La polémica sobre la Ley 1720 terminó convertida en una disputa política donde casi nadie discutió el verdadero problema de fondo. La norma fue presentada por unos como una amenaza absoluta contra la tierra y por otros como sinónimo automático de modernización y progreso, cuando en realidad las dos posiciones encierran verdades a medias.
Primero, corresponde desmontar una afirmación repetida durante las movilizaciones: esta no era una “ley de Branco Marinkovic”. El proyecto venía trabajándose desde 2023 y avanzó durante el gobierno de Luis Arce, con tratamiento legislativo dentro de la Asamblea y de la Comisión del Senado presidida entonces por Cecilia Requena. Los propios informes legislativos elaborados hasta abril de 2025 muestran además la participación de distintas organizaciones convocadas para observaciones técnicas, entre ellas Fundación Tierra (convocada por la Comisión de Medio Ambiente del Senado).
El mismo informe de las comisiones y la ley dejan establecido que la ley no afectaba TCO, TIOC ni tierras comunitarias indígenas, al existir un régimen especial diferenciado para ellas. La conversión prevista por la norma aplicaba únicamente a propiedad privada titulada y además tiene carácter voluntario.
Sin embargo, reconocer eso tampoco significa afirmar que la ley estaba libre de riesgos o llena de virtudes. El error de quienes la defendieron fue reducir todo al discurso de acceso al crédito y modernización financiera sin considerar la realidad del pequeño productor boliviano. En el país no existe un sistema sólido de seguro agrícola, ni suficiente protección estatal frente a sequías, inundaciones, plagas o pérdidas productivas. Tampoco existe educación financiera rural adecuada y no debe olvidarse la latente crisis económica. El riesgo de que los campesinos endeudados pierdan sus tierras es alto.
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Por eso, el verdadero debate no debía centrarse en “progreso versus atraso”, sino en cómo evitar que la necesidad económica termine convirtiendo la tierra en una carga de deuda para productores vulnerables. Antes de promover mecanismos financieros sobre la tierra, el Estado debió garantizar protección productiva y respaldo real.
Al mismo tiempo, las organizaciones indígenas también plantearon observaciones válidas. Entre ellas, la flexibilización para regularizar asentamientos, la suspensión por diez años de la fiscalización de la Función Económica Social y la ausencia de consulta previa. La pausa en la verificación de la FES reduce el control estatal sobre el uso efectivo de la tierra y abre cuestionamientos razonables sobre desmontes, especulación y deforestación. ¿Con qué necesidad? Dicho esto, la ley ocasiona más riesgos que beneficios por su limitado y mediocre tratamiento; empero, abrogarla tampoco parece el camino más responsable.
El problema es que el conflicto terminó rápidamente absorbido por intereses políticos. Parte de las movilizaciones derivó en una agenda centrada ya no únicamente en la ley, sino en la presión contra el gobierno y pedidos de renuncia presidencial. Tampoco puede ignorarse que alrededor de varias de estas movilizaciones operan ONG, plataformas y dirigencias que durante años construyeron relaciones de financiamiento, representación y dependencia política dentro de ciertas estructuras indígenas y campesinas. Eso no invalida las demandas legítimas sobre la tierra, la consulta previa o la fiscalización de la FES, pero sí ayuda a entender por qué muchas veces el conflicto terminó alimentado por discursos maximalistas, desinformación y agendas políticas que excedían ampliamente el contenido mismo de la ley.
Pero del otro lado tampoco hubo corresponsabilidad: la institucionalidad agropecuaria y empresarial (sobre todo la Cruceña) reaccionó tarde y dejó que el debate público fuera dominado por miedo y desinformación (desde l occidente). Recién cuando la abrogación avanzó comenzaron las presiones políticas para frenarla.
Si esos sectores consideraban que la ley era beneficiosa, también les correspondía socializarla y explicar sus alcances desde el inicio, especialmente en sus regiones donde existían dudas legítimas.
La Ley 1720 terminó mostrando algo más profundo: la incapacidad del país para discutir reformas estructurales sin convertirlas inmediatamente en trincheras políticas. Ni toda la protesta estaba basada en mentiras, ni toda la defensa de la ley respondía únicamente al interés productivo. Ambos lados utilizaron argumentos parcialmente válidos para sostener agendas políticas más amplias, mientras los problemas reales del pequeño productor y de la seguridad territorial siguen sin resolverse.
Fuente: Nadia Beller