Santa Cruz. El 21 de abril fue presentada la denuncia por el TSJ ante la Fiscalía, pero no se emitieron citaciones a denunciados, a víctimas y tampoco se realizaron peritajes, inspecciones oculares y otras diligencias .
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El caso radicó en el juzgado noveno de instrucción y los denunciados no fueron citadas las víctimas, en este caso el Gobierno Municipal como propietario de los terrenos del Mutualista durante 40 años, así como los gremiales que ocupan esos predios.
Al no haber ninguna actuación presentada ante el juez de la causa en la etapa preliminar de 20 días, según los procedimientos, viene una conminatoria y la extinción de la acción.
En los 20 días se debía adjuntar al juzgado citaciones a denunciados, a víctimas, pericias a través de especialistas, inspecciones oculares y otras diligencias.
Tras presentar la denuncia el 21 de abril, Romer Saucedo reafirmó la postura institucional de defensa del mercado Mutualista, al que calificó como un bien público.
“Nosotros vamos a defender el Mutualista, es una postura que la he asumido públicamente. Estamos demostrando un hecho real, el Mutualista es un patrimonio de los cruceños, es un bien de dominio público y lo vamos a demostrar también”, aseguró Saucedo.
Arbitrarios y contradictorios
Las resoluciones emitidas por los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y una jueza fueron calificados como arbitrarios y contradictorios por el TSJ, en su denuncia formal del 21 de abril.
Sobre la jueza de Pailón, señala que asumió conocimiento y admitió una acción de amparo constitucional, sin contar con competencia territorial. Luego la jueza, pese a haber asumido conocimiento del proceso y dictado medidas cautelares, declinó competencia por razón de territorio sin anular obrados.
Asimismo, se evidenció que los magistrados Isidora Jiménez Castro y Petronilo Flores Condori, emitieron sentencia validando actuaciones procesales originadas sin competencia territorial, sin respaldo probatorio suficiente ni verificación adecuada de titularidad en contravención a principios constitucionales.
EL DEBER envío una consulta al fiscal departamental Alberto Zeballos vía mensaje de WhatsApp para conocer su versión respecto a esta declaración vertida por el presidente del TS, pero no fue posible su respuesta.
La Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz exhortó el pasado miércoles al TCP para que proceda a revisar una sentencia que favorecía a la familia Crapuzzi sobre el caso Mutualista.
