Dos años antes de que comenzara la construcción de Jirau, comunidades bolivianas predijeron inundaciones, enfermedades y colapso pesquero. La ciencia las respaldó. La diplomacia las ignoró.
Equipo de Investigación de elpais.bo
Fuente: El País.bo
En 2001, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso autorizó los primeros inventarios hidroeléctricos del río Madeira. Brasil buscaba asegurar su demanda eléctrica para las décadas siguientes, y el Madeira ofrecía lo que ningún otro río amazónico podía combinar: un caudal promedio de 17 mil metros cúbicos por segundo en su tramo medio, navegabilidad, y un desnivel que permitía generar energía sin necesidad de grandes embalses.
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La idea inicial contemplaba una sola represa, pero pronto se dividió en dos —Santo Antônio y Jirau— para evitar que el embalse se extendiera hasta Bolivia y complicara la relación bilateral. El diseño fue una decisión de ingeniería política antes que hidráulica.
Los estudios de factibilidad quedaron en manos de un consorcio formado por Furnas, la estatal eléctrica brasileña, y la constructora Norberto Odebrecht. Ambas conocían el terreno: Odebrecht operaba en Bolivia desde 1987 y en 2004 había solicitado —sin éxito— licencias para realizar estudios en los ríos Mamoré, Madera y Beni.
El gobierno boliviano, bajo la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé, les cerró el paso en 2005 con el Decreto Supremo 28389, que suspendió el otorgamiento de licencias hidroeléctricas en toda la cuenca del Madera hasta que se definiera una política nacional de aprovechamiento integral. En Brasil, en cambio, el proyecto avanzó sin pausas.
En mayo de 2008, el consorcio Energia Sustentável do Brasil (ESBR), liderado por la francesa GDF Suez, ganó la subasta de Jirau con una propuesta audaz: mover el eje de la represa nueve kilómetros río abajo para abaratar los costos de construcción. La central, con 3.750 megavatios de capacidad instalada repartidos en 50 turbinas tipo bulbo, entró en operación comercial entre 2013 y 2016 y fue celebrada como un hito de la ingeniería en la Amazonía. Sus accionistas actuales son la francesa ENGIE (40%), Eletrobras —rebautizada Axia Energía— (40%) y la japonesa Mitsui (20%). Esa historia de éxito técnico se construyó, sin embargo, sobre advertencias que fueron sistemáticamente desoídas.
Voces de la Amazonía sin escucha
Dos años antes de que se vertiera la primera tonelada de hormigón en el río, la alarma ya resonaba con claridad en la Amazonía boliviana. En octubre de 2006, representantes de comunidades campesinas, indígenas, pescadores y autoridades locales del norte amazónico se reunieron en Riberalta. El pronunciamiento que emitieron es hoy un presagio cumplido: “Los pobladores de la Amazonía boliviana seremos afectados con el deterioro de nuestras condiciones de vida. Estos cambios van a espantar a los peces y les van a traer enfermedades y muerte”. El documento integra los archivos del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, FOBOMADE, organización que se convertiría en la principal voz de alerta sobre los impactos transfronterizos del complejo hidroeléctrico del Madeira.
La denuncia no era retórica: contaba con respaldo científico preciso. En 2007, el hidrólogo Jorge Molina Carpio publicó un análisis técnico de los estudios de impacto ambiental de las represas. Su conclusión fue categórica: “Contrariamente a lo que afirman esos estudios, el tramo afectado incluirá el sector binacional aguas arriba de Abuná”. El fenómeno de remanso —la elevación del nivel del agua provocada por la acumulación de sedimentos en la cola del embalse— extendería la inundación al territorio boliviano, especialmente durante los períodos de aguas bajas y medias. Las simulaciones hidráulicas habían ignorado los afluentes del Madera, como el río Abuná, que cruza la frontera antes de desembocar en el sistema brasileño.
A esas voces se sumó la del biólogo Philip Fearnside, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía (INPA) de Brasil y una de las mayores autoridades mundiales en ecosistemas amazónicos. En sucesivos artículos científicos entre 2013 y 2015, Fearnside documentó con precisión los impactos que el sistema de represas tendría sobre la pesca, la calidad del agua y la salud pública regional. El bloqueo de los grandes bagres migratorios —como la dourada— afectaría a comunidades pesqueras en Bolivia, Perú y Brasil. La metilación del mercurio acumulado durante décadas de minería aurífera en los sedimentos se aceleraría en los embalses, contaminando la cadena alimenticia aguas arriba y aguas abajo. La eliminación de las variaciones estacionales del río inundaría de forma permanente las tierras ribereñas y los bosques de castaña de los que dependen miles de familias en Pando y Beni. Los criaderos del mosquito Anopheles, transmisor de la malaria, se multiplicarían en las aguas estancadas de los afluentes bolivianos.
FOBOMADE, con sus investigadores Patricia Molina y Pablo Villegas, sistematizó y difundió esas advertencias. En el libro “El Norte Amazónico de Bolivia y el Complejo del Río Madera”, publicado en 2007, se detallaba la vulnerabilidad de una región ya marcada por la pobreza extrema: más del 90% de la población rural de Pando con necesidades básicas insatisfechas, departamentos enteros sin energía eléctrica y dependientes de generadores diésel, y una de las tasas de malaria más altas del continente. Las represas no representaban solo un riesgo ambiental: constituían una amenaza concreta a la salud y a la supervivencia económica de las comunidades más vulnerables del país.
La diplomacia que cedió
En febrero de 2007, las organizaciones sociales del norte amazónico se declararon en emergencia y exigieron al presidente Evo Morales “no negociar ni firmar ningún tipo de acuerdo” con Brasil sobre las represas del Madeira. El gobierno boliviano, aunque rechazó inicialmente el proyecto, fue modulando su posición. En marzo de ese año, el canciller David Choquehuanca escribió a su par brasileño Celso Amorim solicitando información. Brasil respondió con la creación de un comité binacional, pero las obras continuaron su marcha. Poco a poco, la resistencia se diluyó en una diplomacia que priorizó no confrontar con Brasil en el marco de la relación gasífera. Las advertencias quedaron consignadas en archivos, sin traducirse en ninguna acción legal ni en ningún protocolo de monitoreo conjunto que el Estado boliviano pudiera invocar años más tarde.
Incluso después de la creación del comité binacional, las comunidades y FOBOMADE insistieron en que Bolivia debía exigir un estudio de impacto ambiental transfronterizo antes de aceptar cualquier compensación. La Cancillería, sin embargo, se limitó a solicitar informes técnicos y no logró que Brasil detuviera las obras ni estableciera un mecanismo vinculante. La dependencia de los ingresos por la exportación de gas a Brasil, que en esos años representaba una porción fundamental del presupuesto fiscal, terminó por silenciar las voces de alerta.
Mientras tanto, el proyecto avanzaba en medio de un escándalo de corrupción que pronto envolvería a sus principales constructores. Entre 2001 y 2016, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de América Latina y África, según documentó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En Brasil, el esquema destapado por la Operación Lava Jato reveló que la constructora financió ilegalmente a partidos políticos y funcionarios para obtener contratos, incluidos los de las hidroeléctricas del Madeira. Camargo Corrêa, otra de las constructoras involucradas en Jirau, también figura en las investigaciones regionales. Odebrecht fue expulsada de Bolivia en 2008, readmitida en 2010 y finalmente catalogada como una organización estructurada para la corrupción, con un “departamento de coimas” que operaba el sistema informático Drousys para gestionar los pagos ilegales.
La paradoja resulta hiriente: mientras las empresas que construyeron las represas enfrentaban procesos judiciales en Brasil, Perú y los Estados Unidos, en Bolivia el debate sobre Jirau se centró exclusivamente en los posibles beneficios energéticos. Ninguna autoridad planteó un escrutinio sobre el origen corrupto de los proyectos que afectaban el territorio boliviano. En 2018, la propia Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa confirmó que Odebrecht y Camargo Corrêa habían sobornado a funcionarios para obtener contratos de infraestructura, incluida la carretera Roboré-El Carmen. Sin embargo, esa constatación no derivó en una revisión de los acuerdos hidroeléctricos con Brasil ni en acciones concretas para reparar a las comunidades.
Si bien no existen resoluciones judiciales que vinculen los sobornos confesados con la obtención de los contratos del Madeira, los mismos actores que pagaron para construir la represa eran los que luego negociaban con el Estado boliviano los términos de una convivencia que sus comunidades amazónicas ya habían rechazado. La historia del Complejo del Río Madeira es también la historia de cómo el poder económico silencia las voces de quienes más tienen que perder, y de cómo los Estados priorizan el ingreso futuro sobre la deuda presente con sus propios ciudadanos.
La megarrepresa que nació de la corrupción
El Complejo Hidroeléctrico del Río Madeira no fue solo un proyecto de ingeniería; fue también un escenario donde operaron los mismos actores que protagonizaron el mayor escándalo de corrupción de América Latina.
Odebrecht, que intentó obtener licencias para construir represas en Bolivia en 2004, fue una de las empresas que realizó los estudios de factibilidad de Jirau y Santo Antônio. Entre 2001 y 2016, la constructora pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de América Latina y África, según documentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Camargo Corrêa, que construyó la central de Jirau, también figura en las investigaciones por sobornos en la región.
En Bolivia, la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa investigó en 2018 pagos ilegales relacionados con la carretera Roboré-El Carmen, adjudicada a Odebrecht, y señaló a exministros de Evo Morales. La investigación también involucró a Camargo Corrêa en el esquema de corrupción de la carretera Roboré-El Carmen, adjudicada a ambas constructoras, y encontró indicios de sobreprecios. Los registros judiciales brasileños revelaron que Odebrecht operaba un sofisticado “departamento de coimas” que utilizaba los sistemas MyWebDay y Drousys para gestionar pagos ilegales a funcionarios en doce países.
La paradoja es que, mientras las empresas que construyeron las represas enfrentaban procesos judiciales en Brasil, Perú y Estados Unidos, en Bolivia el debate sobre Jirau se centró exclusivamente en los beneficios energéticos, sin que las autoridades plantearan un escrutinio sobre el origen corrupto de los proyectos que estaban afectando su territorio.
Fuente: El País.bo