La coerción no es ni representación ni participación democrática
Bolivia tiene un talento admirable para sobrevivir a sus propias tormentas. Pero esa resiliencia histórica también ha incubado una patología en la cultura política: la idea de que la crisis es un método legítimo de negociación. Se «presiona» bloqueando, se «corrige» cercando ciudades, se «representa» a la sociedad paralizándola. Se habla de «protesta» cuando lo que se instala es, en la práctica, una forma de coacción sobre quienes no protestan. Y, como si fuera poco, se pretende que el resto del país aplauda la extorsión como si fuera participación democrática.
El gobierno de Rodrigo Paz ha sostenido una narrativa de diálogo consistente. Hay que reconocer que invocar el diálogo es, en principio, lo civilizado. Sin embargo, el diálogo es un puente, no un ritual vacío, y presupone un mínimo de reciprocidad: la disposición a escuchar, ceder, negociar y, sobre todo, aceptar reglas compartidas. Cuando una protesta extremista no busca acuerdos, sino rendición; cuando no pretende discutir políticas, sino precipitar la caída del Gobierno; cuando su objetivo es deslegitimar de origen cualquier salida institucional, las intenciones de diálogo terminan siendo vaciadas de contenido. No fracasan por falta de mesas, sino por falta de reciprocidad.
Ahí aparece el dilema más peligroso para cualquier Ejecutivo. Si no actúa, puede desgastarse hasta caer. Si actúa —incluso sin salirse siquiera un milímetro del margen legal y moral—, puede caer por la reacción que esa acción desate. La inacción puede erosionar su autoridad y convertirlo en espectador, mientras que la acción puede incendiar el conflicto, alimentar mártires y facilitar el relato de victimización. Se trata de la trampa clásica de la política en sociedades con memoria traumática. Aunque hay otra realidad, menos cómoda aun: la radicalidad de las protestas está generando las condiciones para que el gobierno obtenga la legitimidad social necesaria para intervenir. No porque la fuerza sea deseable, sino porque hay derechos y libertades de terceros siendo vulnerados de manera sistemática.
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Cuando una minoría bloquea caminos, impide el abastecimiento, frena el trabajo, impone su voluntad mediante la coerción y viola derechos básicos de terceros, el Estado no se vuelve necesariamente represor al intervenir, sino que cumple su obligación de proteger los derechos fundamentales de la población. La cuestión no es si el Estado puede actuar, sino cómo lo hace, con qué límites, controles y legitimidad. Existe un cansancio colectivo creciente en la Bolivia «bloqueada»: la gente que no marcha, pero sufre; que quiere trabajar, estudiar, circular, atenderse en un hospital, pero se encuentra con un país tomado por la lógica de la trinchera. Ese segmento —silencioso, disperso, poco organizado— es decisivo. Porque la gobernabilidad es también legitimidad política y social para tomar decisiones difíciles, mas contundentes, que garanticen el derecho a vivir sin chantaje.
«Bolivia necesita coraje institucional —y coraje cívico— para defender una idea simple: que, en democracia, la política se disputa con votos y argumentos, no con bloqueos y ultimátums».
Aquí surge la condición habilitante —y la urgencia cívica— de construir una segunda línea de resistencia: un respaldo social y político que complemente la legitimidad jurídica ya existente. Si la respuesta estatal a los bloqueos y acciones extremistas va a ocurrir, debe estar sostenida no solo por la Constitución y las leyes, sino por una ciudadanía democrática que diga con claridad: basta. Basta de normalizar el secuestro de la vida cotidiana. Basta de convertir el conflicto en forma de convivencia. Basta de asumir que cualquier causa justifica violentar derechos. No se trata de enfrentar ciudadanos contra ciudadanos, menos de militarizar la vida pública —lo que sería políticamente suicida y moralmente inaceptable—. Se trata de que la sociedad marque un límite entre la protesta y el abuso, y que el Estado cumpla su rol con prudencia.
Dicha segunda línea de resistencia equivale a un renacer democrático: que sectores sociales, organizaciones civiles, gremios productivos, universidades, juntas vecinales, plataformas ciudadanas y liderazgos locales expresen públicamente el mandato simple de que el lugar para resolver disputas políticas es la Asamblea Legislativa Plurinacional, no el cerco; la deliberación en paz, no el chantaje de la emboscada. En democracia, algunas veces prevalecen unos intereses y otras veces, otros. Lo que no puede prevalecer es la ley del más fuerte. La anarquía es todo lo contrario a un Estado democrático de derecho. Recuperar esos valores exige firmeza —y aun más inteligencia—. El gobierno debe restablecer la libre circulación y proteger derechos de terceros mediante el uso proporcional, gradual y controlado de la fuerza, dentro del marco constitucional y de los derechos humanos. La diferencia entre autoridad y abuso no está en actuar o no actuar, sino en cómo se actúa.
Al final, el punto no es si el gobierno «gana» esta disputa. El punto de fondo es cultural y político: Bolivia debe decidir si quiere salir de esta forma agotada de convivir; si quiere seguir sumergida en el paradigma del «empate catastrófico» permanente, donde no se gobierna sin pedir permiso a los extremistas, o si quiere evolucionar hacia un pacto democrático mínimo: gobiernos que se eligen en las urnas y se reemplazan en las urnas, y conflictos que se procesan con instituciones y no con asfixia territorial. Ese pacto no elimina la protesta, la civiliza. No elimina el disenso, lo canaliza. No elimina la presión social, la vuelve compatible con los derechos fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos.
La coherencia democrática consiste en decir, con serenidad pero sin complejos, que el chantaje no puede ser el idioma de la política. Que la trinchera no puede reemplazar la deliberación. Y que el Estado, respaldado por una ciudadanía convencida en favor de la democracia, debe proteger el derecho de todos a vivir sin ser rehenes de absolutamente nadie. Bolivia no necesita más épica del conflicto. Bolivia necesita coraje institucional —y coraje cívico— para defender una idea simple: que, en democracia, la política se disputa con votos y argumentos, no con bloqueos y ultimátums.
Guillermo Bretel, Máster en Ciencias Políticas y Sociología