El pulso entre la administración de Rodrigo Paz y el evismo expone un conflicto que desborda las demandas callejeras, con bloqueos, presión sobre servicios esenciales y un trasfondo de redes que buscan condicionar el poder político
Esta ilustración representa a Evo Morales, expresidente de Bolivia, con un micrófono y su dedo índice levantado, simbolizando su voz en el debate político. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Fuente: infobae.com
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Bolivia no vive una crisis social y política. Las calles bloqueadas, los caminos cortados, la escasez inducida, la presión sobre los hospitales, la amenaza de desabastecimiento y el intento de convertir la protesta en un instrumento de veto político no son hechos aislados. Son parte de una tecnología de poder que Evo Morales conoce mejor que nadie: asfixiar a las autoridades para obligarlas a rendirse.
El error de muchas democracias latinoamericanas es leer estos episodios con la ingenuidad de quien todavía cree que toda movilización callejera es expresión pura de descontento popular. Las sociedades pueden tener reclamos legítimos, y Bolivia ciertamente sufre una crisis económica real. Pero una cosa es el malestar social; otra, muy distinta, es un poder paralelo utilizado para implosionar la gobernabilidad. En el caso boliviano, esto viene con un temperamento especial: la movilización no es social o política. Por detrás de los disturbios está el crimen organizado que se rehúsa a perder el control del país.
Evo Morales construyó su carrera en esa frontera entre la política institucional y el crimen. Nunca fue solamente un líder indígena, un dirigente sindical o un presidente de izquierda. Fue, desde el inicio, el operador político de una forma de poder territorial asentada en el Chapare, en la economía de la coca, en la disciplina de los sindicatos cocaleros y en la capacidad de transformar bloqueos, marchas y violencia en una herramienta de negociación permanente. Su biografía política no puede separarse de esa arquitectura. El mismo hombre que fue presidente de Bolivia por casi 14 años nunca dejó ser el presidente de las organizaciones productoras de hojas de coca, las mismas organizaciones que producen y fabrican la materia prima para la producción de cocaína.
¿Y cómo llegó Morales al poder? Por los mismos medios con los que ahora intenta socavar la administración de Rodrigo Paz. En 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada cayó después de semanas de protestas y represión sangrienta. En 2005, Carlos Mesa también terminó arrinconado por bloqueos y movilizaciones. Evo no inventó la crisis boliviana, pero entendió como pocos que en un Estado débil la calle podía sustituir a las instituciones. Aprendió que un presidente podía caer antes de terminar su mandato si el país era paralizado con suficiente intensidad. Y luego convirtió esa lección en doctrina.
Cuando llegó al poder, hizo lo que hicieron los revolucionarios con vocación autoritaria: transformó la presión callejera en arquitectura institucional. Cambió la Constitución, alteró símbolos nacionales, creó una nueva bandera y cambió el propio nombre del país. También capturó tribunales, debilitó contrapesos y convirtió al Estado en un instrumento de permanencia. La revolución dejó de ser promesa y pasó a ser parte del sistema. El Movimiento al Socialismo no gobernó Bolivia como un partido normal, gobernó como una maquinaria de ocupación política, territorial y simbólica.
Pero el componente más incómodo de esa historia no está en la ideología. Está en el crimen.
Durante años, América Latina trató al narcotráfico como un problema policial. Después, como una economía ilícita. Ambas categorías ya son insuficientes. En ciertos países, el crimen organizado dejó de ser una actividad clandestina que corrompe al Estado desde afuera. Pasó a ser parte del propio Estado y de sus políticas. Muy diferente del concepto del narcoestado, donde los criminales ejercen influencia exógena sobre el sistema, en Bolivia las instituciones de Estado pasaron a ejercer las funciones del capo criminal.
Eso es lo que he llamado “Estado Narco”. No se trata simplemente de un gobierno infiltrado por narcotraficantes. Eso sería grave, pero todavía clásico. El Estado Narco es algo más sofisticado y peligroso: es la conversión de capacidades estatales, diplomáticas, militares, policiales, territoriales y logísticas en herramientas funcionales a una economía criminal con objetivos políticos.
En “Hugo Chávez, el Espectro”, (un libro que escribí en 2017) sostuve que el chavismo no debía ser entendido apenas como un proyecto venezolano. Era una matriz regional. Una forma de poder que combinaba ideología, petróleo, inteligencia cubana, narcotráfico, redes diplomáticas, propaganda y desestabilización. En esa matriz, Bolivia no apareció como periferia. Aparecía como engranaje. Venezuela era la plataforma política. Cuba, la arquitectura estratégica. Bolivia, uno de los territorios donde la coca, los sindicatos, la frontera, la aviación y el poder revolucionario pudieron encontrarse.
Describí como vuelos militares eran utilizados para el transporte de cocaína entre Bolivia, Venezuela y Cuba. Droga que tenía como destino final los Estados Unidos. Los mismos testimonios que fueron los casos que yo he relatado también llegaron a las manos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Evo Morales está siendo buscado por la justicia de su país por violación de menores de edad. Pero el líder cocalero sabe que pesa sobre él una extradición inevitable a los Estados Unidos, donde tendrá un futuro muy parecido al de Nicolás Maduro. Para salvar la propia piel y la estructura criminal que hace parte de sus gobiernos y que pasó a ser el eje del Estado boliviano, Morales necesita generar inestabilidad extrema para presionar al gobierno o hasta reemplazarlo.
Lo que ocurre ahora con Rodrigo Paz debe ser leído a partir de ese trasfondo. Paz llegó al poder después de una elección que terminó con casi 20 años de hegemonía del MAS. Su gobierno heredó un país quebrado, sin combustible suficiente, con inflación, escasez de dólares y una estructura estatal deformada por años de clientelismo. Pero tocó un punto todavía más sensible: restableció la cooperación con la DEA, reabrió canales de inteligencia internacional y empezó a mover a Bolivia fuera de la zona de impunidad que el evismo había protegido durante años.
La crisis boliviana actual no es solamente una disputa por precios, subsidios o austeridad. Es una lucha por el sistema operativo del Estado. De un lado, un gobierno débil, inexperto y obligado a administrar una emergencia económica. Del otro, una constelación de sindicatos, cocaleros, mineros, operadores políticos y redes de presión que saben cómo paralizar un país. Entre ambos, una economía criminal que necesita que Bolivia siga siendo territorio opaco, frontera porosa y santuario logístico.
Evo Morales ya no tiene el control absoluto que tuvo. Está judicialmente debilitado, políticamente aislado por parte de su propio campo y fuera de la carrera presidencial. Pero conserva algo decisivo: el conocimiento del método. Sabe cómo convertir una causa social en bloqueo. Un bloqueo en crisis. Una crisis en chantaje. Un chantaje en negociación. Y una negociación en supervivencia política.
Bolivia es hoy el laboratorio de una pregunta mayor para América Latina: ¿puede una estructura narcopolítica perder el poder por la vía electoral sin incendiar el país? En el caso boliviano, la respuesta todavía está en disputa. El esfuerzo de estabilización mirando una transición en Venezuela debe ser considerado un benchmarking en que un régimen absolutamente criminal no fue expuesto a una ruptura, sino a un proceso de contención. La región debe observar con atención, porque lo que ocurre en La Paz no es solamente boliviano. Es parte de una guerra más amplia entre Estados débiles y redes híbridas; entre democracias frágiles y economías criminales; entre instituciones imperfectas y proyectos revolucionarios que descubrieron que el caos también puede gobernar.
La frágil institucionalidad boliviana no se enfrenta solo a una protesta. Está enfrentando a una vieja maquinaria de desestabilización que aprendió a esconder el crimen detrás de la revolución. Y si América Latina vuelve a mirar tarde, como tantas veces hizo, descubrirá que el problema no era apenas Evo Morales, sino un sistema que se adapta a cada uno de nuestros países y que resiste morir.
*Leonardo Coutinho es director ejecutivo del Center for a Secure Free Society, en Washington, D.C.
