Crece la presión de los movilizados violentos en ciudades y carreteras del país causando dolor en las familias bolivianas. La Paz ciudad maravilla vive restringida en derechos de: alimentación, salud, educación, libre tránsito y libertad de medios de comunicación.
En las últimas horas, el Gobierno aplica el Operativo Corredor Humanitario militar-policial “Banderas blancas” para despejar las carreteras de: La Paz-Oruro-Cochabamba y otras bloqueadas, sin embargo, en menos de 30 kilómetros encontraron resistencia furibunda con quema de vehículos, piedras a los parabrisas de los motorizados de limpieza y, el corredor humanitario fue puro simbolismo, con efecto contrario, al no lograr sobrevivir en su objetivo, como ocurrió en Sacaba que inmediatamente del retiro de las ejecutorias del plan de Gobierno se repusieron los puntos de bloqueo.
Se ha conseguido el ingreso de oxígeno, combustible y parte de alimentos a La Paz, en versión del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, que tuvo que reconocer la rearticulación de los grupos movilizados en Senkata y Ceja de El Alto.
Los grupos de manifestantes, no se conformaron con la medida de obstruir con piedras y escombros la ruta La Paz a Oruro, sino que en la Zona de Achica Arriba el sábado 23 asaltaron y saquearon las oficinas de SENASAG, Vías Bolivia, Aduanas y quemaron un vehículo de la policía.
La violencia se instala sistemáticamente en ciudades y carreteras, sin que las autoridades en lo interno hayan activado con rigor las investigaciones y procesos penales contra la destrucción de bienes públicos, integridad física y el derecho de transitar libremente en todo el país con seguridad jurídica.
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La tortura al policía Juan Pablo Mamani propinada por los enardecidos grupos evitas y arcistas en Ventilla, le obligaron a decir de rodillas que lo que se exige con los bloqueos es que renuncie el presidente y libere a los detenidos. Referente al caso se desconoce las condiciones para dejar en libertad al rehén.
En otro momento de condena, ha salido a luz la denuncia que hizo la diputada de Libre, Lissa Claros, que un niño murió en la ruta de Llallagua a Potosí cundo era trasladado en una ambulancia a un hospital de la Capital debido a la obstrucción de los campesinos que no comprenden la dimensión de las consecuencias letales que conlleva una emergencia.
En la proximidad de Senkata los grupos violentos golearon al joven discapacitado Fabio Jamil Arzabe que llevaba en su mochila un gato, siendo auxiliado por vecinos y una ambulancia que lo trasladó al Hospital Boliviano Japones donde recibió atención médica. Está claro que no hay respeto a la vida desde el frente movilizado, los actos de barbarie no pueden quedar impunes el Gobierno no puede mirar a un lado y continuar siendo inclemente con la arremetida criminal.
Los saqueos son planificados y por grupos numerosos en cada episodio de magnitud, sin embargo, los cautelados con detención preventiva no sobrepasan la decena, lo que supone que existe una presunta selectividad en la investigación y decisión de algunos fiscales y jueces, no todos, porque también hay de carrera, probos, independientes e imparciales, aunque son contados los que dignifican el cargo de 500 del ministerio público y de 1303 jueces en Bolivia.
Más allá de una estrategia de sorpresa de la Operación Corredor Humanitario Banderas Blancas
-que fue un fracaso-, hay un movimiento que desnuda la firmeza del Gobierno, ante la cadena de delitos de lesa humanidad al evitar que los alimentos vitales para la vida de toda una población (LA Paz), lleguen en migajas: por puentes aéreos y por medio de la solidaridad internacional de países como Argentina, Chile, y el anuncio de EE.UU., entre otros. Y la desidia trasluce, en que
nadie del aparato estatal haya presentado una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Evo Morales, supuestamente sin domicilio desconocido por el fiscal general y la policía, por delitos de presunto exterminio de la población víctimas de las restricciones por orden desde el Chapare. El Estatuto de Roma en su artículo 7 establece los actos que configuran este delito y abre la competencia de la Sala Preliminar de la CPI para admitir y emitir el mandamiento de captura internacional contra la persona o grupos de personas implicados en la comisión del hecho.
El diálogo a este nivel de violencia convocado por el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y de Aguas, Oscar Mario Justiniano, fijado para los días 24 y 27 de mayo con sectores mineros, fabriles, , campesinos, obreros, Bartolinas Sisa y la Federación Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, nace muerto, y lo que muestra es solo fragilidad, como si el Estado tuviera que implorar a las hordas criminales que tomen las riendas en ministerios específicos y forzar una negociación de impunidad colectiva, incluyendo protección reforzada al que genera el caos armado contra el Estado de derecho en nuestro país, reclamado por la justicia y muy pronto por fiscales de Nueva York que investigan a Evo Morales por sus vínculos en delitos de lavado de dinero, financiamiento y tráfico de drogas, en la red que lidera al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Rafael Correa y otros quince involucrados.
Causa asombro que se continue en una línea de fracaso, si ha quedado demostrado que los ultraviolentos en Copata intentaron secuestrar al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, que logró evadir la operación con descarga de piedras y dinamitas contra la caravana. El ministro señaló que sus acompañantes entre policías, militares y civiles están a buen recaudo y que ya está en La Paz. Este evento terrorista vuelve a degenerar escenas de caos, de vehículos en llamas, barricadas incendiarias e instituciones vandalizadas con saqueos y fuego. Se señala que grupos irregulares de la FARS estuvieran tras las hostilidades, recordando que el secuestro es típico de grupos vinculados con el narcotráfico, tráfico de armas modernas, vehículos de alta gama y logística avanzada que la policía ni el ejército poseen.
Bastará revisar los videos que reflejan imágenes de los Ponchos Rojos, Kakachacas y Laimes coreando guerra con armas modernas en carreteras, mensaje claro para el Gobierno que los movilizados y bloqueadores no están dispuestos a bajar las armas para ir a una mesa de diálogo, en cuya agenda no se incluya: libertad de los dirigentes detenidos (lobos negros) y la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
En todo caso, el intento de secuestro al ministro Zamora, merece una respuesta tajante del Gobierno, la medida de la declaratoria del Estado de excepción, que es constitucional, y como el principal destinatario de la cólera de Bolivia por restaurar el Estado de derecho y todas las libertades es Rodrigo Paz y su gabinete, el retraso o tardanza en la medida conlleve una gruesa factura alimentaria, comercial, importación y exportaciones.
El Comité pro Santa Cruz, ha ratificado el plazo otorgado al Gobierno que se cumple a la cero hora del domingo 25 de mayo, para restablecer el orden ante los hechos de violencia registrados en todo el país. El presidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, cuestionó la estrategia del diálogo con grupos violentos que están quebrando la economía del país, al evidenciarse que la estrategia de los movilizados en rutas es forzar la renuncia del presidente. Añadió qué si no se desbloquea San Julián y otros puntos, Santa Cruz con firmeza y en defensa de la libertad de circulación, productividad, exportación e importación procederá a levantar los escombros a riesgo de posibles enfrentamientos entre civiles.
Otro tema central, son los medios de comunicación que cubren los acontecimientos en escenarios de agresión que se está tornando como regular en estos últimos tiempos, pese a la obligación del Estado de proporcionar las condiciones y medidas de seguridad, preocupa que las evidencias de
restricciones por los movilizados no sean investigados y sancionados. Se necesita que la policía garantice la libertad de expresión de todos los comunicadores, y el Estado prevenga los riesgos contra la integridad física de periodistas y camarógrafos. La desprotección y abandono de comunicadores el sábado 23 por autoridades en la Localidad de Copata.
Preocupa que la responsabilidad del Gobierno y del Estado de garantizar la seguridad jurídica de las personas y proteger los derechos fundamentales, tengan que ser restablecidos por la voluntad patriótica de la región más golpeada en la economía, y que las marchas de respaldo a la democracia, al orden constitucional y sus órganos constituidos mediante las urnas, se pierdan en el silencio del poder ejecutivo, permitiendo que la desestabilización avance y se sigan contando los muertos por falta de auxilio, qué ¡dolor!, ¿hasta cuándo se mantendrá la Constitución inaplicada? Veremos si el lunes 25 en Conmemoración de los 217 Años del Primer Grito Libertario en Chuquisaca, la esperanza trascienda y regrese la paz y el progreso para Bolivia.
¡Felicidades Chuquisaca!
Abraham Lincoln en su época dijo: “Los que niegan la libertad a otros, no se la merecen para ellos mismos”,