Luisa Nayar anunció una reestructuración administrativa que contempla el recorte de entre el 25% y 30% del personal del órgano legislativo municipal.
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La autoridad afirmó que el objetivo es “terminar con el despilfarro” y evitar que el Concejo continúe funcionando como una “agencia de empleos”, en referencia a la contratación masiva de funcionarios y consultores que, según sostuvo, fueron utilizados históricamente como “botín político”.
“Estamos viviendo una crisis económica seria y no podemos mirar a un costado como si nada estuviera pasando. Hemos solicitado una reestructuración administrativa y funcional del Concejo Municipal para reducir personal y garantizar el uso responsable de los recursos públicos”, declaró Nayar durante la entrevista televisiva.
Según explicó, actualmente el Concejo cuenta con alrededor de 246 funcionarios de planta, además de consultores en línea y personal eventual, superando las 300 personas vinculadas laboralmente al Legislativo municipal.
La presidenta del ente deliberante señaló que la reducción será definida mediante criterios técnicos relacionados con la operatividad institucional y la eficiencia administrativa. Como ejemplo, cuestionó la existencia de varias personas realizando funciones similares dentro de oficinas administrativas.
Nayar indicó que la solicitud formal de reestructuración fue enviada al alcalde municipal, ‘Mamén’ Saavedra, en el marco del decreto de austeridad impulsado por el Ejecutivo municipal. Sin embargo, remarcó que el Concejo mantiene autonomía en sus decisiones administrativas.
La autoridad también anticipó que el proceso respetará los derechos laborales de los trabajadores y negó que se trate de una “masacre blanca”. Añadió que en los próximos días se conocerá cuántos funcionarios serán retirados y cuánto dinero se prevé ahorrar con la medida.
Durante la entrevista, Nayar cuestionó además la gestión saliente del exalcalde Jhonny Fernández, a quien responsabilizó por la situación financiera que atraviesa el municipio.
“Han sido años de despilfarro, corrupción y manejo irregular de recursos públicos. Hoy las consecuencias las pagan las familias cruceñas con hospitales en crisis, calles llenas de baches y problemas en servicios básicos”, afirmó.
La presidenta del Concejo aseguró que cualquier indicio de daño económico o irregularidades será investigado y derivado a las instancias correspondientes. También sostuvo que las futuras contrataciones deberán basarse en criterios de meritocracia y capacidad técnica.
“Lo que debe primar ahora es la transparencia. El Concejo no puede seguir siendo visto como un espacio de privilegios o cuoteo político”, enfatizó.
Nayar adelantó que la próxima semana se presentarán oficialmente los datos sobre el número exacto de funcionarios que serán afectados por la reestructuración y el impacto económico que tendrá la medida dentro del Legislativo municipal.
