Mientras jueces liberan a sujetos involucrados en hechos de sangre y en estructuras criminales, los magistrados piden al Gobierno que les garantice seguridad permanente.
Fuente: ANF
La criminóloga Gabriela Reyes sostuvo que la creciente ola de sicariatos en el país no puede entenderse únicamente desde la acción de la Policía, sino también producto de una justicia que libera, no investiga y menos desmantela estructuras criminales en el país.
“Debe haber una persecución penal estratégica. No sólo capturas individuales, sino investigación y condena de redes completas: testaferros, financistas, proveedores. ¿Quiénes le daban droga a Sebastián Marset? ¿Por qué no están detenidos?”, cuestionó la experta en entrevista con la ANF.
En la última semana, el país registró al menos tres sicariatos, dos en Santa Cruz y uno en Tarija. El caso más impactante fue el del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure.
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Reyes explicó que algunos casos responden a la disputa interna de grupos criminales que intentan tomar el control del espacio que dejó el narcotraficante Sebastián Marset tras ser capturado en marzo; otros apuntan a venganzas por traicionar al capo. Sin embargo, resaltó que el asesinato del magistrado podría responder a algún fallo agroambiental que afectó ciertos intereses.
Pero sea cualquiera la razón, el tema de fondo es la libertad y garantía que sienten que tienen los sicarios para prestar sus servicios. La experta aseguró que el “cuello de botella” es la justicia.
“El problema no es que falte policía, sino que las capturas no se sostienen en el sistema judicial. No se desmantela la estructura completa ni en lo económico ni en lo institucional, y eso genera un mensaje de impunidad que fortalece el crimen organizado”, afirmó.
Recordó que la justicia ordenó la liberación de El Colla, el proveedor de Marset, al igual que Yerko Iriarte, vinculado a los asesinatos del piloto José Carlos Jiménez y del abogado Lorgio Saucedo.
Al igual que en esos casos, la participación negligente de jueces, fiscales e instituciones, como Migración, la Unidad de Investigaciones Financieras, el Servicio General de Identificación Personal, entre otras, fue importante para no lograr condenas y ampliar el espectro criminal de los implicados.
“Redes ilegales de abogados, fixers, facilitadores, todas esas personas que ayudaban a que la organización de Sebastián Marset funcione como tal, todos ellos tienen que estar detenidos. No sólo se trata de capturar cabecillas, sino de desmantelar ecosistemas criminales. Creo que eso es importantísimo y no se lo está haciendo”, aseguró.
La criminóloga sugirió una auditoría total a los casos donde involucrados en hechos de sangre fueron liberados, además hacer una trazabilidad para identificar a los administradores de la justicia que están implicados en beneficiar con la liberación de criminales e incluso con la devolución de bienes secuestrados.
Esta jornada, la Sala Plena de las máximas autoridades del Órgano Judicial solicitó al presidente del Estado, Rodrigo Paz, la implementación de un protocolo especial de seguridad para que ellos y sus familias sean protegidos, inclusive con escolta personal y vehículos para magistrados y consejeros.