La centralización del poder político no es una idea nueva. Desde los grandes imperios hasta el surgimiento de los Estados modernos, buena parte de la historia política puede leerse como un esfuerzo por concentrar autoridad, recursos y decisiones en un centro único de mando. La Edad Media, con su dispersión de reinos, señoríos, ciudades y jurisdicciones locales, interrumpió parcialmente esa tendencia. Pero con el ascenso de los Estados-nación, y sobre todo con la consolidación del modelo administrativo francés, la centralización volvió a ocupar el centro de la organización política.
La Revolución Francesa no inventó la centralización, pero sí le dio una forma moderna: racionalista, uniforme y administrativa. Bajo la idea de que la sociedad podía ser rediseñada desde la razón, se impulsó un modelo territorial homogéneo, donde las diferencias locales, los cuerpos intermedios y las formas espontáneas de organización fueron vistas muchas veces como obstáculos al progreso. Esa lógica, perfeccionada luego por el Estado napoleónico, influyó profundamente en buena parte del mundo, incluida América Latina.
Naturalmente, existieron excepciones. Inglaterra preservó una tradición jurídica y política menos inclinada al centralismo administrativo continental. Estados Unidos, como observó Tocqueville, desarrolló una sociedad civil vigorosa y una cultura de autogobierno local que hizo mucho más difícil la imposición de un poder central excesivamente absorbente. Sin embargo, una mirada superficial a la realidad de la mayoría de nuestros países basta para advertir que aspectos decisivos de la vida social —desde la economía hasta la educación, desde la organización territorial hasta la toma de decisiones públicas— siguen regidos por una fuerte lógica centralista.
Los pensadores liberales siempre fueron conscientes de las limitaciones de la centralización. Adam Smith advirtió contra la tentación del gobernante que cree poder ordenar la sociedad como si se tratara de un tablero de ajedrez, olvidando que cada individuo tiene sus propios fines, incentivos, información y capacidad de acción. Esa crítica sigue siendo central: la sociedad no es una máquina que pueda ser diseñada desde arriba.
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- A. Hayek profundizó esta intuición al mostrar que el conocimiento relevante para la vida social y económica está disperso entre millones de personas. Nadie posee toda la información necesaria para organizar una economía, una ciudad o una comunidad desde un escritorio central. Los precios, las costumbres, las instituciones locales y las decisiones individuales transmiten información que ningún planificador puede concentrar ni procesar por completo.
Desde esta perspectiva, la descentralización aparece como una respuesta razonable frente al exceso centralista. Si las decisiones se toman más cerca de quienes viven sus consecuencias, es más probable que incorporen información local, preferencias reales y condiciones concretas. Esto vale para la educación, la infraestructura, los impuestos, los servicios públicos y muchas otras áreas donde la uniformidad nacional suele terminar produciendo rigidez, ineficiencia y desconexión con la realidad.
Es cierto que los movimientos autonomistas más relevantes, como el español o, más recientemente, el boliviano, no nacieron necesariamente de la tradición liberal clásica ni de la economía política hayekiana. Sus raíces fueron históricas, regionales, culturales y políticas. Pero su crítica al centralismo apunta, en buena medida, al mismo problema: la imposibilidad de gobernar sociedades complejas desde un único centro decisorio.
Por eso, la autonomía puede representar un avance importante. Permitir que las regiones definan parte de sus políticas educativas, administrativas o fiscales puede abrir espacio para la innovación institucional. También puede incentivar una idea poco explorada en nuestros países: la competencia fiscal. Cuando distintas regiones compiten ofreciendo mejores condiciones tributarias, regulatorias o administrativas, los ciudadanos y las empresas dejan de estar atrapados en un único modelo impuesto desde el centro.
Sin embargo, conviene no confundir los medios con los fines. La descentralización puede ser deseable, pero no es necesariamente equivalente a libertad. Un gobierno regional puede ser tan intervencionista, arbitrario o ineficiente como un gobierno central. Cambiar el lugar desde donde se ejerce el poder no implica, por sí solo, limitarlo.
La descentralización mejora ciertos problemas del centralismo: acerca trámites, permite decisiones más contextualizadas, facilita la rendición de cuentas y puede introducir competencia entre jurisdicciones. Todo eso es valioso. Pero sigue dejando intacta una pregunta más profunda: ¿cuánto poder debería tener cualquier gobierno —nacional, regional o local— sobre la vida de las personas?
Ese es el punto decisivo. No basta con preguntarnos si una currícula escolar debe ser definida desde la capital o desde una región. También debemos preguntarnos si corresponde que el gobierno imponga una currícula obligatoria a todas las escuelas. No basta con discutir si los impuestos deben ser administrados por el nivel central o por las regiones. También debemos preguntarnos si la carga tributaria que soportan los ciudadanos es justa, razonable y compatible con una sociedad libre. No basta con trasladar competencias. Hay que discutir los límites mismos del poder público.
La descentralización puede ser una etapa útil para superar los excesos del centralismo recalcitrante. Puede corregir ineficiencias, reconocer diferencias territoriales y abrir espacios de experimentación institucional. Pero no debería convertirse en el horizonte final de los reformadores. El verdadero horizonte debería ser la liberalización.
Si ceder autonomía desde el gobierno central hacia las regiones se considera un logro político importante, mucho más importante debería ser ceder poder desde cualquier gobierno hacia el individuo. La pregunta de fondo no es únicamente si decide el centro o decide la región. La pregunta verdaderamente relevante es cuánto espacio queda para que decida la persona.
La descentralización puede acercar el poder. La liberalización, en cambio, lo limita. Y en sociedades acostumbradas a que el Estado lo administre casi todo, esa diferencia no es menor: es precisamente la diferencia entre reformar la estructura del poder o comenzar, por fin, a devolverle libertad al ciudadano.
Oscar M. Tomianovic