La medida extrema del bloqueo de caminos se ha convertido no solo en una forma de vulnerar la vigencia de la Carta Magna, sino de someter a todo un país y su gente a posiciones radicales e intransigentes. Estudios de opinión revelan que la población coincide en rechazar rotundamente los bloqueos y pide sanciones para los responsables de usar este tipo de medidas como forma de presión al Gobierno. Advierten que, si no se viabiliza una norma contra los bloqueos, el país quedará sometido al caos y la anarquía, donde promover cualquier política estructural como un cambio de modelo económico, será una verdadera misión imposible.
Fuente: El Diario
Ante estudios de opinión que demuestran el rechazo de la población hacia los bloqueos de caminos como medida de protesta y la necesidad de una norma que sancione y prohíba este tipo de prácticas, el asambleísta nacional por La Paz, Carlos Alarcón, aseguró que estos actos son delitos que se constituyen en un arma de destrucción masiva contra la Constitución Política del Estado (CPE).
A través de sus redes sociales, Alarcón afirmó que la medida extrema del bloqueo de caminos se ha convertido no solo en una forma de vulnerar la vigencia de la Carta Magna, sino de someter a todo un país y su gente a posiciones radicales e intransigentes.
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“Los bloqueos son una especie de arma de destrucción masiva contra la Constitución, la democracia, los gobiernos legítimamente constituidos, la economía del país y los derechos humanos de los ciudadanos afectados”, dijo.
Asimismo, resaltó que un importante porcentaje de la población coincida en la necesidad de penalizar esta práctica, sancionando drásticamente a sus ejecutores, promotores y financiadores, tal como se refleja en recientes estudios de opinión en los que se consultó a la ciudadanía sobre su percepción respecto a los bloqueos y sus efectos negativos sobre la economía nacional.
“La gente concuerda en que los bloqueos son delitos y deben ser castigados con sanciones penales y los bloqueadores tienen que ser castigados con esta norma”, añadió.
Esta semana, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)dio a conocer los resultados de un sondeo de opinión realizado de manera virtual a nivel nacional, en el que la población coincidió en expresar su rotundo rechazo a los bloqueos y pedir sanciones para los responsables.
“La gente dice basta, rechaza los bloqueos y pide sanción para los bloqueadores y sus promotores”, afirmó el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, en conferencia de prensa.
El 98% de las respuestas recolectadas en el marco de este estudio de opinión censuran los bloqueos por perjudicar la actividad cotidiana y dañar la imagen del país.
De la misma manera, 77 de cada 100 personas dicen que eso influye negativamente en su trabajo y en la libre circulación, que es un derecho humano que no se respeta.
Además, el 96% rechaza los bloqueos como un mecanismo de presión y el 95% indica que el método para resolver diferencias o lograr aspiraciones debe ser el diálogo.
“Noventa de cada 100 personas están siendo afectadas de una u otra manera por los bloqueos y finalmente el 96% dice que bloquear es un delito, protestar no equivale a bloquear. Protestar es un derecho humano; bloquear es una actividad criminal por su naturaleza violenta”, aseguró Rodríguez.
En ese contexto, indicó que el 95% de quienes participaron del sondeo de opinión pidieron una sanción a los promotores y a los bloqueadores.
Según Rodríguez, el daño a la ciudadanía es generalizado, particularmente sobre agentes económicos como productores agropecuarios, industriales, exportadores, importadores, transportistas, comerciantes, prestadores de servicio, consumidores y trabajadores. A esto se suma el daño al país en términos económicos, en la imagen a nivel internacional y en la pérdida de vidas.
En el mes de diciembre de 2025, el diputado Alarcón presentó ante la Cámara de Diputados el Proyecto de “Ley Antibloqueos”, con 3 diferentes tipos de sanciones para bloqueadores, organizadores, directores y financiadores de los bloqueos, según la gravedad del delito, además de establecer una responsabilidad solidaria para el pago de daños y perjuicios causados a las víctimas de este tipo de medidas, también de garantías efectivas para la Policía y fuerzas Armadas que cumplan funciones de desbloqueo.
La propuesta normativa planteó la abrogatoria de la “Ley Copa” sobre los Estados de Excepción, que por la demora en el tratamiento de la “Ley Antibloqueos”, debió ser presentada como un proyecto independiente posteriormente sancionado en la ALP con más de 2/3 de votos.
En criterio de Alarcón, el sondeo del IBCE confirmó que la población ve en los bloqueos y en los bloqueadores un delito y una acción que debe ser sancionada, “es un dato contundente de que una vez sancionada la Ley Antibloqueos en la ALP, si antes de su promulgación se la somete a referéndum, la inmensa mayoría de los bolivianos con nuestro voto erradicaríamos definitivamente la práctica criminal de los bloqueos”.
Finalmente, advirtió que, si no se viabiliza una norma contra los bloqueos, el país quedará sometido al caos y la anarquía de la violencia, donde promover cualquier política estructural para salir de la crisis, cambiar de modelo económico o alcanzar el crecimiento sostenible, será una verdadera misión imposible.
Fuente: El Diario