Recuerdo la serie de televisión El Zorro (1957), cuyo argumento giraba en torno a un héroe enmascarado que luchaba contra los abusos del estado. Ambientado en California en los tiempos de la colonización española, gran parte de este abuso se expresaba en el cobro de tributos que superaban la capacidad de pago de los contribuyentes. También la película Robin Hood de Errol Flynn (1948), ambientada en la Inglaterra medieval, sobre un bandido que le robaba al recaudador de impuestos, el Sheriff de Nottingham. En realidad, era una lucha contra los cobros excesivos de tributos del rey a empobrecidos campesinos. Habrá de reconocer en estas ficciones la distancia que genera con el ciudadano común ese Estado despersonalizado que exige hasta el agotamiento y devuelve muy poco.

Durante décadas, las democracias occidentales sostuvieron un relato optimista sobre las capacidades administrativas del Estado moderno. Después de la tragedia de dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX, la expansión de las instituciones públicas fue presentada como una garantía de estabilidad, bienestar y justicia social. De modo que los ciudadanos aceptaban pagar impuestos a cambio de hospitales, carreteras, educación, protección social. Sin embargo, el paso del tiempo, y la inoperancia, han fracturado esa relación.

Hoy se ha instalado la sensación de que el Estado ya no considera al ciudadano como parte de una comunidad política, sino como un potencial sospechoso de esquilmarle su patrimonio a través de los impuestos. El reciente caso de Shakira y su larga disputa con la Hacienda española es ejemplo de esto. Tras años de litigios, la cantante denunció públicamente haber sido víctima de “un sistema que presume la culpabilidad y obliga a demostrar la inocencia desde la ruina económica y emocional”. Sus palabras encontraron eco en miles de ciudadanos comunes que sienten algo parecido frente a las burocracias contemporáneas.

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El problema no radica en los impuestos. Es indudable que toda sociedad organizada necesita recaudar recursos para sostener su funcionamiento. El conflicto aparece cuando la lógica tributaria deja de sentirse como un acuerdo colectivo y comienza a parecer un mecanismo de persecución. Allí es donde el Estado deja de ser garante del orden democrático, para transformarse en un ente distante, frío y abusivo.

Uno de los peligros centrales de la modernidad es la deshumanización burocrática. El poder moderno se expresa mediante una dictadura invisible, que constituye un tipo de violencia no explícita. Manifestado en oficinas impersonales, procedimientos interminables y funcionarios que aplican normas sin preguntarse por sus consecuencias.

La burocracia moderna tiene la particularidad de que nadie parece responsable de nada. El ciudadano no enfrenta a una persona, sino a un ente informe que genera sanciones automáticas, convirtiendo la vida privada en objeto de vigilancia administrativa. Todo ocurre bajo la apariencia de legalidad y racionalidad técnica, con un efecto material y mental que puede llegar a ser devastador.

En España, durante los últimos años, no solo figuras de renombre y recursos, como Shakira, han denunciado abusos tributarios. También pequeños empresarios, trabajadores independientes y contribuyentes comunes han comenzado a expresar un creciente sentimiento de indefensión frente a la Agencia Tributaria. Incluso los contribuyentes quedan con la idea que el sistema se concentra excesivamente en los errores menores de ciudadanos corrientes, mientras los grandes fraudes permanecen parcialmente fuera del radar.

El problema es cultural y político. Las sociedades modernas parecen haber naturalizado la idea de que el ciudadano debe probar constantemente su inocencia frente a papá fisco. Cada movimiento contable se transforma en motivo de sospecha. El contribuyente termina atrapado en una lógica donde el error administrativo se castiga como si fuera una conducta criminal.

Una relación asimétrica que altera profundamente el orden democrático. La libertad radica en la posibilidad de vivir en un espacio público donde el individuo no esté permanentemente dominado por el miedo. Una democracia saludable necesita ciudadanos que confíen en sus instituciones. Pero cuando el vínculo con el Estado se basa en la amenaza constante, la confianza se erosiona inevitablemente.

Se trata de una transformación que se justifica en nombre del bien común a través de una burocracia que rara vez se presenta como opresiva y que se justifica en aras de la eficiencia. El riesgo mayor para las sociedades democráticas modernas reside la capacidad de esas estructuras administrativas para producir sufrimiento sin necesidad de manifestar un odio explícito. El funcionario no necesita sentirse cruel, basta con que cumpla con su trabajo.

En América Latina, con sociedades históricamente marcadas por la desconfianza hacia las instituciones, la percepción de abuso estatal se convierte en combustible para el deterioro de la institucionalidad. Cuando el ciudadano siente que el Estado solo aparece para fiscalizar y sancionar, mientras fracasa en su labor de garantizar sus derechos mínimos, se genera una crisis de legitimidad. El Estado deja de percibirse como algo propio, por lo que el ciudadano deja de sentirse como parte de una comunidad. Es un individuo obligado a sobrevivir dentro de una estructura hostil. Y cuando eso ocurre, la democracia pierde el pilar básico de la confianza cívica.

Cuando el ciudadano se relaciona con el Estado desde el miedo, el poder pierde legitimidad, aunque su actuar se enmarque dentro de la legalidad. Y ese es, probablemente, uno de los grandes dramas silenciosos de nuestro tiempo. El Estado abandona su rol de protector para transformarse en un ente recaudador: En el codicioso Sheriff de Nottingham.

Por Mauricio Jaime Goio.