Otro tema que no puede negociarse es la continuidad del actual gobierno, porque esto desconocería los resultados de la voluntad popular expresada en las urnas en las pasadas elecciones nacionales.
Fuente: El Diario
Ante los condicionamientos de algunos sectores actualmente movilizados para acudir al diálogo con el Gobierno, el diputado por la alianza Unidad, Alejandro Reyes, afirmó que los delitos cometidos contra la ciudad de Sede de Gobierno y su población se asemejan a “crímenes de guerra”, que no pueden ni deben ser negociados.
En declaraciones a la prensa, el legislador representante del departamento de La Paz rechazó categóricamente la posibilidad de que se dejen sin efecto las órdenes de aprehensión emitidas por la justicia contra varios dirigentes sindicales, como forma de viabilizar un diálogo que pacifique el país.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En su criterio, lo único que se lograría con una medida de estas características sería dar impunidad a una dirigencia que actúa al margen de la ley y ha atentado contra la seguridad de la población de la Sede de Gobierno.
“Los paceños hemos sido víctimas prácticamente de un crimen de guerra, por lo tanto, no podemos perdonarles a los autores intelectuales y materiales de ello, me parece que esto sería completamente innecesario”, dijo.
Para Reyes, otro aspecto que no puede negociarse es la continuidad del actual gobierno, porque esto desconocería los resultados de la voluntad popular expresada en las urnas en las pasadas elecciones nacionales.
“No se puede negociar con alguien que quiere acortar el mandato de un presidente, eso es innegociable y creo que la COB debe entender que ese pedido es imposible de cumplir”, añadió.
Esta semana, en el marco del diálogo convocado por la Vicepresidencia y las bancadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sectores movilizados condicionaron la participación del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, a la anulación de la orden de aprehensión que pesa en su contra.
Al respecto, la diputada oficialista Catherine Pinto pidió que se considere cualquier posibilidad viabilizar el diálogo, en este caso, ver las formas para que el Ministerio Público deje sin efecto dicho requerimiento, más si de esta forma se logra pacificar el país.
“Los denunciantes tendrán que levantar la denuncia o ver alguna otra forma. Todo lo que viabilice el diálogo debe ser apoyado porque la gente está sufriendo”, sostuvo.
Ayer, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, aclaró que la orden de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la COB continúa vigente.
“Ante una denuncia que realizó el Ministerio de Gobierno en su momento, se apertura, se reciben informes policiales, de inteligencia en los cuales piden que se emita una resolución de aprehensión en contra de él y otras personas; dicha resolución, a la fecha, se encuentra vigente”, confirmó la autoridad.
A pesar de mantenerse vigente esta medida, Mariaca aseguró que el Ministerio Público es respetuoso de cualquier decisión judicial que pueda determinar si se deja sin efecto la orden de aprehensión o a través de una acción constitucional que formalicen los denunciados.
Fuente: El Diario