El canciller afirmó que existen amenazas contra vecinos para obligarlos a bloquear, denunció saqueos y anunció corredores humanitarios para abastecer de alimentos, combustibles y medicinas a La Paz y El Alto.
“El delito no se negocia, el delito no se dialoga”, sentenció el canciller Fernando Aramayo, quien defendió la decisión oficial de habilitar corredores humanitarios y anticipó operaciones para reabastecer de combustibles, alimentos y medicinas a las ciudades afectadas.
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La denuncia coincide con testimonios recogidos por EL DEBER en El Alto, donde vecinos aseguran que exdirigentes y operadores barriales recorren domicilios desde la madrugada para obligar a la población a salir a bloquear, bajo amenaza de represalias.
“Han venido a golpear las casas indicando que tenemos que salir a bloquear. Incluso advirtiéndonos de que van a anotar las casas que no salgan”, relató una vecina alteña que pidió resguardar su identidad.
Según ese testimonio, la consigna principal transmitida a los vecinos es exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, sin una consulta previa a las bases. Afirmó que no hubo asambleas como en otras ocasiones.
“Ya no hay democracia real. Los dirigentes ya no consultan, ahora ordenan”, sostuvo.
Denuncias de violencia y saqueos
Aramayo aseguró que los hechos registrados en las últimas jornadas desbordaron el derecho a la protesta y derivaron en violencia contra civiles.
El canciller mencionó la agresión a un policía en inmediaciones del Teleférico Azul, ataques a minibuses, agresiones a transeúntes, el robo a un lustrabotas y la violencia ejercida contra una persona con síndrome de Down.
“¿Merece ese lustrabotas que le pateen su cajita y le roben todo lo que ganó en el día? ¿Merece una familia que no pueda llegar a un hospital?”, cuestionó.
A estas denuncias se suman reportes sobre saqueos ocurridos durante las movilizaciones del lunes en sectores de El Alto, donde grupos violentos irrumpieron en viviendas y negocios para robar pertenencias.
Días atrás, el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, también aseguró que existen recursos financieros para sostener las protestas, una afirmación que el Gobierno utiliza para reforzar su tesis de una movilización con fines desestabilizadores.
El canciller alertó que los bloqueos ya provocaron la muerte de tres personas por falta de asistencia médica y sostuvo que el país enfrenta una crisis humanitaria.
“Se necesitarían 600 toneladas diarias de alimentos para cubrir el déficit que están causando estos bloqueos en El Alto”, afirmó.
En ese contexto, explicó que Bolivia recibió apoyo logístico de Argentina, que habilitó dos aeronaves Hércules con capacidad de 30 toneladas para trasladar ayuda humanitaria. También mencionó respaldo de Chile y Ecuador.
“No abastece, pero agradezcamos que hay países que están prestando apoyo para enfrentar esta crisis”, señaló.
Aramayo afirmó que el Gobierno abrirá corredores humanitarios “a diferentes intensidades” para garantizar el ingreso de suministros esenciales.
¿Salida política?
Mientras el Gobierno acusa una acción coordinada para desestabilizar al Ejecutivo, el expresidente Evo Morales planteó este miércoles que la salida a la crisis pasa por convocar elecciones en un plazo de 90 días para “pacificar el país”.
La propuesta se produce en medio de crecientes tensiones políticas y mientras el oficialismo insiste en que no dialogará con sectores cuya demanda central sea la renuncia del presidente.
«No vamos a reprimir, pero tampoco vamos a dejar que se sobrepase la ley”, afirmó Aramayo.
