Por José Luis Bedregal V.
Hubo un tiempo en que la sigla de la Central Obrera Boliviana inspiraba respeto. La COB no era simplemente una estructura sindical, era la voz de los trabajadores mineros, fabriles, maestros y asalariados que enfrentaban dictaduras, explotación y exclusión social. Era una organización que mantenía una noción clara de representación histórica de la clase trabajadora boliviana.
Los nombres de dirigentes históricos como Juan Lechín Oquendo, Víctor López Arias, Oscar Salas Moya o Simón Reyes, entre otros, estaban vinculados a luchas profundas, ideológicas y sociales. Se podía coincidir o discrepar con ellos, pero nadie podía negar que encarnaban una dirigencia con contenido político, con sentido histórico y con una conexión real con las necesidades del pueblo trabajador.
Hoy, lamentablemente, esa COB parece haber desaparecido. La actual dirigencia de la Central Obrera, atraviesa una evidente descomposición moral, política y sindical. Ya no actúa como defensora de los trabajadores, se ha convertido en un instrumento funcional a los intereses del poder de turno. Subordinada al gobierno de Evo Morales y posteriormente al de Luis Arce, perdió independencia, capacidad crítica y legitimidad social. Pero en las últimas semanas esa degradación ha alcanzado niveles alarmantes.
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Las movilizaciones impulsadas por sectores vinculados a la COB, han dejado de ser expresiones de protesta sindical para convertirse en demostraciones de intimidación colectiva. Bloqueos violentos, marchas agresivas, uso indiscriminado de dinamitas y petardos, saqueos a pequeños negocios, ataques a oficinas públicas y daños a servicios esenciales como el Teleférico, son parte de un repertorio que nada tiene que ver con la defensa de los trabajadores.
¿Qué interés obrero se representa cuando se golpea a ciudadanos humildes que intentan llegar a sus fuentes laborales? ¿Qué reivindicación sindical existe detrás del asalto a un lustrador de zapatos, probablemente uno de los trabajadores más precarizados y olvidados del país? ¿Qué conciencia popular puede justificar el terror cotidiano generado por explosiones, amenazas y violencia callejera? La respuesta es clara: ninguna.
Lo que hoy observamos no es sindicalismo, es degradación corporativa al servicio de una estrategia política de presión y desestabilización. Y lo más grave es que las víctimas directas de estas acciones son precisamente los sectores populares que la COB dice representar.
En la Bolivia actual, más del 80% de la población económicamente activa, sobrevive en la informalidad. Son comerciantes, transportistas, albañiles, gremiales, trabajadores independientes, lustrabotas, artesanos y emprendedores de subsistencia que viven del ingreso diario. Cada día de bloqueo significa para ellos hambre, pérdida económica y desesperación. Mientras algunos dirigentes sindicales negocian cuotas de poder o defienden intereses políticos ajenos a la realidad social, miles de familias humildes dejan de vender, de producir o de trabajar.
Los bloqueos provocan desabastecimiento de alimentos, incremento de precios, especulación y ruptura de cadenas logísticas esenciales. El transporte de oxígeno para hospitales se vuelve incierto; el abastecimiento de combustible se retrasa; los servicios públicos colapsan.
La COB, en vez de interpelar, al por ahora extinto poder masista, por la destrucción de la economía boliviana, la falta de empleo formal, la precarización laboral o el colapso institucional, ha preferido convertirse en grupo de choque y escolta política de quienes profundizaron la crisis, actuando directamente alineados con la estrategia de confrontación impulsada por el entorno político de Evo Morales.
La COB nació para defender trabajadores, no para aterrorizar ciudadanos. Nació para luchar contra abusos del poder, no para encubrir vandalismo, violencia y extorsión. Bolivia necesita reconstruir una representación sindical seria, moderna y auténticamente popular. Una dirigencia capaz de entender que el país cambió, que la estructura laboral ya no es la de los años cincuenta y que hoy el principal trabajador boliviano no es el asalariado, sino el ciudadano informal que sobrevive día a día sin estabilidad ni garantías.