A través de la Gaceta Oficial, el Órgano Ejecutivo ratifica la abrogación de la Ley 1720 y establece un mandato de 60 días para que la Asamblea Legislativa Plurinacional elabore una normativa basada en el consenso técnico y social.
El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1731 el miércoles. Foto: Archivo
Fuente: RED UNO
En cumplimiento de las atribuciones constitucionales y como resultado de los acuerdos alcanzados con diversos sectores sociales, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1731 que abroga la Ley 1720 y de inmediato fue publicada en la Gaceta Oficial, sentando las bases para una reforma agraria participativa y técnicamente sustentada.
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Desde una perspectiva institucional, la Ley 1731 no solo deja sin efecto la normativa anterior, sino que refuerza los pilares del régimen agrario nacional. El Estado ratifica su compromiso con la protección de las funciones sociales y económicas de la tierra, estableciendo salvaguardas explícitas para los territorios indígenas y áreas protegidas.
La norma subraya que cualquier proceso de conversión de la pequeña propiedad agraria será estrictamente voluntario. De este modo, se garantiza que el carácter técnico, administrativo y legal del proceso beneficie directamente al productor, preservando la exclusión de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC) y las áreas de reserva natural.
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva legislación es la revalorización de las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD), creadas originalmente por la Ley N° 1715. Según la Disposición Transitoria Segunda, el proceso de concertación debe fundamentarse en estos entes para asegurar:
Representatividad y Legalidad: La participación activa de entidades nacionales y departamentales cuya representatividad esté debidamente verificada.
Pluralismo Sectorial: Un espacio de diálogo técnico donde los actores del agro puedan proponer las condiciones y procedimientos del futuro marco normativo.
Mandato al Órgano Legislativo
La Ley 1731 otorga a la Asamblea Legislativa Plurinacional un plazo de sesenta (60) días para proponer una nueva ley. Este periodo exige una coordinación estrecha entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, bajo una visión de Estado que priorice la estabilidad del sector rural y el acceso a beneficios posteriores a la conversión de tierras.
«Esta decisión es fruto del diálogo institucional y busca consolidar consensos que integren a todos los sectores del país», manifestó el primer mandatario, destacando que la paz social y el respeto a la legalidad son los ejes rectores de esta transición normativa.
Con la publicación oficial de esta ley, firmada también por el ministro José Luis Lupo Flores, el Gobierno reafirma su facultad de ajustar las políticas públicas en atención a las demandas de representatividad y seguridad jurídica agraria.