Al agotamiento y la debilidad generalizada de sus cuerpos se suman el dolor de cabeza y la falta de aire, síntomas propios del mal de altura, que se ha convertido en el principal problema de salud de este grupo compuesto, en su mayoría, por habitantes de las tierras bajas.
En el refugio cerca de Urujara, un marchista descansa de 24 días de caminata y las afecciones de la altura.
Fuente: Sumando Voces
Con dificultades para respirar, malestar en todo el cuerpo y las rodillas y los pies hinchados y con heridas, un primer grupo de indígenas y campesinos que se movilizan en contra la Ley 1720 llegó a La Paz tras 24 días de caminata.
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El arribo se produjo en la víspera. Al agotamiento y la debilidad generalizada de sus cuerpos se suman el dolor de cabeza y la falta de aire, síntomas propios del mal de altura, que se ha convertido en el principal problema de salud de este grupo compuesto, en su mayoría, por habitantes de las tierras bajas.
Cerca de la tranca de Urujara, en la Sede Integral Productiva Suma Khamaña, cientos de hombres, mujeres y algunos niños descansan e intentan reponerse.
Escarlet Aramayo, de 51 años de edad, dejó a sus seis hijos en su comunidad, ubicada en la provincia Vaca Diez del Beni, donde produce arroz, yuca, plátano y caña para subsistir. Su mayor temor es que la norma facilite que los terratenientes se hagan de nuevas tierras en detrimento de los territorios indígenas.
Con la voz entrecortada relata que el viaje ha sido muy duro: “Grave ha sido la caminata, es algo doloroso para nosotros venir de tierras bajas a tierras altas, no es algo bonito, hace más de 22 días que hemos caminado, pasando frío, hambre, bajo la lluvia, con los pies todos ampollados, pero estamos aquí para defender nuestros derechos, nosotros vivimos de la tierra, de lo que cultivamos. Le pedimos al Gobierno sea más flexible con la norma”.
Hay quienes beben mate de coca para contrarrestar los males, pero algunos no logran sostenerse de pie, y mientras Sumando Voces estuvo en el lugar, una ambulancia tuvo que evacuar a cuatro personas que apenas podían sostenerse; uno de ellos incluso tuvo que ser auxiliado con oxígeno para respirar mejor.
Están distribuidos en varios pisos del inmueble y la falta de colchones y frazadas hace que se vean obligados a descansar en el suelo, cubiertos con lo que tienen a mano. Pasan frío y muchos no pueden hablar por la irritación en la garganta.
Khaterine Gutiérrez, médica voluntaria que llegó al lugar para prestar su ayuda a los enfermos y afectados, socorre a quienes necesitan cuidados. Ella y otros galenos y enfermeros atendieron a unas 200 personas entre ayer y hoy.
“Por el tema de altura hay muchos descompensados y sufren dolores de cabeza leves. Otros tienen problemas estomacales, son pacientes de toda edad. Es un gusto apoyar a los hermanos que necesitan ayuda, el servicio médico siempre debe estar con ellos”, dice.
El mal de altura no es lo único que les afecta. Con ampollas abiertas y callos, los pies de los marchistas cuentan también lo duro que fue el recorrido desde que partieron el 8 de abril. Estas lesiones, así como la hinchazón de las rodillas les impide caminar o les obliga a hacerlo con dificultad.
El polvo y el frío han lastimado las gargantas de muchos, en especial de las mujeres, que se oyen roncas y no pueden hablar por la inflamación. También les cuesta deglutir, por eso piden que les cooperen con sopas o caldos que sacien su hambre sin que les duela al tragar.
Llega apoyo, pero es insuficiente
Afuera del recinto que les acoge se ha instalado un punto de acopio, un letrero permite ubicarlo con facilidad. Grupos de voluntarios organizan la ayuda para que se distribuya de manera equitativa. Pero la mayor demanda es evidente: frazadas y ropa abrigada, alimentos calientes y medicamentos que les ayuden a paliar el dolor y los efectos de la altura.
Aseguran que su paso por La Paz no ha de ser fugaz y reiteran que no se irán sino hasta que la Ley 1720 haya sido abrogada, porque la ven como una amenaza contra la propiedad individual y colectiva y porque temen que también impacte en el medio ambiente, en su cultura y en sus tradiciones.
“Nos encontramos acá con una sola causa: ejercer nuestros derechos. El Gobierno vulnera los derechos al aprobar una ley sin consulta previa. Se dice que esta norma no nos afecta como indígenas campesinos, pero obtener créditos mediante esta ley es muy difícil porque la tierra no siempre produce bien y al no poder pagar la deuda, el banco se quedará con lo que tenemos; con eso, los grandes empresarios se comprarán nuestras tierras, alimentando el latifundio, y nosotros vamos a tener que dejar nuestro hábitat”, explica Óscar Cardozo, dirigente indígena del Norte Amazónico.
Por ahora, este primer grupo aguardará la llegada de la otra parte de la columna que aún se dirige hacia La Paz. Se prevé que ingresen este lunes 4 de mayo.
Los cuestionamientos a la norma
La protesta —denominada Marcha por la defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios— partió hace 24 días desde el norte amazónico con demandas estructurales sobre territorio, leyes agrarias y condiciones económicas.
La movilización demanda la abrogación de la norma que autoriza la conversión de la pequeña propiedad agraria. Indígenas y campesinos argumentan que es inconstitucional, pues viola al menos cuatro artículos de la Carta Magna y se constituye en una amenaza para la propiedad individual y colectiva.
En el primer caso, temen la expropiación de los predios que vayan a ser hipotecados en los bancos, pues una de las finalidades de la ley es que, una vez realizada la conversión, los propietarios recurran al sistema financiero para potenciar la producción y se vean impedidos de pagar sus deudas.
En cuanto al impacto que esto tendrá en la propiedad colectiva, se teme que el cambio de matriz productiva y la mercantilización de las tierras (destinadas a la producción de subsistencia) altere el entorno cultural.
Las y los movilizados también reclaman que la norma no haya sido consensuada, como establece una convención internacional (Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes).
Por su lado, el Gobierno sostiene que la conversión no es obligatoria, sino voluntaria, y que la Ley 1720 no viola la Carta Magna ni afectará a las propiedades colectivas. Según el Ejecutivo, esta es una oportunidad de desarrollo para los propietarios individuales ya que podrán obtener créditos para fortalecer la producción.
El Ejecutivo envió varias comitivas para dar alcance a los marchistas e instalar diálogos acerca de la norma, pero sin negociar la abrogación.
Inicialmente, esta norma fue redactada y propuesta al Legislativo por parte de asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS). Como su tratamiento no prosperó se quedó “dormida” durante al menos un par de años y en esta nueva gestión fue repuesta por el senador de Libre, Branko Marinkovic.