El canciller pidió no generar estigmatizaciones contra países u organismos internacionales y diferenciar a los Estados de las entidades que eventualmente pudieran estar involucradas en financiamiento irregular de movilizaciones en Bolivia
Fuente: ANF / La Paz
El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, anunció la fiscalización e investigación de organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y otras entidades que presuntamente estarían financiando movilizaciones y acciones consideradas desestabilizadoras contra el Gobierno.
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La autoridad afirmó que cualquier organismo que opere en el país y esté involucrado en actividades de desestabilización deberá responder ante la normativa boliviana.
“Cualquier organismo, ONG o fundación que esté en el país y esté en acción desestabilizadora, quien esté financiando movimientos desestabilizadores, va a ser fiscalizado y tiene que responder también a nuestra norma”, sostuvo Aramayo.
la autoridad aseguró que existen diferentes fuentes de financiamiento detrás de las movilizaciones que en las últimas semanas estuvieron presionando al Gobierno; no descartó que los recursos también provengan del crimen organizado, aunque aclaró que las investigaciones todavía se encuentran en fase preliminar.
El canciller explicó que varias instituciones del Estado participan en las tareas de seguimiento y control, entre ellas el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Planificación, la Cancillería, el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía. También indicó que el Poder Judicial también deberá intervenir dentro de las investigaciones para garantizar el cumplimiento de la ley y la defensa del Estado de Derecho.
“Todo tiene que hacerse en el marco de la normativa y de la ley”, remarcó Aramayo, quien aseguró que el objetivo del Ejecutivo es recuperar la institucionalidad y evitar acciones que busquen afectar la democracia.
Consultado sobre qué organizaciones estarían siendo investigadas, el canciller evitó brindar nombres y argumentó que revelar información podría perjudicar el desarrollo de las pesquisas. “Tenemos que tener evidencia de ello. No puedo adelantar criterio porque eso significa interrumpir cualquier tipo de investigación”, resaltó.
La autoridad pidió no generar estigmatizaciones contra países u organismos internacionales y diferenciar a los Estados de las entidades que eventualmente pudieran estar involucradas en financiamiento irregular de movilizaciones.