Desde el punto de vista técnico, los abogados Joadel Bravo y Cristian Sánchez coinciden en que las autoridades tienen competencias diferenciadas que no están siendo ejecutadas plenamente, lo que provoca la reacción de grupos organizados como los deliverys
Por Ariel Melgar Cabrera
Fuente: El Deber
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La reacción de decenas de repartidores en moto que ingresaron al Cordón Ecológico tras el asalto a uno de sus compañeros abrió un debate jurídico y social sobre los límites de la autodefensa ciudadana, la omisión estatal frente a la inseguridad y el riesgo de que grupos civiles sustituyan las funciones de la Policía.
El hecho ocurrió luego de que un delivery denunciara el robo de sus pertenencias mientras realizaba un pedido en inmediaciones del cuarto anillo y la avenida Bush, una zona que trabajadores del sector identifican como recurrente para asaltos y agresiones. La indignación derivó en una movilización masiva de motociclistas que recorrieron el lugar en busca de los presuntos responsables.
Para el exfiscal y abogado Joadel Bravo, el caso refleja un deterioro institucional que está provocando reacciones colectivas fuera del marco legal.
“Existe una inseguridad evidente y falta de control estatal en sectores donde operan grupos vinculados al consumo de drogas y delitos recurrentes. Pero ninguna persona puede asumir funciones de persecución o castigo porque eso rompe el Estado de derecho”, sostuvo.
El jurista explicó que la Constitución y el sistema penal boliviano reservan exclusivamente al Estado —a través de la Policía, Fiscalía y jueces— la facultad de investigar, detener y sancionar delitos. En consecuencia, cualquier represalia organizada por civiles podría derivar en responsabilidades penales.
“Si un grupo agrede físicamente, destruye bienes o intimida personas, ya no hablamos de protesta o reclamo ciudadano; hablamos de posibles delitos como lesiones, daños a la propiedad o incluso instigación a la violencia”, advirtió.
Bravo remarcó además que el problema se agrava cuando la reacción colectiva termina dirigida contra comunidades enteras y no contra autores plenamente identificados.
“No se puede responsabilizar a un grupo étnico o a toda una comunidad por la conducta individual de una persona. Cuando eso ocurre, el conflicto deja de ser penal y empieza a adquirir componentes discriminatorios y peligrosamente sociales”, afirmó.
El abogado penalista y policía retirado, Cristian Sánchez, coincidió en que la reacción de los deliverys surge desde una sensación de abandono institucional, aunque aclaró que jurídicamente no puede justificarse la sustitución de la fuerza pública.
“El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Cuando grupos ciudadanos asumen tareas de control, persecución o castigo, se produce un quiebre del orden jurídico y existe riesgo de escalamiento de violencia”, explicó.
Según Sánchez, el Cordón Ecológico se consolidó durante años como un espacio de exclusión social donde convergen personas en situación de calle, consumidores de drogas, menores vulnerables y grupos marginados que sobreviven en condiciones precarias.
“El delito en estos espacios no puede analizarse solamente desde una mirada represiva. Existe un fenómeno social de abandono estatal, falta de rehabilitación, desempleo y ausencia de políticas públicas sostenidas”, señaló.
El especialista indicó que la falta de intervención preventiva permitió que el sector se convierta en una zona de conflicto permanente entre vecinos, trabajadores y grupos vulnerables.
Desde el punto de vista técnico, ambos juristas coinciden en que las autoridades tienen competencias diferenciadas que no están siendo ejecutadas plenamente. Según Bravo y Sánchez, la Policía debe reforzar patrullajes preventivos y control territorial; la Alcaldía mejorar iluminación y recuperación de espacios públicos; y la Gobernación fortalecer programas de rehabilitación y asistencia social.
“La respuesta no puede ser únicamente policial. Si el Estado solo aparece cuando ocurre un hecho violento, el problema seguirá creciendo”, sostuvo Sánchez.
Los expertos también advirtieron sobre otro fenómeno emergente: la precarización laboral de los deliverys. Muchos trabajadores operan bajo plataformas digitales sin protección sindical, cobertura de salud ni sistemas de seguridad efectivos, situación que incrementa su vulnerabilidad frente a hechos delictivos.
“Ellos sienten que están solos y desprotegidos. Esa percepción de abandono termina generando mecanismos espontáneos de defensa colectiva”, explicó Sánchez.
Sin embargo, ambos especialistas coincidieron en que permitir acciones de hecho o represalias grupales puede derivar en escenarios más graves.
“La justicia por mano propia nunca soluciona el problema. Cuando la violencia reemplaza al sistema institucional, el resultado termina siendo más violencia”, concluyó Bravo.
Hasta el momento, las autoridades policiales no informaron sobre investigaciones contra los participantes de la movilización ni anunciaron medidas concretas para intervenir de manera integral en el Cordón Ecológico.
Fuente: El Deber