Por Ricardo V. Paz Ballivián
De nuevo los extremos indolentes, las minorías eficaces de las corporaciones gremiales y cívicas, se juntan para derrocar a un gobierno ungido por los ciudadanos. Unos claman porque el gobierno use la fuerza para desbloquear y combatir la sedición en las calles, y los otros esperan, frotándose las manos, que el gobierno cometa ese error.
A tan solo seis meses de la inauguración del mandato de Rodrigo Paz, Bolivia se asoma una vez más al abismo de su propia desmesura, atrapada en una dialéctica perversa donde la racionalidad democrática parece ser el bien más escaso. Resulta imperativo detenerse y analizar con rigor intelectual y memoria histórica la peligrosidad de aquellas voces que, envueltas en una falsa bandera de orden y legalidad, exigen el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana para “limpiar” las carreteras mediante el uso de la fuerza letal. Esta postura no solo es éticamente reprochable, sino que constituye un suicidio político para cualquier administración que pretenda preservar la institucionalidad.
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La historia boliviana, esa maestra implacable que tantos parecen ignorar, demuestra con una precisión casi matemática que los movimientos insurreccionales y los grupos que promueven la sedición no temen a la represión; por el contrario, la necesitan. Se alimentan de ella. El uso inmoderado del aparato represivo del Estado es el combustible que transforma una movilización sectorial en una causa nacional de indignación generalizada. Cuando el Estado opta por el fusil en lugar de la política, está cayendo directamente en la trampa tendida por los extremos. La experiencia acumulada en las crisis de 2003 o 2019 nos enseña que el primer herido por bala oficial es el certificado de defunción política de quien dio la orden. Los insurrectos saben que un muerto en la carretera es, para su causa, un activo mucho más valioso que mil bloqueadores, Es el símbolo que despoja al gobierno de su legitimidad moral y lo convierte, ante los ojos del mundo y de su propia sociedad, en una tiranía.
El despliegue de las fuerzas del orden bajo un esquema de confrontación directa ignora la naturaleza misma de las crisis sociales en contextos de alta polarización. La fuerza pública, en lugar de ser un elemento de pacificación, se convierte en el catalizador del caos cuando es instrumentalizada para resolver conflictos que son, en esencia, de naturaleza política. Aquellos que desde la comodidad de sus despachos o la seguridad de sus redes sociales exigen “mano dura”, pecan de una indolencia criminal. No comprenden que el desenlace en favor de los insurrectos se vuelve casi inevitable una vez que la sangre tiñe el asfalto. En ese momento, la discusión sobre la legalidad del bloqueo o la justicia de las demandas desaparece, siendo reemplazada por la narrativa del martirio y la victimización, la cual posee una fuerza gravitacional capaz de arrastrar incluso a los sectores más moderados hacia la desobediencia civil.
Debemos entender que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de gestionarlos sin recurrir al exterminio del otro. La tentación de la violencia es el camino más corto hacia el naufragio de la democracia. Un gobierno que se deja seducir por los cantos de sirena de la represión está, en realidad, renunciando a gobernar. El verdadero liderazgo de Rodrigo Paz se pondrá a prueba no en su capacidad de enviar tanquetas, sino en su destreza para desactivar la trampa de los extremos mediante el uso de la palabra, la negociación y la firmeza institucional que no requiere de la pólvora para hacerse respetar.
La historia no perdona a los que, pudiendo evitar la tragedia, eligieron el fuego bajo la ilusión de que este purificaría las contradicciones de una nación que solo anhela estabilidad y justicia. Caer en la provocación de los violentos es concederles la victoria antes de que se dispare el primer cartucho, Es entregar la Patria a quienes solo prosperan en el desorden y la muerte.