El gabinete de Rodrigo Paz busca descomprimir más de 20 días de protestas con la convocatoria a organizaciones sociales y la instalación de un espacio institucional de concertación nacional, que iniciará actividades el miércoles 27 de mayo.
Por Freddy Lacio Fernández
Fuente: El Deber
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira inicia hoy una nueva ofensiva de diálogo con los sectores movilizados que mantienen protestas, marchas y bloqueos en distintas regiones del país desde hace casi 20 días. El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, confirmó la convocatoria formal a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari para una reunión este domingo a las 9:00, mientras que para el miércoles 27 quedó fijada la sesión constitutiva del Consejo Económico y Social en la Casa Grande del Pueblo, en una apuesta oficial para “imprimir velocidad” a la búsqueda de consensos y desactivar el conflicto.
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Justiniano aseguró que el diálogo “ha sido permanente” y parte del “compromiso democrático” del Ejecutivo para atender las demandas de sectores campesinos, mineros, fabriles, obreros y maestros. Según explicó, durante las últimas semanas se realizaron “innumerables reuniones” y se enviaron cartas formales a diversas organizaciones para generar espacios de acercamiento. “Ese es el compromiso y el mandato del presidente Rodrigo Paz”, afirmó, al señalar que el mandatario incluso participó en encuentros que se extendieron hasta 14 horas.
El ministro remarcó que la nueva invitación a la dirigencia de la Tupac Katari busca construir soluciones a demandas que calificó de “legítimas”. Sostuvo que los bloqueos están afectando gravemente a los productores y afirmó que las pérdidas en el agro son una de las mayores preocupaciones del Ejecutivo. “Meses de trabajo terminan arruinados por nada más que días de bloqueo”, lamentó, insistiendo en que el diálogo debe traducirse en compromisos concretos con las bases campesinas.
La autoridad también informó que el pasado viernes el Gobierno sostuvo una reunión de aproximadamente cinco horas con la Confederación de Mujeres Interculturales de Bolivia, tras la cual se acordó una agenda de trabajo para la próxima semana.
En paralelo, el gabinete confirmó la puesta en marcha del Consejo Económico y Social, instancia prevista en la Constitución Política del Estado y que, según Justiniano, busca convertirse en un espacio “permanente de encuentro, escucha y construcción colectiva”. El organismo abordará temas vinculados al desarrollo sostenible, estabilidad económica, seguridad alimentaria, generación de empleo y bienestar social. La primera sesión fue convocada para el miércoles 27 de mayo a las 10:00 en la Casa Grande del Pueblo, con invitaciones ya enviadas a organizaciones sociales y sectores con representación legítima.
Desde la Asamblea Legislativa surgieron posiciones coincidentes en torno a la necesidad de priorizar el diálogo, aunque con posiciones diferentes sobre la respuesta estatal frente a los bloqueos. La diputada Ximena Arispe (PDC) consideró que las mesas de diálogo son el espacio adecuado para canalizar las demandas y debatir incluso posibles cambios en el gabinete ministerial.
Por su parte, la diputada Eliana Condori (AP) defendió el derecho a la protesta y afirmó que el país enfrenta una situación económica y política crítica agravada por los bloqueos y la convulsión social.
También se plantearon posiciones más duras. La diputada Claudia Bilbao (PDC) defendió el diálogo con sectores que mantengan demandas sociales “legítimas”, pero rechazó cualquier negociación sobre hechos considerados delictivos. En la misma línea, el diputado Alejandro Reyes (Unidad) afirmó que las protestas responden a intentos de desestabilización y pidió habilitar rutas mediante operativos policiales progresivos.
La diputada Lissa Claros (Libre) condenó la muerte del niño que no logró llegar a tiempo a un centro médico debido a los bloqueos en Llallagua y exigió acciones firmes contra grupos radicales vinculados a Evo Morales. “Para estos señores la vida no tiene valor. No respetan los derechos de los bolivianos”, dijo.
Vence ultimátum cívico para desbloquear San Julián
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, ratificó para este domingo el plazo otorgado por los sectores afiliados para que el Gobierno desbloquee en San Julián y restablezca el orden ante los hechos de violencia registrados en distintos puntos del país. Cuestionó la estrategia de diálogo impulsada por el Ejecutivo y aseguró que los grupos movilizados “no tienen intención alguna de negociar”, sino de forzar la renuncia del presidente.
En ese contexto, pidió la intervención firme de la Policía y, si es necesario, de las Fuerzas Armadas para frenar lo que calificó como “grupos delincuenciales” y actos de “terrorismo puro”. También expresó preocupación por las agresiones a periodistas y el uso de armas durante los conflictos. “Lo único que estamos haciendo es sumar víctimas”, afirmó.
El dirigente cívico sostuvo que el Gobierno debe actuar “conforme a ley” para garantizar la seguridad y permitir que la población pueda trabajar. Advirtió que, si hasta hoy no existen señales concretas para resolver el conflicto, los ciudadanos asumirán la defensa de sus derechos.
Fuente: El Deber
