Por Lavive Yañez Simon
Prefiero incomodar con mi verdad a ser aceptada con mi silencio.
La aprobación de la Ley 1719 es, sin duda, un avance. Era insostenible seguir tratando el abigeato como un delito menor mientras el productor asumía pérdidas constantes sin una respuesta efectiva del Estado. Endurecer las penas era necesario, justo y urgente. Pero decir la verdad completa también es una obligación.
El problema es que la ley llega a un escenario que ya cambió. El abigeato de hoy no es un hecho aislado, sino una estructura: una cadena donde el robo es apenas el inicio de un proceso más amplio. El ganado no desaparece, se mueve, se valida y se vende; y en ese recorrido, lo ilegal encuentra la forma de volverse legal.
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Ahí está la debilidad de fondo. Mientras la ley castiga al ladrón, deja intacto el sistema que hace posible el delito. La norma endurece sanciones e incorpora agravantes, pero evita tocar tres puntos críticos: quien facilita, quien compra y los mecanismos paralelos que permiten legitimar el movimiento del ganado. Sin esos tres elementos, el abigeato no solo persiste, se organiza.
El ganado robado tiene destino, tiene mercado y tiene comprador. Cuando alguien adquiere ganado sin verificar su origen —o sabiendo que es ilícito— deja de ser un actor pasivo y se convierte en parte del delito. Porque sin demanda no hay negocio, y mientras haya negocio, habrá robo. No se trata de criminalizar al productor honesto, sino de protegerlo frente a una competencia desleal que distorsiona precios y debilita todo el sistema.
A esto se suma una realidad aún más delicada: la existencia de estructuras paralelas dentro del propio sistema ganadero. Hoy operan asociaciones que, en la práctica, tienen atribuciones similares para avalar el movimiento de ganado, generando duplicidad de funciones, vacíos de control y espacios donde la trazabilidad se diluye. Esto no es un detalle administrativo, es una grieta estructural. Cuando existen múltiples canales de validación, el control se fragmenta y la legalidad se vuelve negociable.
El problema ya no es solo quién roba, sino cómo el sistema permite que lo robado circule sin barreras reales. El ganado robado no se mueve solo: requiere tránsito, validación y certificación. Cuando estos procesos fallan de manera recurrente, la omisión deja de ser un error y empieza a parecer parte del funcionamiento. En ese punto, el problema deja de ser individual y se vuelve estructural.
Por eso, el siguiente paso no puede ser tibio ni parcial. Se necesita una reforma que cierre la cadena completa del delito: tipificar la compra de ganado robado, establecer responsabilidad para quienes faciliten su circulación, ordenar y unificar el sistema de certificación y movimiento de ganado, eliminar o regular estrictamente las estructuras paralelas e implementar trazabilidad obligatoria en toda la cadena pecuaria.
Sin estas medidas, el endurecimiento de penas corre el riesgo de quedarse en un mensaje fuerte, pero insuficiente. La señal que hoy se envía es contradictoria: se castiga al ladrón, pero se permite que el sistema siga funcionando con fisuras. Y en esas fisuras, el delito encuentra espacio.
La Ley 1719 es un paso importante, pero no es la solución. Si no se corrigen estos vacíos, el mensaje real será otro: en Bolivia, el abigeato se castiga, pero aún se puede sostener. El productor no necesita medias respuestas, necesita un sistema que funcione: uno donde robar no sea negocio, donde comprar lo robado sea delito y donde ninguna estructura paralela pueda servir de atajo para legalizar lo ilegal. Ese es el desafío pendiente