El sistema penitenciario atraviesa una crisis marcada por el hacinamiento, la violencia y condiciones que la propia Defensoría del Pueblo califica como “inhumanas”, de acuerdo al informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia durante la gestión 2025, que además advierte sobre el fracaso de las medidas de indulto y amnistía impulsadas por el Gobierno para reducir la sobrepoblación carcelaria.
Fuente: ANF
Según la institución, a finales de 2025 la población penitenciaria alcanzó las 32.150 personas privadas de libertad, una de las cifras más altas registradas en el país. Aunque el crecimiento respecto a 2024 fue menor, el hacinamiento continúa siendo crítico: las cárceles operan al 169% de su capacidad.
La Defensoría alertó que este escenario agrava la vulneración de derechos fundamentales y favorece prácticas abusivas dentro de los recintos penitenciarios. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura identificó extorsiones a internos por el uso de baños, el ingreso de alimentos y otros servicios básicos, además de condiciones materiales degradantes que ponen en riesgo la integridad física y psicológica de los reclusos.
El informe también señala persistentes deficiencias en el acceso a agua potable, alimentación, salud y educación. A ello se suma la falta de exámenes médicos iniciales y tratamientos especializados para la población carcelaria. Entre los pocos avances destacados, la Defensoría mencionó la aprobación de un protocolo de atención para personas privadas de libertad con VIH/Sida y las gestiones para garantizar el pago de la Renta Dignidad a adultos mayores en 18 centros penitenciarios.
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Otro de los puntos críticos identificados es el elevado uso de la detención preventiva. Aunque el porcentaje de personas encarceladas sin sentencia disminuyó de 58,7% a 52,18% en un año, Bolivia continúa siendo el segundo país de Sudamérica con mayor cantidad de detenidos preventivos.
Aumento de muertes violentas
La situación de inseguridad interna también se agravó. El reporte da cuenta de que las muertes violentas dentro de las cárceles se duplicaron en un año: de nueve asesinatos u homicidios registrados en 2024 se pasó a 18 casos en 2025. Además, se reportaron 20 motines o intentos de motín en distintos recintos del país.
Muchos de estos conflictos estuvieron relacionados con retrasos de hasta cinco meses en el pago de los prediarios —recursos destinados a la alimentación de los internos— por parte de gobiernos departamentales. La Defensoría advirtió que esta situación incrementa la tensión y profundiza las condiciones de precariedad en los penales.
El informe también denuncia la consolidación de sistemas de “autogobierno” dentro de las cárceles, donde la seguridad interna es delegada a los propios reclusos. Según la institución, esta práctica facilita abusos, cobros irregulares, extorsiones y torturas entre internos.
En cuanto a las medidas de descongestionamiento, la Defensoría observó una aplicación prácticamente nula de los decretos presidenciales de amnistía e indulto. El reporte señala que, tras siete meses de vigencia del Decreto Supremo 5137, solo una persona se había beneficiado efectivamente del indulto, reflejando la ineficacia de estas disposiciones frente a la crisis carcelaria.
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