El Viceministerio de Transparencia decidió reunir en un solo proceso las cientos de irregularidades detectadas en el manejo de los recursos del IDH, para iniciar la investigación más compleja que se hizo contra un expresidente y tres exministras.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó a EL DEBER que luego de una valoración de los indicios hallados en el “caso de los tomates”, por el que se encarceló al expresidente del Estado, Luis Arce y a la exdiputada del MAS, Lidia Patty, se determinó presentar una nueva demanda contra cuatro exministros.
Los implicados fueron parte del directorio del Fondo Indígena y ejercieron el cargo nombrados en la gestión del expresidente Evo Morales. Todos serán investigados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Además de Arce, también figuran como denunciadas las exministras de Desarrollo Productivo, Desarrollo Rural y de Planificación, Antonia Rodríguez Medrano, Viviana Caro Hinojosa y Nemesia Achacollo Tola, respectivamente. El dinero administrado por estas exautoridades provenía deI 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y los 3.177 proyectos cuestionados fueron aprobados entre 2009 y 2014.
No obstante, el caso podría alcanzar extraordinaria cantidad de procesados, ya que, de hallarse irregularidades en todos los proyectos, se podría ampliar el proceso contra 3.177 grupos de personas que recibieron dinero en cuentas particulares o incumplieron con los contratos.
A raíz del caso de los tomates, “observamos que la problemática era mucho mayor, e involucraba decisiones estructurales. Como Viceministerio observamos que se permitió la transferencia de dinero del Estado a cuentas particulares (…) y en segundo lugar, no se cumplió con el propósito de los proyectos”, declaró García a EL DEBER.
Aclaró que, si bien se adjuntaron los documentos de los 3.177 proyectos, se presume que varios de los mismos concluyeron de forma aceptable, pero que, el 70% de los mismos incumplió la finalidad del financiamiento y que estos fueron “mal ejecutados, incluso se benefició a comunidades inexistentes, por lo que la investigación en este caso es a otro nivel, es más compleja”, remarcó el viceministro.
Revisión de cada proyecto
Por su parte, el fiscal Johan Muñoz informó a EL DEBER que el pasado miércoles se tomó la declaración del expresidente Arce. Para el acto investigativo, el fiscal ingresó al penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, donde el exmandatario guarda detención preventiva desde diciembre de 2025, por el proyecto de tomates en el que también está detenida la exdiputada Patty.
Asimismo, un día después, se tomó la declaración de la exministra Caro, quien luego de presentar sus descargos se retiró de la Fiscalía. Muñoz detalló que, al ser una cantidad tan grande de proyectos, antes de emitir nuevas órdenes de aprehensión, se deben revisar las carpetas.
Inicialmente la indagación contra las cuatro exautoridades es por la autorización de desembolsos de recursos del Estado a cuentas particulares de dirigentes de movimientos sociales afines al MAS, a través del Fondo Indígena.
“La primera irregularidad que se ha detectado es que muchos de los proyectos no cumplen con los requisitos esenciales, para el desembolso correspondiente, pero pese a ellos se les entregó los recursos”, manifestó el fiscal en entrevista con EL DEBER.
La segunda irregularidad que destacó fue precisamente la de los depósitos a cuentas particulares. “En vez de destinar estos fondos a cuentas mancomunadas, como señala las resoluciones emitidas por este directorio, se dispuso desembolsar a cuentas particulares”, detalló.
Declaración
Entre los fundamentos de la denuncia del Viceministerio de Transparencia se cuenta con una copia de un informe de la Contraloría.
En febrero de 2015 el entonces contralor general del Estado, Gabriel Herbas, reveló que, tras concluir una primera fase de la auditoría al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas e Interculturales (Fondioc), más conocido como el Fondo Indígena, se detectó un daño económico estimado de Bs 71 millones, provocados por 153 proyectos que nunca fueron ejecutados, pero que recibieron desembolsos.
En su momento, se cuestionó a la Contraloría por realizar un trabajo superficial, con el fin de no involucrar a autoridades y organizaciones sociales. Dichas irregularidades implicaban a dirigentes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), entre las ocho que recibieron dinero.
Los primeros denunciados fueron Elvira Parra, Daniel Zapata y Marco Antonio Aramayo, exdirectores del Fondo Indígena en el periodo 2010-2013. En el caso de Aramayo, este caso le costó la vida, debido a que falleció por el deterioro de su salud, luego de 8 años de encarcelamiento, por 156 proyectos.
Defensa
El abogado del expresidente Arce, Fernando Rivadeneira, calificó la nueva denuncia como un acto ilegal y de persecución política.
“Se ha desarrollado una audiencia de declaración informativa respecto de Luis Arce y una vez más hemos demostrado que es inocente”, afirmó el jurista. Aseguró que el exmandatario es procesado dos veces por un mismo hecho, en relación a la autorización de pagos del Fondo Indígena a cuentas particulares.
Rivadeneira sostuvo que mientras ejercía su cargo, como ministro de Economía, su cliente no asistió a las reuniones del directorio del Fondo Indígena, ya que la norma le facultaba nombrar a un representante.
El abogado indicó que los documentos presentados ante el fiscal Muñoz fueron valorados y aseguró que el exmandatario continuará colaborando con la investigación.
Recordemos que Arce y sus tres hijos también están procesados en diferentes casos, principalmente por legitimación de ganancias ilícitas. En marzo, el hijo mayor del expresidente, Marcelo Arce Mosqueira, fue aprehendido y luego enviado a la cárcel de Palmasola, en el departamento de Santa Cruz.
Acta de reunión
Sobre las autorizaciones de los desembolsos a cuentas particulares, recordemos que, en un acta interna del Fondo Indígena, fechada el 23 de noviembre de 2009, se revela que Arce, reconoció que la Ley Financial no permitía realizar transferencias público-privadas a cuentas particulares, tal como exigían organizaciones del Pacto de Unidad afines al MAS.
El documento fue clave para lograr la detención de Arce. Según el acta de esa reunión de directorio, realizada en Tarija, cuando el Fondo recién inició operaciones, surgieron dudas sobre si la normativa permitía depositar recursos estatales en cuentas de representantes sociales.
El funcionario Ramiro Burgos preguntó expresamente si existía “respaldo legal para las transferencias público-privadas”.
En ese contexto, Arce tomó la palabra y admitió la limitación legal: “Es cierto que en la Ley Financial no se contempla”, dijo. Sin embargo, sugirió seguir elaborando proyectos mientras esperaban la aprobación de la nueva Ley Financiera de 2010, que —según él— permitiría entonces transferir recursos.