesta suele ser la misma: administrar conflictos, negociar coyunturas y apagar incendios. Pero un país no se construye sobreviviendo día a día. Se construye cuando define hacia dónde quiere ir.
Por eso Bolivia necesita menos bloqueos y más conversación institucional. Pero necesita algo todavía más profundo: rumbo.
La crisis boliviana ya no es solamente económica. Es una crisis de modelo y de visión de país.
Durante casi dos décadas, el MAS impulsó una visión ideológica clara: más Estado, más centralismo, más subsidios, más empresas públicas y mayor control sobre la economía. Ese modelo pudo sostenerse mientras existieron altos ingresos por materias primas, pero terminó agotándose. Hoy el país enfrenta déficit fiscal, caída de reservas, dependencia energética, debilitamiento institucional y pérdida de confianza.
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El problema es que, mientras el viejo modelo se derrumba, nadie parece explicar con claridad cuál será el nuevo modelo para Bolivia.
Porque no basta con administrar mejor la crisis. Tampoco alcanza con prometer unidad o gobernabilidad. Bolivia necesita una propuesta estructural de transformación nacional.
El país necesita construir un nuevo paradigma basado en producción, inversión, institucionalidad y estabilidad. Un modelo donde el Estado deje de ser el gran controlador de la economía y vuelva a concentrarse en lo esencial: garantizar seguridad jurídica, justicia independiente, estabilidad macroeconómica e infraestructura.
Eso implica asumir de manera valiente y oportuna decisiones profundas que durante años fueron políticamente evitadas: reducir burocracia improductiva, transparentar empresas públicas deficitarias, modernizar el sistema tributario y recuperar la confianza en las instituciones.
Pero también implica reconciliar al país con la generación de riqueza.
Durante demasiado tiempo se instaló la idea de que producir, invertir o emprender era casi sospechoso. Se castigó al sector privado con incertidumbre y excesiva regulación, mientras el Estado se expandía sin límites ni eficiencia. Ningún país supera la pobreza destruyendo incentivos. Las naciones progresan cuando crean condiciones para producir más, atraer inversión, oportunidad para todos y generar empleo sostenible.
Bolivia necesita proteger la propiedad privada, fomentar exportaciones, abrir oportunidades para emprendedores y convertir al sector privado en aliado estratégico del desarrollo nacional.
Sin embargo, la transformación no puede ser solo económica. También debe ser moral e institucional. El país necesita recuperar meritocracia, combatir la corrupción estructural y terminar con la lógica del Estado como botín político.
La salida probablemente exige un Gran Acuerdo Nacional que trascienda partidos y coyunturas electorales. Un pacto de reconstrucción con objetivos claros para los próximos treinta años: estabilidad, inversión, institucionalidad, producción y modernización del Estado.
Porque las naciones no cambian únicamente administrando crisis. Cambian cuando cambian de paradigma.
Y Bolivia enfrenta hoy exactamente ese desafío: seguir atrapada en un modelo agotado o atreverse finalmente a construir un nuevo rumbo.
Fernando Crespo Lijeron