Un documento advierte sobre el crecimiento del narcotráfico, la minería ilegal y la infiltración del crimen organizado en estructuras estatales. La captura de Marset en el país marcó un “punto de quiebre” en la lucha contra el crimen organizado
Fuente: El Deber
La expansión del narcotráfico, la minería ilegal y las redes criminales transnacionales han colocado a Bolivia frente a un escenario crítico de vulnerabilidad institucional, deterioro de la seguridad y amenaza a la soberanía nacional. Esa es una de las principales conclusiones del documento “Bolivia: la economía política de los mercados ilícitos y la criminalidad transnacional”, presentado por la Fundación Milenio en el marco del proyecto internacional ‘Redes en la sombra Crimen Organizado Transatlántico y la Influencia Autoritaria en América Latina’.
El informe sostiene que, durante las últimas dos décadas, Bolivia experimentó una transformación profunda de sus economías ilícitas, pasando de ser un territorio de tránsito y producción limitada de hoja de coca a convertirse en un centro integrado de producción y exportación de cocaína con conexiones internacionales cada vez más complejas. Según el documento, “la evolución de la economía de la coca-cocaína pone de manifiesto un cambio sustantivo del papel de Bolivia en la geopolítica de las drogas”.
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La investigación identifica la existencia de redes criminales articuladas entre clanes familiares bolivianos y organizaciones transnacionales como el PCC y el Comando Vermelho de Brasil, los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además de mafias europeas.
Los autores advierten además que el crecimiento de estas economías ilícitas habría sido facilitado por la fragilidad institucional y por “una suerte de zona de penumbra entre la legalidad y la ilegalidad”, permitiendo que mercados legales de hoja de coca coexistieran con circuitos ilegales destinados a la producción de cocaína. Todo, bajo la permisividad de los gobiernos de Evo Morales Ayma y Luis Arce Catacora.
El documento describe cómo regiones cocaleras como el Chapare y los Yungas consolidaron sistemas de gobernanza local donde sindicatos y estructuras comunitarias asumieron funciones paralelas al Estado. Según el análisis, “ha surgido un sistema de gobernanza informal que enfatiza los derechos colectivos y la resolución de conflictos a través de las organizaciones locales”.
Debilidad institucional
La investigación también alerta sobre el debilitamiento de las capacidades estatales para enfrentar estas amenazas. “La penetración de estos grupos en el seno mismo de la Policía Boliviana y de las fuerzas del orden (…) tienen el efecto de neutralizar el combate efectivo de la delincuencia, cuando no de proveer de impunidad y complicidad al crimen organizado”, señala el estudio.
En materia internacional, el informe sostiene que Bolivia se convirtió en un punto estratégico de exportación de cocaína hacia Europa y Asia-Pacífico, utilizando corredores terrestres, puertos chilenos y rutas marítimas de largo alcance.
Otro de los aspectos centrales del análisis es el crecimiento de la minería ilegal, especialmente aurífera, considerada actualmente un riesgo alto para el país por su conexión con el lavado de dinero, el narcotráfico y la trata de personas. El informe sostiene que “la minería ilegal en Bolivia” se ha constituido en “una pieza central de la economía ilícita”.
Según el documento, el movimiento económico vinculado a la minería informal del oro alcanzaría aproximadamente 4 mil millones de dólares anuales y tendría presencia extendida en regiones amazónicas del país. Asimismo, advierte sobre la participación creciente de actores extranjeros, particularmente ciudadanos y empresas chinas vinculadas a actividades extractivas.
En el tramo final del informe, los autores identifican la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera como un posible “punto de quiebre” en la lucha contra el crimen organizado en Bolivia.
El documento señala que la detención del líder criminal y la cooperación internacional impulsada en el marco del denominado ‘Escudo de las Américas’ podrían marcar el inicio de una nueva estrategia regional de seguridad.
“El inicio de una serie de acciones que reflejan la determinación de nuestro gobierno de hacer de Bolivia un país libre del crimen organizado, del narcotráfico, la corrupción y la impunidad”, cita el documento al referirse a declaraciones del presidente Rodrigo Paz tras la captura de Marset.
La investigación concluye que Bolivia enfrenta el desafío de reconstruir sus instituciones y recuperar la capacidad estatal para enfrentar amenazas transnacionales. Entre las principales recomendaciones figuran la reforma policial, la recuperación de la independencia judicial, el fortalecimiento de la cooperación internacional y el control efectivo de coca y minería ilegal.
El informe advierte que “ningún país puede encararla por su propia cuenta” y que Bolivia deberá combinar soberanía con cooperación internacional para enfrentar la expansión del crimen organizado.
Fundación alerta sobre influencia extranjera en la crisis institucional boliviana
La influencia económica y política de regímenes totalitarios en Bolivia, durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, contribuyó al deterioro institucional, el aumento de la corrupción y la expansión de economías ilícitas, según advierte la Fundación Milenio en un análisis sobre criminalidad transnacional y “capital corrosivo”.
El informe sostiene que Bolivia se convirtió en un terreno fértil para capitales vinculados a Estados autoritarios que aprovecharon “la debilidad del sistema institucional y la falta de seguridad jurídica” para ampliar su influencia económica y geopolítica. Según el documento, estas relaciones se consolidaron al amparo de gobiernos “autocráticos y populistas” que redujeron los controles institucionales y debilitaron los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
El estudio afirma que numerosos contratos adjudicados a compañías extranjeras y nacionales derivaron en “pésimos resultados”, con millonarias pérdidas de recursos públicos y escaso beneficio estructural para el país. A ello se sumó un escenario de corrupción persistente y fragilidad institucional que, según la Fundación Milenio, facilitó la penetración de redes criminales y narcotraficantes en estructuras estatales.
La investigación también identifica a China como el actor extranjero de mayor presencia económica en Bolivia, mediante créditos estatales, adjudicación de obras públicas y creciente participación comercial.
Rusia, aunque con menor peso económico, mantuvo una influencia política y diplomática significativa, especialmente en sectores estratégicos, según el estudio.
MÁS DEL INFORME
Narcoeconomía. Economías ilícitas fortalecieron un modelo político hegemónico durante casi dos décadas. En ese lapso, Bolivia pasó de productor de coca a exportador integrado de cocaína. Redes familiares controlan producción, logística y nexos internacionales del narcotráfico
El circuito. Sindicatos cocaleros ejercen gobernanza paralela en regiones productoras. Corrupción policial y judicial debilita la lucha contra el narcotráfico. El oro ilegal mueve miles de millones vinculados al lavado de dinero.
Inflexión. La captura de Sebastián Marset simboliza cambio de estrategia antidrogas. Bolivia vuelve a integrarse a la cooperación antidroga.
Nuevo giro en la política boliviana: Gobierno de Paz busca reactivar cooperación con EE.UU. y la DEA
El gobierno del presidente Rodrigo Paz comenzó a marcar distancia de la política antidrogas aplicada durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), al reactivar la cooperación internacional con Estados Unidos y retomar los contactos directos con la DEA y organismos especializados en seguridad hemisférica.
El reciente informe de la Fundación Milenio sobre criminalidad transnacional sostiene que la expulsión de la DEA en 2008 y el progresivo distanciamiento con Washington durante la administración de Evo Morales redujeron significativamente los mecanismos de cooperación internacional en inteligencia y lucha antidrogas, en momentos en que las organizaciones criminales ampliaban sus operaciones en Bolivia.
En contraste con ese escenario, la nueva administración busca reposicionar al país dentro de las estrategias regionales de combate al narcotráfico y al Crimen Organizado Transnacional (COT).
En una reunión en Miami, el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, intervino en las discusiones orientadas a consolidar mecanismos de intercambio de información estratégica, coordinación operativa y fortalecimiento institucional entre los países de la región.
Posteriormente, el propio presidente Rodrigo Paz participó en la cumbre “Escudo de las Américas”, donde expresó la disposición de Bolivia de integrarse a los esfuerzos continentales para enfrentar amenazas vinculadas al narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y otras economías ilícitas.
La nueva línea de acercamiento también se evidenció en Washington, donde el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano sostuvo reuniones con autoridades antidroga estadounidenses, organismos internacionales y representantes de la DEA.
Desde el oficialismo se insiste en que la nueva estrategia busca corregir años de debilitamiento institucional y reconstruir la credibilidad internacional de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico. “El objetivo es desmantelar estructuras y fortalecer instituciones”, afirmó Justiniano, quien confirmó que la Agencia para el Control de Drogas (DEA) tendrá una oficina en la ciudad de La Paz en poco tiempo más.
Fuente: El Deber